Hoy, cuando estamos por cumplir dos décadas de la puesta en marcha de la amplia política de evaluación hacia el sistema educativo y cuyos recientes siete años han sido testimoniados en las páginas de Campus, un nuevo ciclo se configura para el nivel de posgrado. La fase para fortalecer a los programas de posgrado que tenían aspiraciones de calidad quedó atrás y ahora viene el trato diferenciado y la competencia por los alumnos.

La excelencia

Desde hace tres décadas se han identificado los principales problemas del posgrado: una matrícula muy reducida y concentrada regional e institucionalmente; una calidad variable de los programas y concentrados en unas cuantas disciplinas, y la ineficiencia e ineficacia de la mayoría de los posgrados (duración excesiva de los estudios, bajos índices de titulación, vinculación escasa, poco impacto, etcétera).

La responsabilidad para hacerle frente a los problemas detectados en el posgrado era y es compartida por la Secretaria de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En el marco de la política de evaluación de los años noventa, una de las iniciativas más influyentes fue la creación del Padrón de Posgrados de Excelencia del Conacyt en 1991. Como ocurrió en otros niveles y sectores, la medida intentaba diferenciar, previa evaluación, la calidad de los programas en la variada oferta que por entonces existía.

El padrón solamente incluía los programas que reconocía como “excelentes”, aunque algunos recibían la calificación de “aprobados”, mientras que otros eran clasificados como “condicionados” o “emergentes”. Los dos últimos estaban sujetos a un programa de mejora y si no lo cumplían eran descartados del padrón.

El principal incentivo para participar en la evaluación del Conacyt era que los programas aceptados aseguraban una beca para sus alumnos y/o algunos apoyos financieros extraordinarios para fortalecer su infraestructura. Obviamente, una evaluación negativa significaba un rechazo del padrón y mantenerse al margen de los beneficios.

Según las cifras de la ANUIES, en 1990 había mil 686 programas de posgrado (doctorado, maestría y especializaciones), de los cuales casi la mitad participó en la evaluación del Conacyt del año siguiente y de ellos alrededor de la mitad fue aceptada. Es decir, en cifras redondas, alrededor de una cuarta parte del total de programas formó lo que se conoció como el "padrón de excelencia".

A lo largo de los años noventa las cifras fueron cambiando, pero se mantuvo más o menos la tasa de aceptación entre 20 y 25 por ciento del total de programas, con sus diferencias por área de conocimiento, también con variaciones para los programas clasificados como condicionados y emergentes y, desde luego, con las inconformidades de distintas instituciones.

El Pifop

Al final de la década se advirtió que el padrón de excelencia tenía algunas fallas e inconsistencias. Se aceptaba que la iniciativa se había orientado exclusivamente a los posgrados de investigación e ignorado a los que estaban inclinados a la profesionalización; también que había logrado incrementar el crecimiento de la matrícula, pero debido principalmente al crecimiento exponencial de la oferta privada que no estaba regulada. Añadamos que no se fortalecieron los programas clasificados como emergentes ni tampoco se modificó de forma sustantiva la concentración regional e institucional de la matrícula. Por el contrario, se hizo notar que las instituciones educativas de mayor tradición y más sólidas habían ingresado y sostenido con mayor facilidad sus programas en el padrón.

Según las cifras oficiales, en el ciclo escolar 1990-1991, antes de la puesta en marcha del padrón de excelencia, había 78 mil estudiantes inscritos en el posgrado. De ese total, 71 por ciento acudía a instituciones públicas y 29 por ciento a las privadas. A su vez, la mayoría (69 por ciento) estaba inscrita en maestría, le seguían las especializaciones (25 por ciento) y al final el doctorado (6 por ciento, menos de 5 mil estudiantes).

En el ciclo escolar 2000-2001, la matrícula en el posgrado era de 129 mil, un incremento de 66 por ciento respecto de la década previa. Ligeramente superior a la tendencia que venía mostrando. No obstante, la participación relativa de la matrícula pública disminuyó en el mismo periodo 13 puntos porcentuales y, obviamente, fueron los que ganó la matrícula privada. En cuanto al nivel educativo, las cifras casi se duplicaron para maestría y doctorado (en el mismo periodo pasaron de 54 mil a 93 mil y de 5 mil a 10 mil, respectivamente) y menor para las especialidades.

