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La educación superior privada
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm 4 [2002-10-03]
 

El decenio pasado atestiguó cambios importantes en la educación superior. Entre éstos cabe mencionar dos: la decisión del gobierno federal de no crear más universidades públicas similares a las ya existentes y el aliento a la enseñanza tecnológica y privada. Así, la contención de las primeras produjo el aumento de la matrícula de las instituciones tecnológicas y privadas, lo que auxilió sustancialmente para alcanzar las metas de cobertura que se tenían para el final de la década anterior.

En el año 2000 las instituciones privadas tenían 30% de la matrícula total de licenciatura y 40% en la de maestría. Pero, cabe señalar, entre 1990 y 1999 el número de escuelas privadas casi se duplicaron, pasaron de 776 a mil 250. Estos datos llaman la atención para evaluar el rumbo de la privatización en el pasado reciente y las tendencias que podrá seguir en el futuro inmediato.

La presencia de instituciones de educación superior privadas no es algo nuevo en México; las primeras y de mayor tradición surgieron en los años treinta y cuarenta. Sin embargo, la presencia de este tipo de instituciones cobró relevancia en los últimos veinte años del siglo pasado. Su crecimiento ocurrió en una dinámica doble: por la estrategia de expansión territorial de instituciones ya consolidadas, entre otras la Ibero y el ITESM y por la instauración de un número importante de establecimientos escolares, la mayor parte pequeños y con oferta escolar limitada. Las instituciones consolidadas han recibido a los hijos de las élites económicas y políticas que pueden pagar altas colegiaturas, mientras que a las segundas acuden los sectores de clase media que no pueden dispensar altos costos y tienen cifradas las esperanzas laborales de sus hijos en un diploma profesional.

Un punto que se discute mucho es el de la calidad. Varias universidades privadas han destacado en muchos campos y realizan esfuerzos para mantener sus estándares. Pero fuera de las instituciones líderes (no más de una decena), en el resto no hay ninguna evaluación sistemática que permita afirmar que la educación que imparten es de calidad. Existen buenas razones para suponer que son instituciones sumamente improvisadas y cuya principal finalidad es obtener beneficios. La calidad de una gran cantidad de éstas, a diferencia de las instituciones públicas, no ha estado sujeta a evaluación ni certificación. El gobierno ha dejado hacer y actuado con benevolencia frente a su crecimiento y formas de operación.

La sociedad mexicana actual debería mostrar inquietud por las tendencias que pueda seguir la privatización de la enseñanza superior. Son tan poderosas en el devenir del sistema educativo que tienen efectos en varios ámbitos. Por ejemplo, en la equidad de oportunidades de acceso a este nivel para las nuevas generaciones. También sobre el costo que tengan que erogar las familias para educar a sus hijos. Además, el peso que llegue a tener la educación privada puede afectar la conducción del sistema educativo y la orientación de la enseñanza.

La privatización de la enseñanza superior tiene efectos en los valores que se transmiten a la sociedad a través de la imagen del estudiante y, por tanto, de sus egresados. También sobre el mercado laboral mediante las discriminaciones por origen social y escuela de procedencia que operan en éste. Además, en un cierto plazo podría afectar las condiciones de trabajo de los académicos mediante contrataciones que llevan a la flexibilización y la competencia y alteran el ingreso económico de los profesores, lo que en otros tiempos favoreció la emigración de académicos de lato nivel de las universidades públicas a las privadas.

Finalmente, habría que agregar que hay dos desafíos entre lo público y lo privado en la educación superior: uno es el peso político que llegue a tener el sector privado en la formulación y ejecución de las políticas públicas, y el otro es que la expansión de la matrícula para el final del sexenio deje al sistema de educación superior con una fuerte estratificación institucional en calidad, prestigio y capacidad de desempeño. Sin duda, ambos aspectos tienen una importante repercusión para la conducción del sistema educativo y para la mayoría de estudiantes, pero si no se hace frente a los desafíos, los perjuicios serán, sobre todo, para los alumnos de escasos recursos que esperan llevar a cabo una carrera en instituciones públicas.

En ese sentido, tiene razón Juan Ramón de la Fuente, rector de la UNAM, cuando demanda defender, proteger y enriquecer a la universidad pública que, como se ha dicho en estas mismas páginas, puede llegar al colapso, dado que hay testimonios de quererla estrangular por la vía del financiamiento. Aunque el problema no es sólo económico sino también cultural por lo que representan las tradiciones y valores enarbolados por las universidades públicas que se traducen en compromiso social. Varios estudiosos de renombre internacional han puesto en claro que la educación superior privada se vincula a una estrategia ideológica más amplia de reordenación de los sistemas educativos, pero también a los planteamientos oficiales de recortes al gasto público. Si la educación superior privada ha sido un sector altamente dinámico (y no sólo en México), al entrar el nuevo siglo será importante contar con un proyecto sólido de futuro que permita fortalecer académicamente a las universidades públicas, particularmente a aquellas con potencialidades de producir efectos multiplicadores sobre otras instituciones con menos recursos y posibilidades, si de verdad se requiere elevar la calidad del conjunto. De otra manera, el país no estará en condiciones para satisfacer las necesidades que tendrá de profesionistas y conocimientos.


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