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Hacia una nueva cultura política universitaria
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm 13 [2002-12-05]
 

La disputa por la universidad pública encierra una parte que es ideológica. Una de sus expresiones notorias consiste en desprestigiarla y restarle mérito a sus acciones propositivas, a sus tareas para producir y distribuir bienes que contribuyen para que la sociedad se modernice y desarrolle económicamente. Muchos discursos en los medios y en los pasillos presentan a las instituciones universitarias con una imagen devaluada, en crisis de calidad, lo que al final de cuentas deprecia a la fuerza de trabajo de sus egresados y desestimula a buenos alumnos del bachillerato para hacer en éstas sus estudios.

El objetivo, no develado, es afirmar en el colectivo la idea de que la universidad pública ya no tiene capacidades para impulsar la movilidad social de las personas y mucho menos para formar a las élites dirigentes y a los líderes nacionales. Desilusionar es el punto. Pero el sentimiento de depresión hacia las universidades no le sirve a nadie que verdaderamente quiera transformar a este país en algo más que una nación maquiladora administrada por sus políticos.

En la coyuntura actual, por otro lado, la falta de recursos financieros para el próximo año significa crear nuevos rezagos institucionales que, acumulados a los existentes, resultarán más difíciles de remontar en el futuro. Debilitar a la universidad pública implicará mayor fragmentación y exclusión sociales. Terminará por darle a los ciudadanos la idea de otro fracaso del régimen. La frustración por sentir que no se avanza es una espléndida compañera para desear volver al pasado y eso no es lo que queremos los mexicanos.

El régimen político debería cumplir con lo ofrecido en términos de recursos para lo cual es de suma importancia la postura de los legisladores de aprobar un presupuesto creciente a la educación hasta alcanzar 8 por ciento del Producto Interno Bruto en el año 2006, en espera de que a la educación superior y a la ciencia les toque 1 por ciento, respectivamente. Asimismo, este régimen debería reconocer los esfuerzos hechos, respetar y apoyar los cambios que lleven a cabo las casas de estudios en el futuro.

La universidad pública se encuentra en un periodo en el cual requiere inventar y poner en práctica estrategias y medidas que le permitan adaptarse a los múltiples propósitos que le implican las demandas emergentes de su entorno político y social. Las autoridades universitarias y los académicos tienen el compromiso ineludible de hacer una transformación de fondo que permita construir una institucionalidad adecuada a los tiempos. Es una tarea impostergable y crucial para acabar con los prejuicios. Fundamental para que la sociedad tenga confianza en la educación que recibe, los estudiantes y profesores en quienes dirigen las universidades y para acabar con las tensiones que se han establecido entre universidades y gobierno.

No es conveniente que las decisiones y acciones del gobierno tengan efectos adversos sobre la vida de las universidades ni mantenerlas en una posición de permanente resistencia en un intento por detener la arbitrariedad del poder, defender la autonomía y elevar su capacidad para negociar con el Estado. Mientras tanto, la política en el campus debería crear conciencia en sus actores, identidades y unión en torno a principios para modificar las estructuras del quehacer académico y la vida política universitaria. Se trata de comenzar a gestar una nueva cultura política en las universidades públicas para ir más allá de los dilemas históricos que enfrentan por el momento. Con ello se daría ejemplo a la sociedad de que el cambio real es posible.


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