Al inicio de la década actual y después de que hicieron notar las dificultades y efectos provocados por el padrón de excelencia, se sugirió la creación de un nuevo padrón. Ya sería de excelencia, simplemente se le llamó Padrón Nacional de Posgrado (PNP).

En realidad, el PNP, junto con el Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado (Pifop), formó parte del Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PFPN). El rasgo sobresaliente del PNP fue que reconoció tanto a los posgrados orientados a la investigación como a los profesionalizantes. Inicialmente, al evaluar y aceptar los programas, solamente los clasificaba en dos rubros: competentes en el ámbito internacional y de alto nivel. Las calificaciones cambiaron después.

Por su parte, la función del Pifop era apoyar a los programas para que pudieran ingresar al PNP. Una iniciativa de la anterior administración, vinculada a la planeación institucional y articulada con otro programa para la licenciatura (Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI). De modo que para aquellas instituciones en desventaja, el paso previo para formar parte del PNP era acudir al Pifop.

Al término del sexenio anterior, según el entonces subsecretario del ramo, Julio Rubio, el número de programas apoyados y registrados en el PNP había pasado de 151 en el año 2000 a 661 en 2006 (216 de doctorado, 390 de maestría y 55 de especialidad). Aunque hay cierta inconsistencia con los datos del Conacyt, de cualquier forma vale la pena advertir que a pesar de que se incluyeron los programas orientados a la profesionalización, la cifra apenas representaba 11 por ciento del total de posgrados existentes en ese año.

San Mateo

En el periodo actual, con el cambio de administración, se modificaron las estrategias y paulatinamente perdieron relevancia algunas de las líneas de acción anteriores. La operación del posgrado tuvo algunos ajustes pero, en términos generales, continuó más o menos de la misma forma durante la primera mitad de este sexenio. Sin embargo, como lo señalamos hace un par de semanas en estas mismas páginas de Campus (número 333), el Conacyt, por primera vez, informó que el monto de las becas sería de acuerdo con el lugar en el cual esté clasificado el programa de posgrado correspondiente.

Los programas se ubican en una escala de cuatro posiciones: competente internacionalmente; consolidado; en desarrollo, y de reciente creación. Las posiciones, como se puede apreciar, indican diferentes niveles de jerarquía y la asignación de los montos de beca seguirá el mismo principio. Esto es, los becarios aceptados en los posgrados de competencia internacional recibirán casi el doble en comparación con un becario inscrito en un programa de reciente creación. (Es, como ya lo hemos señalado, la asignación según San Mateo o el “efecto San Mateo”). Los becarios de programas consolidados no tendrán variación; recibirán el mismo monto que especificaba el tabulador anterior.

Es un cambio relevante, puesto que establecerá un principio de diferenciación y estará asociado al instrumento de los recursos. Pero, independientemente de la modificación en el tabulador de las becas, ¿esto quiere decir que la política de apoyo para que algunos posgrados ingresen al padrón del Conacyt llegó a su fin? Probablemente.

No solamente porque el déficit fiscal que tenemos encima obligará a hacer recortes y ahorros de los sectores más vulnerables, también porque después de dos décadas en algún momento debía producirse el punto de inflexión de los apoyos y parece que la oportunidad llegó con la crisis de los recursos financieros. Además, vale la pena señalar el crecimiento veloz del número de programas en el PNP en los últimos tres años: pasaron de 661 a mil 61 entre 2006 y el año actual. Aunque siguen representando menos de 20 por ciento del total de programas existentes.

Es posible que el actual esquema de distribución de los programas se profundice en los siguientes años. Así que conviene ilustrar las tendencias con unas cuantas cifras. Del total de programas incluidos en el PNP (mil 61): tres cuartas partes están orientados a la investigación, la parte restante a la profesionalización; son mayoritariamente programas públicos (92 por ciento) y pertenecientes al sector universitario (69 por ciento); solamente 7 por ciento de programas son de competencia internacional; 67 por ciento están consolidados; 14 por ciento está considerado “en desarrollo” y 15 por ciento es de reciente creación.

El mayor problema es que a pesar del crecimiento de la matrícula del posgrado en las últimas dos décadas (pasó de 78 mil a 187 mil), la cifra es ridícula para el tamaño de nuestra población y la economía que queremos ser. Más todavía si consideramos la cantidad actual de aspirantes al grado de doctor (18 mil). Sin embargo, hoy, con el nuevo ciclo de política, deberemos resignarnos a diferir una vez más el impulso a este nivel educativo.