En estos días se ha insistido en que las universidades públicas le digan al gobierno en cuánto van a reducir su presupuesto anual para 2010. Con menos recursos, las instituciones se verán presionadas para atender el aumento de la demanda y cubrir las metas de cobertura. El costo por alumno se va reducir, cuando ya es bastante limitado y menor a lo que gastan países que están en el mismo nivel de desarrollo que el nuestro. En suma, parece que desde el gobierno quieren tensar más a las instituciones educativas y hacer que la situación política tenga otro factor que agregue inestabilidad.

Las universidades públicas han venido cumpliendo sus compromisos académicos y en muchísimas de ellas ha habido mejoría en los indicadores que ha puesto el gobierno para medir su desempeño. A pesar de que entre 2000 y 2006, en materia de financiamiento, no hubo ningún avance de importancia.

En el presente gobierno, la tasa de crecimiento anual del gasto federal en educación superior en 2007 fue la más elevada desde que el PAN llegó a la Presidencia, pero cayó notoriamente después, en 2008 y 2009. En estos dos recientes años, el gasto en este nivel educativo apenas recuperó dos centésimas del PIB. Esto es, las líneas del gobierno federal para asignar recursos públicos a la educación superior siguen siendo prácticamente las mismas, no se han dado cambios cualitativos en la óptica financiera a la educación superior. Las casas de estudios han tenido que hacer esfuerzos para adecuarse a las políticas oficiales y lo que ahora les piden es que se ajusten más.

Conforme al funcionamiento actual, hay muchas universidades que alcanzan apenas a cubrir su operación con el subsidio ordinario. Sus objetivos y metas académicas, asentados en los planes de desarrollo institucional, que deben presentarle al gobierno, se financian, mayormente, con el subsidio extraordinario.

Este último se reparte en más de una decena de programas, que animan la competencia. Resultan de importancia los que apoyan infraestructura y equipamiento, el incremento de la matrícula y el fondo para la consolidación institucional. En el monto del subsidio extraordinario es donde los universitarios deberán poner mayor atención para 2010, porque su recorte afectará directamente a la vida académica y podría abrir las puertas a un mayor control político de los rectorados.

En este contexto, el Consejo Universitario de la UNAM, en voz del rector José Narro, manifestó que no va a aceptar ninguna reducción al presupuesto que fue aprobado por el Congreso de la Unión. Recuerdo que en un foro de la Cámara de Diputados, celebrado en 2008, el doctor Narro ya había señalado que en materia de financiamiento “ni un peso atrás”. Ahora, junto con el Consejo, advierte que el recorte pondría en riesgo el cumplimiento de la función social de la UNAM y el cumplimiento de las metas institucionales.

El doctor José Narro Robles viene construyendo un discurso en el cual se aprecia el entorno donde se desenvuelve la universidad pública y su importancia para el país. En el análisis político de la educación superior es relevante no dejar pasar cómo evoluciona el pensamiento de un rector, cómo va orientando a su comunidad y cómo esta última desarrolla empatía con quien ejerce el liderazgo. Voy a dar sólo un ejemplo que, desde mi punto de vista, ilustra algunas reflexiones hechas por el rector que permiten tejer estrategias de defensa institucional.

El rector Narro ha señalado que para salir de la crisis, sin acentuar la desigualdad, se requieren reformas de fondo en respuesta a la continuidad de políticas que ya no solucionan los problemas del México actual. Reconoce que la situación que vivimos está provocada por un planteamiento agotado que se apoya en un pensamiento dogmático e inflexible. Llama a dejar atrás el debate doctrinario, a atrevernos a imaginar un México mejor. A unir a la sociedad, por encima de todo, en torno de un proyecto cultural que le brinde identidad y sentido de pertinencia.

En este marco, ha insistido que el Estado tiene un papel estratégico para combatir la pobreza y el rezago educativo y para elevar la atención a la salud. Y a diferencia de lo que hoy pide el gobierno a las universidades, el rector ha sostenido la necesidad de que se haga una inversión sin precedente en las universidades, en las instituciones de educación superior y en salud. A su juicio, no hacerlo sería un grave error histórico.

Lo dicho por el doctor Narro genera acuerdos entre los universitarios y apoyos de la comunidad a su postura. Es un discurso fresco y razonado en el mundo político, que contrasta enormemente en el campo de la educación con otros que llaman a implantar el bono educativo y engañan a los jóvenes sin dinero.

Más allá, es de esperar que el discurso progresista de la universidad pública logre apoyo social. Los datos duros, como les llaman, sugieren que la sociedad está tomando conciencia de que la política educativa que se sigue no conduce a beneficiar a la población y al país. Mientras, hay que manifestarse, por todos los medios, para que los recortes financieros a la educación no se lleven a cabo, para que el subsidio se eleve con el dinero que el gobierno malgasta o desperdicia.