“No habrá congreso este año” y “todo el poder a la academia”. Una visión del momento político de la Universidad y el resumen emblemático de su propuesta de reforma. Así conceptualiza el investigador universitario Imanol Ordorika Sacristán los temas cruciales de la vida universitaria, al analizar el proceso histórico reciente de la Universidad Nacional y señalar alternativas.
Para el doctor e investigador de la UNAM, Ordorika Sacristán, las autoridades universitarias que impulsan el congreso “por etapas”, “no tienen con qué hacerlo, no tienen credibilidad y no tienen liderazgo”, y considera que en la máxima casa de estudios del país, en efecto, no habrá congreso y “mucho menos este año”.
El problema es que la administración de la UNAM encabezada por el rector Juan Ramón de la Fuente, señala el doctor en Ciencias por la Universidad de Stanford, sigue manteniendo la organización y el desarrollo del congreso “acotado y controlado a través de esta comisión y del Consejo Universitario”. Sin embargo, afirma Imanol, han decidido “mantener el esquema de congreso”, debido a que el rector “no puede renunciar a un compromiso que construyó a partir de un referéndum que él mismo promovió”, y porque es un vehículo importante para su reelección a un segundo periodo.
De acuerdo con el investigador y académico del Instituto de Investigaciones Económicas, la reforma “con o sin congreso”, es un asunto de “supervivencia” para la UNAM, y el único medio colectivo posible para que se discutan a fondo los verdaderos problemas de la institución.
Fruto de un imperativo de la política universitaria de los últimos años, de los conflictos que han sacudido a la institución y del convencimiento de los sectores académicos y estudiantiles, el congreso va a intensificar el debate de los problemas de la UNAM de los próximos meses.
Ordorika Sacristán se refirió al contexto social y político que rodea a la UNAM y cómo diversos factores influyen en la forma como se ha organizado desde la burocracia universitaria y la incapacidad de este sector para llevar a cabo una reforma profunda de la institución.
“Esta universidad, afirma Imanol, que sale de un conflicto intenso y polarizante en los años 1999 y 2000, necesita replantarse a sí misma y rediscutirse para hacerle frente a todas estas circunstancias, en un país que ha cambiado en las últimas décadas. Y, sin embargo, quienes dirigen a la universidad tienen la aspiración de mantenerla como está, adaptándose de forma subrepticia a distintos ámbitos de la vida pública, preservándose el control de unas cuantas familias sobre la Universidad, y enarbolando también una concepción bastante anacrónica, la cual se gestiona con una forma de gobierno y administración, que si ya era en los años sesenta cuestionable por antidemocrática, por vertical, por excluyente, hoy se puede decir que es incapaz absolutamente de administrar y dirigir a la institución”.
¿Son muchos factores, entonces, los que influyen en la lógica de un congreso universitario?
Hagamos un poco de reflexión sobre el congreso. Esa universidad necesita renovarse y uno de los procesos que se han planteado para lograrlo, es el congreso. Éste se planteó originalmente por el Consejo Estudiantil Universitario en 1986-1987.
Era una aspiración producir un proceso de reforma participativo, del conjunto de la comunidad, en el cual los propios universitarios -y no las burocracias y familias dirigentes- tuvieran la capacidad de transformar a la institución; era una reacción a varios intentos de lo que yo llamo propuestas de cambio burocráticas, porque también hay la ligereza de llamarle “reforma” casi a cualquier tipo de cambio como el intento de subir cuotas, por ejemplo, que se habían producido con el rector Guillermo Soberón, con el rector Rivero Serrano, con el propio Jorge Carpizo; había la intención de una comunidad que había sido excluida de la capacidad de gestionar su propia vida académica, de tomar la posibilidad de transformación en sus manos.
Esa era la idea del congreso. Luego tuvo una expresión muy concreta con elementos muy positivos y otros fallidos en el congreso de 1990, donde, a mi juicio, hubo un empate de fuerzas. Las autoridades de la UNAM, encabezadas en ese momento por el rector José Sarukhán, sentían que había habido un triunfo de los sectores tradicionales de la UNAM en dos direcciones muy concretas: uno, el congreso no había logrado cambiar la Universidad y se preservaba la que a ellos les gusta o ven como el proyecto de universidad aceptable; y dos, deslegitimaba mecanismos participativos para la gestión o la construcción de procesos de reforma, al mostrar una experiencia fallida de transformación en oposición a la burocrática, participativa o democrática.
