En noviembre del 2002 se constituyó la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, una instancia prevista en la normatividad que rige las actividades del sector y destinada a facilitar la coordinación entre Conacyt y las autoridades competentes de los gobiernos estatales. Sin embargo, salvo la ceremonia protocolaria de instalación de esa estructura y tres o cuatro reuniones intrascendentes en estos años, prácticamente no tuvo ningún efecto su instauración. Actualmente, según las recientes acciones emprendidas por autoridades federales y estatales, la Conferencia está en proceso de reactivación. No parece fortuito que esta estructura, junto con la idea de poner en marcha un Consejo Nacional para la Planeación y Coordinación de la Educación Superior, estén en la agenda de esta administración.

La actual ley de ciencia y tecnología -la misma que en este mes cumple cinco años de vigencia pero que seguramente pronto se sustituirá-, en su capítulo V sobre descentralización y federalismo, dispuso la creación de la Conferencia con la finalidad de promover acciones de apoyo y de participación amplia en la definición de políticas y programas en ciencia y tecnología (artículo 31). Recuérdese que uno de los principios que se argumentaron para emitir una nueva ley en el 2002 fue la de sentar las bases para una política de Estado.

El 19 de noviembre del 2002, cinco meses después de que se emitió la ley, se integró la Conferencia con el director de Conacyt y los titulares o representantes de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal. En un esquema que le permitía opinar y proponer respecto a temas como la elaboración del programa de ciencia y tecnología, la descentralización, la colaboración operativa o la celebración de acuerdos.

Sin embargo, la Conferencia mostró un funcionamiento irregular y poco fructífero. En parte por la ausencia de representantes de las entidades, pero también por una inexistente política de federalización en la materia y añadámosle que algunos estados carecen, o carecían, de estructuras locales dedicadas al desarrollo científico y tecnológico. Los reportes oficiales indicaron que la Conferencia tuvo alguna intervención en la instauración de ciertos consejos estatales de ciencia y en el apoyo a algunas iniciativas de ley.

Tal vez su logro más importante fue en 2004, cuando logró vincularse a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y formar ahí una comisión de ciencia y tecnología. A la comisión se le encomendaron asuntos como conseguir mayores recursos con los diputados, apoyar una iniciativa de ley o reiterar la necesidad de crear un fondo especial para las entidades. Los logros fueron más bien escasos.

En la más reciente reunión de la Conago, el pasado 29 de mayo, el gobernador de Nuevo León, como coordinador de la comisión de ciencia, anunció que se decidió "reactivar y reinstalar" en la Conago, la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, ya que ambas "tienen actividades similares" (www.nl.gob.mx). Pues sí, parece que tienen en común algo más que el nombre de "conferencias".

En la misma reunión el director de Conacyt, Juan Carlos Romero HIcks, expuso los acuerdos a los que llegaron, que no son otros que las funciones reservadas en la ley para la Conferencia. Lo que resultó novedoso fue su anuncio sobre el programa sectorial: se llamará Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti) y estará listo para el próximo mes de agosto. Como se advierte, incorpora el componente de innovación y es, curiosamente, el mismo que será central en la nueva ley que se está impulsando.

Es de notar la convergencia de estructuras, mecanismos y procedimientos no solamente entre la Conago y la reactivada Conferencia sino también entre estas y el Consejo Nacional para la educación superior que se está proponiendo o entre estos y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas que ya funciona. Por supuesto, el orden de los problemas que atienden no es el mismo ni se trata de las mismas personas, pero todos ellos responden al problema más amplio del federalismo, la gobernabilidad, el diseño institucional y la gestión y coordinación del sistema. Todos son asuntos críticos y objeto de acciones en marcha en las diferentes áreas de la administración pública.

Lo más notable es que en el reciente Plan Nacional de Desarrollo, ninguno de esos asuntos críticos figura en los cinco ejes del plan, tampoco en la decena de objetivos nacionales que se buscan ni en las estrategias generales que se plantean. Por ahí en algunas estrategias específicas algo se dice sobre descentralización y coordinación, pero nada más. En fin, el problema es si en esta administración constataremos que los lineamientos del plan van por un lado y las acciones en marcha por otro. O bien, si se continúan superponiendo instancias de contacto, como el Consejo y la Conferencia, o si se discuten y acuerdan los asuntos críticos que les anteceden.