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Conacyt: el valor PEF
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 389 [2010-10-14]
 

El marco normativo de las actividades científicas y tecnológicas no ha sido completamente desdeñado por los legisladores, pero su edificación ha sido gradual e incompleta, como lo advertimos aquí la semana anterior. Igualmente, la atención a la rendición de cuentas y a los diferentes asuntos del sector, sea por la demora para discutir las iniciativas o por el desinterés en las comparecencias, tampoco ha sido el centro de gravitación de la actividad legislativa. Sin embargo, queda por resolver si en materia de recursos financieros, otro valor a despejar en la ecuación, se ha presentado la misma indiferencia de los legisladores.

La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es atribución exclusiva de los diputados. A diferencia de los ingresos, cuya aprobación es compartida por diputados y senadores, la decisión en materia de egresos es responsabilidad única de la cámara baja. Claro, la aprobación de unos y otros se realiza sobre la base del proyecto elaborado por el gobierno federal, el cual hace llegar al Congreso y es el que que se ratifica o rectifica por los diputados.

A lo largo de los años noventa, cuando Conacyt todavía estaba sectorizado a la SEP, el gasto para las actividades científicas y tecnológicas estaba incluido y encubierto en el rubro educativo, de forma que en el PEF no aparecía un ramo específico ni tampoco se tenía certeza del volumen exacto de los recursos destinados para tal fin. Tampoco había modificaciones entre el proyecto de presupuesto que remitía el gobierno federal y lo que aprobaban los diputados. La situación, sin embargo, cambió al final del decenio, con la pluralización del Congreso y la pérdida de mayoría por el partido hegemónico. Los diputados comenzaron a modificar la propuesta de gasto del gobierno federal.

Al comienzo de la década actual, a solicitud de los propios diputados, las cifras exactas del gasto en ciencia y tecnología se fueron desagregando en la exposición de motivos del proyecto de gasto del gobierno, aunque todavía sin contar con un ramo propio. En el 2001, el gobierno propuso destinar 22 mil 172 millones de pesos al sector, una cantidad superior en 4.5 por ciento a la del año previo. Los diputados, a su vez, añadieron 100 millones de pesos, de forma que el gasto para ese primer año quedó en 22 mil 272 millones de pesos (por cierto, es una cifra discordante con las que ofrece el último informe de gobierno).

La promulgación de la nueva ley de ciencia y tecnología en 2002, preveía en su tercero transitorio que Hacienda tendría hacer las adecuaciones necesarias en la estructura programática, en el sistema de información del gasto público y en “la constitución de un ramo general específico en esta materia para identificar y dar seguimiento al presupuesto integral de la Administración Pública Federal en investigación científica y desarrollo tecnológico”.

Sin embargo, fue hasta el PEF para el ejercicio fiscal de 2004 cuando se incluyó el ramo 38 que especificó el gasto para el Conacyt y un anexo para el gasto total en ciencia y tecnología. Lo notable del caso es que a partir de la constitución del ramo de gasto independiente (la desectorización del Conacyt de SEP), la propuesta de gasto que enviaba el ejecutivo federal al Congreso era menor a la que remitía anteriormente. Una disminución que los diputados se encargaron de resarcir relativamente.

En 2004, a raíz de la reforma al artículo 25 de la Ley General de Educación y con el Senado como cámara de origen, una nueva reforma a la ley de ciencia y tecnología estableció que el “gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1 por ciento del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley” (artículo 9 bis). Una meta que debía cumplirse en el 2006 y que a la fecha permanece incumplida.

A lo largo de la década actual, si se consideran los recursos en términos corrientes, el monto del gasto federal para ciencia y tecnología se duplicó: pasó de 22 mil 923 millones en el año 2000 a 47 mil 373 millones de pesos que se estiman para este año. En estos montos, los diputados, particularmente entre 2005 y 2008, fueron responsables de añadirle, en promedio, alrededor de mil 500 millones de pesos por año a la propuesta del gobierno federal.

Sin embargo, a pesar de los incrementos si se considera un indicador más revelador de la dimensión, como sería el gasto federal en ciencia y tecnología respecto del PIB (con 1993 como año base), se aprecia más bien una disminución: pasó de 0.42 en el año 2000 a 0.41 en 2008.

En la actualidad, el presupuesto para el año próximo está en periodo de análisis en el Congreso. Sin embargo, la propuesta del gobierno federal, a diferencia de los años anteriores, considera un incremento real de alrededor de 4 por ciento, tanto para el Conacyt como para todo el sector. Pero en este renglón los diputados tienen la última palabra. Sin embargo, la actuación de los legisladores en la última década nos muestra que en este terreno tampoco podemos esperar demasiado. Desafortunadamente.


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