Por varios años fue difícil volver a plantear la idea de un proceso participativo para la transformación de la UNAM. El rector Sarukhán produjo cambios de alineamiento a las políticas públicas desde la burocracia universitaria con muy poca participación de la comunidad. Y, sin embargo, aquella aparente “victoria” que fue haber impedido que sectores democráticos del estudiantado y de los académicos hicieran avanzar sus propuestas de reforma fue produciendo un periodo de inestabilidad intenso.
Sarukhán intenta, de nuevo, subir las cuotas en 1992 y no lo puede hacer. Hay confrontaciones con los estudiantes de carácter permanente, la huelga en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) en 1994, y el periodo de Francisco Barnés de nuevos enfrentamientos alrededor del CCH, y ya en esta rectoría, movimientos e inestabilidad permanente.
En otro momento, el rector Barnés cree haber identificado la calma suficiente entre los estudiantes para lanzar un proyecto de cuotas, que fue consecuencia de una enorme presión gubernamental. (Aquí habría que especular si no había la intención de que se produjera un conflicto, un acto provocativo dirigido hacia el proceso electoral del año 2000.) Pero allí resurge la idea del congreso, emerge de la protesta de los estudiantes, y en su ocaso y debilitamiento, las autoridades usan a la policía para terminar con lo que quedaba de ese movimiento.
Es ya el propio rector de la Fuente, quien en el proceso de construcción de la acción represiva toma la idea del congreso. La respalda con un referéndum y asume un compromiso por un proceso indefinido, por el cual votó gente que le permite construir la entrada de la policía a la UNAM.
En cierto modo, la administración del doctor Juan Ramón de la Fuente tiene ese compromiso encima. Pero, además, ve un movimiento estudiantil derrotado en la política y a través de la acción represiva, y madura en ellos la idea de usar el cascarón de la imagen del congreso, para tratar de producir un conjunto de cambios que son los tradicionales de las administraciones universitarias a través de un proceso relativamente legitimado.
Toman la idea de congreso y la empiezan a impulsar a partir de una comisión que se ha ido construyendo en fases sucesivas hasta quedar constituida como Comisión Especial para el Consejo Universitario (CECU). Se reproducen situaciones del congreso de 1990 pero de una manera unilateral, es decir, sin el contrapeso de un movimiento social vasto como lo había en el primer congreso, en el movimiento estudiantil del CEU, y ha ido burocratizando todas las partes del proceso y garantizando un esquema de control sobre este proceso del congreso. Y traen a un personaje notable, con dinamismo y conocimiento de la política universitaria que es José Narro, a empujar este proceso; además, muy confiable para ellos porque es parte del entorno burocrático. Tiene suficiente experiencia para construir ese congreso acotado, controlado, con resultados previsibles que es lo que sería aceptable para las autoridades.
El problema es que no encuentran un eco mínimo en la comunidad para empujar ese proceso por razones muy diversas; las consecuencias del movimiento producen una ruptura del sector estudiantil que queda desorganizado, desgastado, sin condiciones de participar realmente y además contrapuesto a las autoridades. Un sector magisterial también desgastado, con desesperanza y cansado, que no asume el congreso como una posibilidad propia y, en todo caso, un sector burocrático para los cuales el congreso no es un espacio natural ni una forma del todo deseable, pero lo mantiene en su horizonte necesariamente como una opción política.
No tienen con quién hacer el congreso, no tienen credibilidad, no tienen liderazgo, no tienen ni legitimidad para empujar el congreso, sobre todo porque además siguen manteniéndolo acotado y controlado a través de esta comisión y del Consejo Universitario.
¿Definitivamente el congreso es improbable este año?
Así es.
