El interés por comprender cómo funcionan o qué tan relevantes son los sistemas de investigación de las naciones en desarrollo casi siempre se limita a los propios países de los cuales se trata y, cuando más, a una preocupación regional. En este terreno, como en muchos otros, el debate, las tendencias principales y los estándares generalmente provienen de las naciones más industrializadas y de las regiones económicamente más dinámicas. No obstante, podría tener relevancia prestar mayor atención a los países emergentes.

Sin tocar el terreno de la historia o el complicado asunto de las etapas y los puntos de llegada, lo obvio es que las naciones ahora desarrolladas no lo han sido siempre. De hecho, se ha vuelto un lugar común advertir que tal o cual país (los favoritos son los tigres asiáticos o España) hace dos o tres décadas tenía indicadores de desarrollo similares o menores a tal otro y actualmente es lo inverso. No hay explicaciones unicausales, pero la posibilidad de que algunas naciones pasen de una clasificación a otra (“en desarrollo” a “emergente” o de esta última a industrializada, por ejemplo) en algunos casos ha tomado por relativa sorpresa a dirigentes.

El bloque formado por Brasil, Rusia, India y China es un ejemplo de países que no lo eran, pero que serán (ya lo son) económicamente muy relevantes en el corto plazo. Se trata del famoso grupo BRIC —acrónimo utilizado por la correduría Goldman Sachs al comienzo de está década para designar sus pujantes economías—, al cual no pertenece México, aunque el presidente Felipe Calderón, hace dos años, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, sugirió que habría que agregarlo.

Lo importante es que los sistemas de investigación se han mencionado como algunos de los componentes relevantes para encontrar algunas explicaciones sobre las diferencias en el desarrollo de las naciones. No es el único factor ni es la argumentación más contundente, pero esto ha propiciado una mayor preocupación por establecer comparaciones y la línea base de los sistemas. Más aun, ha generado interés por documentar los procesos de instalación y las capacidades científicas y tecnológicas en los países en desarrollo, sobre todo alentado por el BRIC.

A propósito de la realización de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (CMES) celebrada en París, Francia, al comienzo de este mes, se elaboró para ese foro un interesante reporte sobre la educación superior y la investigación (Higher Education, Research and Innovation: Changing Dynamics, disponible en línea) en la última década, uno de cuyos capítulos, a cargo de Johann Mouton y Roland Waast, está dedicado a la comparación de los sistemas nacionales de investigación en países en desarrollo.

Los autores del capítulo compilan información de los sistemas de medio centenar de países en desarrollo (México incluido) de las diferentes regiones y tratan de homogeneizarla, aunque son notables las diferencias de profundidad y detalle en varios casos.

El capítulo está organizado en cinco secciones. Una, sobre la brecha creciente en la producción de conocimiento entre las naciones en desarrollo y el resto del mundo, en la cual se confirma la separación y también la concentración de las capacidades en unos cuantos países de las diferentes regiones, particularmente en Asia. Otra que aborda las raíces y las razones para tales inequidades, con la brevísima mención al peso de la historia —especialmente en la región latinoamericana—, pero también a las estrategias de desarrollo que se adoptaron y a la confianza depositada en la ciencia como motor del desarrollo. Una tercera que anota aspectos relativos a la capacidad humana y al capital científico que también confirma la precariedad, la concentración, las disparidades en la calidad y detalla un poco más sobre la profesión, el personal dedicado a las actividades y la fuga de cerebros.

En la penúltima sección, dedicada al papel específico de las universidades en este terreno, señala la importancia de estas instituciones, principalmente en aquellos países en los cuales el “Estado no trata ‘generosamente’ a la ciencia”. Por supuesto, también indica que su papel no debiera limitarse a la formación de los futuros académicos, sino también a la formación de trabajadores técnicos y administradores y a la actualización de sus conocimientos.

Finalmente, como conclusión, los autores destacan la relevancia de adoptar un “modo nacional de producción científica”. Esto es, la ciencia conducida para el bien público y dirigida y moldeada por las necesidades económico-sociales de la mayoría, lo que implica, además, que el Estado asuma una mayor responsabilidad para financiarla. Un modo que incluye al conjunto de organizaciones, entidades (dentro y fuera del sector educativo) y actividades (talleres, conferencias, revistas) dedicadas a las actividades de investigación y desarrollo. Es decir, un verdadero sistema, nada más.