Este año inicia una nueva gestión educativa. Las autoridades enfrentarán un cúmulo de problemas debido a la situación financiera de las universidades, y otros que se han venido arrastrando. Además, hay un aumento de expectativas por las promesas de campaña del presidente Calderón, que todos esperamos se cumplan. Por ejemplo, en materia de educación superior dijo que se fortalecería a las instituciones, se fomentaría el posgrado y se promovería que los investigadores realicen sus labores con mejores condiciones de infraestructura y más altos ingresos.

A lo anterior se agregan otras cuestiones preocupantes para comentar. Abordaré tres que necesitan atenderse a la brevedad.

1. Durante varios lustros se han aplicado políticas e instrumentos de evaluación centrados en individuos y programas. Sería deseable hacer una evaluación de la evaluación y definir qué sirve de lo hecho y cómo darle un cambio de contenido y de orientación. Que los resultados y recomendaciones surgidas de la evaluación sirvan para elevar realmente la calidad, sin simulaciones de por medio.

Algunas ideas podrían adelantarse: el enfoque de la evaluación se centre en las instituciones y tenga en cuenta sus capacidades, para fortalecer a las más débiles y crear condiciones más justas para la competencia.

Es importante que las evaluaciones se hagan en plazos más largos; los tiempos de la academia no se ajustan a la programación anual, coyuntural y de corto plazo del gobierno.

Los académicos agradeceríamos que se nos brinde confianza y nos dejen trabajar tiempo completo, evitándonos desperdiciar esfuerzos en hacer informes voluminosos, imposibles de leer en detalle por los pares que califican.

2. Hace más de un año apareció un escrito (Labra, 2005) aseverando que la crisis económica había llegado a la educación superior. El autor informaba y sustanciaba el análisis. La conclusión es que lo escaso del gasto público se refleja en una mala calidad de la enseñanza.

En diciembre de 2006, el periódico La Crónica de Hoy publicó cuatro artículos (Granados Roldán). La tesis central es que el gasto educativo ha crecido bastante y que dicho crecimiento no se ha traducido en una mejoría de la educación. Por tanto, que el problema del sistema educativo no es de dinero, sino la forma como se gasta. Que en el caso de las universidades públicas, los recursos se destinan al gasto corriente y para beneficio político de las burocracias y la rentabilidad política de las instituciones. Así de simple.

El último de estos textos ofrece una serie de recomendaciones para que el dinero que se invierta en educación sea dirigido fundamentalmente a elevar la "calidad". Son varias las medidas que propone. Destacan los bonos educativos. El autor sostiene que en lugar de transferir recursos a la oferta hay que dirigirlos a la demanda mediante un mecanismo de vouchers para que cada quien elija la escuela donde quiera estudiar.

Existen numerosos estudios en el mundo, algunos dedicados a la experiencia chilena, colombiana y estadounidense, que señalan los efectos perversos de la política de bonos. .Con base en esa literatura podría decirse que para México no es una política recomendable. Se cometería un error.

3. Háy análisis que advierten (OCDE, 2006) que los investigadores son insuficientes para las necesidades del país. Frente a esta realidad, una porción muy elevada de los doctores que se han formado, con recursos del país, fueron empujados o se quedaron a desempeñar sus tareas en otros países. La fuga de cerebros, desde hace tiempo, representa diversas pérdidas para México.

El fenómeno ha sido examinado y documentado por muchos académicos (entre ellos, el subsecretario de Educación Superior). Es algo que se necesita revertir: con niveles más elevados de gasto público, un clima académico más adecuado, creación de plazas, ingresos decorosos y una política seria de repatriación.

Esperemos que el próximo plan de educación tenga en cuenta lo dicho por el Ejecutivo y reconozca los planteamientos que han hecho las universidades para su financiamiento. Este gobierno representa, muy probablemente, una de las últimas oportunidades históricas para corregir las políticas aplicadas y los problemas que se han generado por largo tiempo en la educación superior pública. Para desechar análisis, propuestas e instrumentos que no son pertinentes.

He aquí algunos desafíos, sumados a bastantes más, que las autoridades no pueden pasar por alto.