En la situación que describes de la Universidad, ¿Qué es lo que necesita reformarse? Si no puede la burocracia, y tomando en cuenta lo que nos señalas acerca del estudiantado y de la planta docente, ¿No hay un riesgo mayor para la Universidad frente a los problemas externos que también explicas?
Sí lo hay. No ha sido constante la lógica de las autoridades frente al congreso. Se van adaptando a la circunstancia política, dada la poca capacidad de convocatoria que han tenido; y daré datos muy concretos al respecto: la elección para los miembros de la CECU fue un absoluto fracaso. Si no hubiera sido porque lo que queda del CGH asaltó algunas de las urnas y oscureció el resultado electoral -incluso funcionando como pretexto para explicar la baja participación- lo más evidente de ese proceso electoral es que nadie fue a elegir a la CECU.
La gente no fue, primero, porque no le otorgaba capacidad de convocatoria al Consejo Universitario ante su llamado a abrir el congreso; en esa lógica respondo a la segunda pregunta: en ese momento la imagen de un congreso como posibilidad real desaparece del escenario político de las autoridades universitarias; pero deciden mantener el esquema de congreso con varias finalidades: uno, el rector no puede renunciar a un compromiso que se construyó a partir de un referéndum que él mismo promovió; dos: no puede renunciar a un proyecto de reforma pero no puede llevarlo adelante y deja instalada la idea de que algo se está haciendo para reformar la UNAM; tres, es un vehículo importante para la reelección de la administración actual con Juan Ramón de la Fuente. Ese es el sentido que tiene el congreso para las autoridades. Y, por lo tanto, no creo que vaya a haber congreso, mucho menos que lo vaya haber este año.
El Consejo Universitario aprobó una decisión totalmente ambigua de realizar dos cosas: un congreso por etapas (que nunca se discutieron cuáles) y una consulta a la comunidad donde tampoco se discutió cuáles temas se iban a consultar a la comunidad. Se trata de mantener la ficción del congreso sin un contenido. La única forma capaz de motivar a los universitarios es plantear los grandes temas del debate universitario en una discusión abierta y pública.
La constitución burocrática del proceso no convoca. Pero la discusión de los temas del gobierno universitario, del financiamiento de la Universidad, de la evaluación de los académicos, las formas de ingreso de los estudiantes, de los problemas de permanencia estudiantil, la renovación de la planta académica. Esos sí pueden motivar. Es muy llamativo el hecho de que lo único que no se ha querido hacer en este proceso del congreso es poner a la Universidad en discusión. Se hacen foros que son simulaciones. Y una cosa más interesante todavía: las autoridades han dicho que no quieren adelantarse a la comunidad y con ello han levantado una coartada para no plantear un proyecto de universidad ni un proyecto de reforma universitaria.
¿Con o sin el escenario del congreso, cuáles serían los ejes de la discusión de una reforma universitaria?
Primero: es un problema de supervivencia de la UNAM llevar adelante un proceso de reforma. Segundo: la única posibilidad de una reforma real de la institución es la que se construye a partir de un proceso participativo que genera consensos muy amplios y hace que el conjunto de los universitarios realmente se sientan comprometidos con un proceso de transformación en la UNAM. Tercero: la única forma de echar adelante ese proceso es abriendo, no la discusión de las formas de hacer las reformas sino la discusión sobre la Universidad.
¿Con cuáles temas? Los he planteado por escrito en un documento al Consejo Universitario: la Universidad y su contexto, con dos grandes temas: autonomía y financiamiento; las formas de organización del trabajo académico, su renovación, sus formas de trabajo, las consecuencias de las formas de evaluación y sus condiciones laborales; junto con esto la organización disciplinaria de la investigación y la docencia, formas de integración, las nuevas áreas y temas de la vida universitaria; y la transformación de la administración y del Gobierno de la Universidad.
La universidad no puede seguir funcionando con una Ley Orgánica y una estructura que se construyó en 1945, después o prácticamente al final de la Segunda Guerra Mundial con un país atemorizado, en medio del viraje de los años cuarenta, empezando a subordinarse a Estados Unidos, con un intento de control de la institución, teniendo en mente como problema central controlar y despolitizar a la Universidad.
