A partir de la reforma constitucional de 2008, que suprimió la obligatoriedad que tenía el Ejecutivo federal de acudir al Congreso para entregar su informe de gobierno, el acto de rendir cuentas a la sociedad no se volvió más eficiente ni más público o transparente. La ceremonia tampoco dejó de ser ritualista o mediática.
Hoy quien da cuenta de su función pública, sea el Ejecutivo federal, los gobernadores o los legisladores federales y locales, están más al pendiente de salir a cuadro y de los flashazos que de comunicarse con el ciudadano; más preocupados por cuidar y promocionar su imagen que de la exactitud del dato que reflejaría su desempeño. El peso de los medios parece inevitable y los profesionales de la política, como en otros campos, no prescindirán de ese factor; por el contrario, cada vez tratan de tenerlo más cerca.
Desde 1923 quedó establecido en el artículo 69 constitucional que el presidente de la república asistiría a la apertura de sesiones del Congreso y presentaría “un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarde la administración pública del país” (DOF, 24/11/1923: 1023). La formalidad normativa y la tradición presidencialista convirtieron el informe en ceremonia fastuosa: el “día del presidente”, por si hiciere falta.
Una reforma constitucional en abril de 1986, en la cual se modificó el calendario de los periodos de sesiones del Congreso, también implicó una modificación del artículo 69, pero solamente para indicar que el Ejecutivo federal asistiría a la apertura de sesiones ordinarias del “primer periodo” y también sustituyó la palabra “guarde” por “guarda” del mismo artículo.
Sin embargo, precisamente a partir de finales de los años ochenta, a consecuencia de las reformas electorales, el acceso de un mayor número de fuerzas políticas en el Congreso y un paulatino cambio en el equilibrio de las fracciones representadas en el recinto legislativo, la relación entre legisladores y Ejecutivo federal comenzó a modificarse.
Los desencuentros entre el presidente y el Congreso fueron en ascenso, ya fuera a propósitos de iniciativas de ley, la negociación del paquete económico o la presentación del informe de gobierno. A partir del año 2000, después de un sorprendente primer acuerdo por el presupuesto, la relación se hizo cada vez más complicada. Ahí estuvo la controversia constitucional promovida por Vicente Fox por la modificación de los legisladores a su propuesta de paquete económico de 2005, la negativa a que ingresara el mismo presidente al Congreso a entregar su último informe de gobierno en 2006 o las dificultades para la toma de posesión y el primer informe del actual mandatario.
Finalmente, en 2008, tras múltiples negociaciones entre las fuerzas políticas y el gobierno federal, se reformó el artículo 69 constitucional y quedó establecido que el presidente solamente presentará un informe por escrito. Esto es, quedó exento de comparecer ante los legisladores, aunque al mismo artículo se le añadió un párrafo para indicar que “cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República…” (DOF, 15/07/2010: 2).
El mecanismo del cuestionario al presidente, aunque ha sido empleado por los legisladores, no ha sido eficiente ni práctico para revisar las iniciativas y los resultados gubernamentales. Tal vez la comparecencia de los miembros del gabinete ha permitido abundar en las dificultades y en algunos de los temas más complicados de los respectivos despachos, pero también ha sido frecuente que reflejen más bien los intercambios entre las fuerzas políticas y la expresión de las animadversiones personales, más que un ejercicio entre poderes de escrutinio sobre la función pública.
Entonces, las modificaciones normativas a la forma como el Ejecutivo federal debe dar cuenta del estado que guarda su administración no permitieron un mayor acceso público a la revisión de logros y dificultades. Tampoco quiere decir que antes, con la comparecencia ante el Congreso y el espectáculo en el que se convirtió, el asunto era mejor. No lo fue antes y no lo es hoy. El factor de los medios es el que cobra una importancia desmedida.
Hace un año, en el mensaje con motivo de su tercer informe de gobierno, el presidente Felipe Calderón planteó diez puntos para transformar a México. Por ejemplo, dijo, se destinaría toda la fuerza y recursos del Estado para frenar el crecimiento de la pobreza, o bien, alcanzar la cobertura universal de salud, una educación de calidad (y “superar el marasmo de intereses”) o una economía más competitiva, entre otros. De ciencia y tecnología ni hablar.
En la reciente ceremonia, el presidente Calderón no se olvidó de los diez puntos, pero la enumeración de logros no fue tal. Sí quedó registrado mediáticamente el “apagón analógico”. Claro, hasta el mensaje del año próximo.
