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El INEE en la encrucijada. Segunda parte
Roberto Rodríguez Gómez
Campus Milenio Núm 299 [2008-11-27]
 

En el portal web del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se informa que el pasado 19 de noviembre la Junta Directiva “tomó conocimiento de la renuncia presentada al Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, por el director general del INEE, Lic. Felipe Martínez Rizo, la cual tendrá efecto a partir del primero de diciembre próximo”.

La noticia es importante, pero su relevancia puede crecer en la medida en que implique la transición hacia un modelo de evaluación de la educación básica distinto al desarrollado por el INEE. Aunque las notas de prensa que informaron sobre la salida de Martínez Rizo fueron escasas, dos comentarios merecen destacarse porque aportan pistas para entender los dilemas que, muy probablemente, confrontará la institución a corto plazo.

El primer comentario proviene de la entrevista concedida a Sonia del Valle por el ex subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Gómez Morín (Reforma, 20/11/08), y el segundo del editorial publicado en las páginas de El Financiero por Pablo Latapí Sarre, destacado investigador educativo y ex representante de México ante la UNESCO (21/11/08).

Al especular sobre las posibles causas de la renuncia del director del INEE, Gómez Morín destacó la falta de coherencia entre el enfoque de evaluación del instituto y la necesidad de resultados para respaldar las políticas de la SEP. Al respecto señaló: “No es porque sus evaluaciones sean malas, sino porque no trabajó su modelo de evaluación en concordancia con la política educativa de forma tal que esos resultados pudieran tener un efecto para mejorar la educación”. Según la nota de Reforma, quien fuera titular de la Subsecretaría de Educación Básica en la mayor parte del sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, “recordó que el INEE se creó porque había decisiones de política educativa que debían tener un sustento técnico, pero el instituto decidió hacer estudios académicos”.

¿El INEE se creó para sustentar técnicamente las decisiones de política educativa de la SEP, como sostiene Gómez Morín? Al recorrer la historia del instituto, desde que era sólo una idea, es fácil darse cuenta que la intención original era más bien otra, la de contar con un organismo público, con relativa autonomía de la autoridad educativa, para realizar evaluaciones objetivas que dieran cuenta a la SEP, pero también al público en general, de la marcha (avances y retrocesos) del sistema educativo como tal.

No fue, por cierto, una idea del presidente Fox Quesada cuando era candidato, ni formaba parte de la plataforma de Acción Nacional en la contienda electoral del año 2000. El proyecto surgió al seno del equipo de transición educativa, que fue integrado luego del triunfo foxista. Al frente de este grupo se designó a Rafael Rangel Sostmann, entonces y todavía rector general del Tecnológico de Monterrey. El ingeniero Rangel, cuando hablaba del proyecto, se refería a éste como un “IFE educativo”, expresión mediática, quizá poco afortunada, pero que acentuaba el ángulo de independencia que buscaba dársele al organismo.

El proyecto aparece por primera vez en el documento Bases para el Programa Sectorial de Educación 2001-2006, con el cual concluyó su tarea el equipo de transición. En ese texto, la misión, objetivos, estructura y forma de operación del instituto, son enunciados prácticamente en los mismos términos que más tarde serían plasmados en el Programa Nacional de Educación 2001-2005, y al cabo en el decreto de cración del INEE (8/08/02). Desde entonces, el INEE se propuso como un organismo que entregaría a la SEP y a la sociedad en general los resultados de las evaluaciones que hiciera. También desde un principio fue concebido como una institución de naturaleza académica.

En el documento de Bases se indicó, con respecto de la figura jurídica del INEE, la intención de crearlo “como un organismo autónomo por Ley del Congreso de la Unión. Alternativamente, puede pensarse en la creación de un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Educación Pública, creado por decreto del Ejecutivo”. Razones de política-real, más que deliberaciones de orden jurídico, llevaron a que el INEE finalmente se estableciera por decreto presidencial y se hiciera depender de la SEP.

Desde el punto de vista de Latapí, el mayor logro del INEE en estos años ha sido “preservar su autonomía respecto de los partidos políticos, las fracciones parlamentarias, el SNTE y la propia SEP. Autonomía relativa, ciertamente, pero indispensable en quien evalúa”. Latapí sabe de lo que habla, no sólo porque acompañó el proyecto desde su gestación sino, sobre todo, porque él mismo ha insistido repetidamente en la necesidad de encontrar contrapesos adecuados a las tendencias centralistas de la SEP y a las tendencias corportivas del SNTE.

¿Continuidad o cambio? La moneda está en el aire. Puede ser que, reconociendo el valor de una institución cuya calidad académica está fuera de debate, la SEP opte por preservar el proyecto con sus valores originales. Puede ser, en cambio, que se intente dar otra orientación y un sentido diferente al proyecto. La selección del director que sustituya a Martínez Rizo es clave para discernir este dilema: no sólo a quién se escoja, sino qué procedimiento se decida adoptar en el trámite de reemplazo.


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