Hoy tenemos una Universidad completamente distinta, que no puede estar tutelada por quince notables universitarios, con órganos anacrónicos que deben desaparecer como la Junta de Gobierno; que debe abrirse una representación más democrática en la cuestión colegiada de la Universidad reformando el Consejo Universitario, sustituyendo los Consejos Técnicos por las colectividades de profesores, en fin, una serie de asuntos para cambiar por completo la administración de la UNAM.
¿No es un riesgo que se ponga en juego la elección de autoridades o las posiciones que tienen relación con objetivos y propósitos académicos, en manos de los colectivos?
En las universidades de otros países -incluidas las norteamericanas- es notable el peso, la capacidad de decisión final sobre el nombramiento de directores de las escuelas o las facultades o sus equivalentes en el personal académico. Son los claustros de profesores los que deciden esos procesos. Es insuficiente, pero los procesos pueden ser gestionados académicamente, pueden ser construidos desde una revisión crítica de experiencias previas, abriendo canales de representación de los sectores universitarios.
No estamos planteando que todas y cada una de las decisiones universitarias se resuelvan mediante referéndum. Decimos que la Universidad se dirija por órganos colegiados, donde los académicos tengan un enorme peso y los estudiantes tengan una presencia muy significativa, que son los sectores centrales que constituyen a la Universidad. Sobre la base de una representación universitaria que sería como el Consejo Universitario. Esta es una opinión muy personal: el consejo tendría la capacidad de nombrar no sobre la base de auscultaciones, que son formas de ocultamiento de la acción, sino de la construcción real de consensos en las comunidades.
Eso parece un poco arriesgado para los niveles de sobrepolitización…
Resumiría casi toda mi propuesta de cambio en un lema: “Todo el poder a la academia”. Desplacemos el eje de la decisión y la gestión de la Universidad -de un conjunto de burócratas que la tienen secuestrada desde hace muchos años y una serie de familias que son dueñas de la Universidad desde los años cuarenta a los académicos que son quienes hacen la vida cotidiana en la Universidad.
La Universidad Nacional tiene una capa inmensa de burócratas que construyó Guillermo Soberón a finales de los años setenta para enfrentar al sindicalismo universitario. Casi como un electorado que constituía una gran base de poder dentro de la Universidad. Creó todo esto con el argumento de que había que sustituir toda una serie de funciones administrativas y hoy tenemos una gran “nata” de burócratas que consume gran cantidad de los recursos de la Universidad y sobre las cuales sustentan su poder las élites universitarias y que transitan de la UNAM al poder federal.
Esto ha cambiado a raíz de las elecciones del 2 de julio de 2000, pero se mantiene de alguna manera la aspiración de este cuerpo burocrático de tener una incidencia en los puestos fuera de la UNAM. Incluso, es notable que el rector en este proceso de reforma y de gestión de la Universidad hable más de temas externos de la UNAM que de los propios temas universitarios. Atiende más los aspectos externos de la realidad nacional como si fuera un candidato en campaña para un puesto público, que la atención directa a los problemas de las facultades, de los profesores, de los estudiantes.
No quiero decir que en algunas de estas maniobras no haya sido exitoso, como puede ser el hecho de conseguir un financiamiento ventajoso para la UNAM en las condiciones de deterioro del presupuesto educativo actual. Pero al mismo tiempo, sin dejar de señalar, que estas condiciones donde ha habido crecimiento real del presupuesto universitario, por lo menos durante los últimos tres años no se han reflejado en un mejoramiento de las condiciones del personal académico, de los estudiantes, en una renovación de académicos, en una creación de nuevas plazas, o en más inversión para la investigación.
Es paradójico: hay más recursos para la Universidad y más austeridad interna, incluso esto muestra una faceta de la administración, un discurso hacia fuera que no corresponde con una práctica de distribución equitativa de los recursos, que con justicia pelean en el exterior. Tiene razón el rector cuando exige mayores recursos para la UNAM, pero no la tiene en mantener un sistema de control prácticamente omnipotente sobre los recursos universitarios instalando esta política de austeridad en el interior de la institución.
