Esta semana es la decisiva para el análisis y discusión del presupuesto de egresos de la federación (PEF) para el año próximo. Por ley, a más tardar el día 15 deberá quedar aprobado el presupuesto. En esta materia, a diferencia de la ley de ingresos, solamente los diputados llevan la voz y el voto, ojalá que también la responsabilidad y la cordura.

En la aprobación del PEF no intervienen los senadores, y por tanto no ocurrirán los intercambios entre las cámaras que, como en la reciente aprobación de la ley de ingresos, van al límite los ajustes y las enmiendas de una cámara a la otra. La discusión y aprobación del presupuesto es responsabilidad exclusiva de la cámara baja.

Los diputados, lo hemos reiterado en este espacio, han adquirido un papel central en decidir cómo se gastan los recursos públicos y a qué le dan prioridad. Normativamente tienen la facultad y disponen de los mecanismos e instrumentos para diseñar un presupuesto racional. Pero es una facultad que solo recientemente han ejercido —en esta última década y especialmente en los últimos años— y poco a poco han afinado los dispositivos de negociación entre las fracciones y entre éstas y el gobierno federal.

Sin embargo, las coordenadas de entendimiento y cierta curva de aprendizaje caótica comienzan cada que inicia una nueva legislatura, como ahora es el caso. Esto se debe no solamente a que cambian los diputados cada tres años, sino también a la composición definitiva de la cámara. En última instancia, como quedó ilustrado hasta antes de 1997, es un asunto muy distinto que una sola fuerza política cuente con mayoría de diputados para que las decisiones pasen sin mayor discusión en el congreso, a tener que hacer alianzas o entablar negociaciones con las diferentes fracciones para alcanzar algún acuerdo. Los resultados pueden ser incomprensibles.

Además, la actual legislatura, a diferencia de las anteriores, tiene enfrente el problema de aprobar un presupuesto en un contexto de recursos escasos y de expectativas de bajo crecimiento económico. La solución que encontraron ante la sensible disminución de los ingresos por concepto del petróleo, fue la de establecer mayores gravámenes y un trato diferenciado a los contribuyentes. Desde luego, la redistribución no es el eje principal, sino las negociaciones y el interés de las fuerzas políticas. Hoy, una vez contabilizados los ingresos que se esperan para el año próximo, los diputados tienen la responsabilidad de distribuir un presupuesto de poco más de tres billones de pesos para el año próximo.

Generalmente, los diputados, además de tomar como base el proyecto de presupuesto que les hace llegar el gobierno federal, también consideran los requerimientos específicos que les formulan diferentes sectores y grupos. Cada año se ensayan nuevas modalidades de cabildeo y se acerca un mayor número de grupos.

Es de apreciar que los sectores demandantes de recursos ya no solamente solicitan un mayor monto de presupuesto, también indican para qué los requieren y en qué rubros piensan aplicarlos. En el campo de la ciencia y la tecnología, un ejemplo reciente es el acercamiento de un bloque de titulares de 11 instituciones, algunas de ellas empresariales, como la Coparmex, la Concamín y la Canacintra, y otras académicas como las academias de ingeniería, medicina y de ciencias, y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. El bloque se autodenominó extrañamente como “El grupo de los 11 vincula” (Boletín 45 02/11/20009). Las principales peticiones de este grupo es que se mantenga en alrededor de 10 mil millones de pesos el presupuesto para los principales programas (becas, SNI, innovación), otros 1,300 millones para fondos competitivos y otra cantidad similar para iniciativas específicas (el instituto de medicina genómica, el telescopio milimétrico, etc).

Es difícil anticipar si este tipo de solicitudes tendrán un efecto en el presupuesto aprobado, pero hasta ahora los diputados han sido la única vía para lograr algunos recursos financieros más y/o para modificar los lineamientos del gobierno federal. Por ello no debe extrañar que cada vez un mayor número de grupos acuda ante los diputados. El asunto es que el diseño del presupuesto es una responsabilidad compartida con el gobierno federal porque los diputados analizan, discuten y aprueban sobre la base del proyecto que les presenta el gobierno federal.

Lo más inquietante es que las iniciativas para mejorar la educación y la aprobación de recursos emiten señales cruzadas. Tal vez, como dice Guy Neave: Hay algo deshonroso en el espectáculo de gobiernos que insisten en conseguir una enseñanza superior de ‘calidad’ pero al mismo tiempo están resueltamente empeñados en modificar la condiciones bajo las que funciona esta enseñanza. Piden calidad a la vez que no quieren o no pueden mantener su parte en el trato. Al contrario, la responsabilidad financiera que los gobiernos buscan descargar’ se endosa a la enseñanza superior como un beneficio deseable. Ojalá que no.