En el cúmulo de decisiones que deberá tomar la actual administración está lo que permanecerá y lo que no de sus antecesores. Seguramente en algunos temas ya lo hizo; en la mayoría está por hacerlo. Un periodo en el que los nuevos funcionarios enfrentan la disyuntiva de preservar, cambiar o incluso ceder a la tentación de reinventarlo todo. En realidad el margen que tienen es muy estrecho, acotado por múltiples circunstancias, pero se trata de un espacio muy importante, donde figuran en primer plano las decisiones sobre los programas relevantes que les fueron heredados.

En el debate público se ha impuesto la idea de que no se puede estar improvisando cada inicio de sexenio y se aprecia como algo positivo la permanencia de las iniciativas. De hecho, la visión de largo plazo se destaca como uno de los rasgos sobresalientes a procurar y casi automáticamente se le identifica como el atributo indispensable que caracteriza una política de Estado (no de gobierno). Es la línea de argumentación en la que encuentra su justificación la persistencia, sea de principios, de grandes líneas de política o de ciertos programas.

Al final de mayo próximo, como plazo límite, el gobierno está obligado a presentar cuáles son los objetivos nacionales que buscará en su periodo, sus estrategias y las prioridades que se plantea. Estas quedarán plasmadas, primero, en el Plan Nacional de Desarrollo y, luego, en los programas sectoriales (artículo 21 de la Ley de Planeación). Ahí se verá cuáles fueron sus decisiones. Por ahora tiene frente a sí la tarea de elaborar tales documentos y para ello cuenta, en principio, aparte de las consultas y reuniones que realizará, con los insumos que le dejó el gobierno anterior: los informes de rendición de cuentas, las evaluaciones y los llamados libros blancos.

En general, si las evaluaciones de uno o varios programas son claras y las recomendaciones apuntan a preservarlos o suprimirlos, parecería que el problema está resuelto. El asunto, sin embargo, no es tan sencillo de resolver.

En primer lugar, los resultados de múltiples programas no están a la vista, sea porque su grado de maduración no lo permite o porque no funcionan conforme a lo previsto. Añadámosle que en muchas ocasiones no resulta fácil discernir cuando es uno u otro caso. Esto es especialmente cierto en algunos de los programas de reciente creación. En educación básica, piénsese, por ejemplo, en el Programa Escuelas de Calidad o en Enciclomedia. O bien, en los fondos sectoriales y mixtos del sector científico y tecnológico.

En segundo lugar, están los programas que han estado en funcionamiento pero que son altamente controvertidos y suscitan tanto acuerdo como oposición. El programa Enciclomedia es, nuevamente, un caso ejemplar. Desde su puesta en marcha fue ampliamente cuestionado: por sus costos, su proceso de licitación, la forma en que se implementó y sus primeros resultados. Pese a todo, fue uno de los programas que rápidamente se extendió y el que mayores recursos recibió. Otro caso son los Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional en la educación superior o los de incentivos fiscales en ciencia y tecnología.

En tercer lugar están los programas que ya forman parte del sistema de operación del sector y que además es imposible obviarlos. Forman el mayor acervo de las líneas de actuación de la administración y consumen casi la totalidad de los recursos que se les asigna sectorialmente. Han pasado de una administración a otra, algunas veces con un nombre diferente, otras con el mismo pero con serios ajustes. Son los programas de desarrollo social (Solidaridad, Progresa u Oportunidades), los de mejoramiento del profesorado, los de infraestructura, los de becas, los de incentivo al desempeño, etcétera. En el terreno de la operación, delimitan lo que una nueva administración puede innovar.

Por último, están los candados de los programas en marcha; la protección que asegura su permanencia. Enciclomedia es, otra vez, el caso paradigmático. La administración anterior firmó contratos multianuales que ahora están en entredicho y el mismo expresidente Fox aseguró, hace un año, que tal programa ya estaba blindado con 6 mil millones de pesos para el equipamiento de escuelas secundarias (Comunicado 04/02/06).

Otros programas están blindados porque dependen del financiamiento de organismos internacionales, como el préstamo del Banco Mundial para "Innovación y competitividad" que firmó con Conacyt hace casi dos años y que asegura la continuidad de programas como los fondos competitivos, Avance, Última milla o el de Formación de Recursos Humanos (ver CampusMilenio No. 130. 26/05/05). Curiosamente los mismos programas que se sugiere conservar.

Como se puede advertir, el espacio para decidir sobre los variados programas heredados es más bien estrecho y tiene múltiples condiciones. Sin embargo, es donde se expresa con mayor nitidez la capacidad técnica y potencial de gestión de las nuevas administraciones. Ya veremos qué criterios prevalecen.