Este mes es decisivo para los recursos financieros del año próximo. Después de algunos amagos sobre el proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo federal el pasado 8 de septiembre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados comenzará las negociaciones correspondientes, culminarán al final de este mes con la elaboración del dictamen y su posterior discusión y aprobación en el pleno. A más tardar el presupuesto debe quedar aprobado el 15 de noviembre.
El panorama es incierto, tanto por la dinámica interna del Congreso, que tiene como gran pendiente la reforma de Pemex, como por factores externos derivados de la inestabilidad de los precios del barril de petróleo, los efectos de la crisis financiera de Estados Unidos y el ajuste al nivel de crecimiento del país. Además, debemos sumarle el asfixiante problema de seguridad pública que enfrentamos, una de las prioridades de esta administración que seguirá demandando mayor presupuesto y que no parece tener fin. El asunto es que tampoco se puede prescindir o recortar el gasto social, particularmente para educación y actividades científicas y tecnológicas. Si fuera el caso, el remedio sería momentáneo, pero sus consecuencias graves y duraderas.
La propuesta de presupuesto que formuló el Ejecutivo federal fue diseñada y remitida a los legisladores en un escenario todavía relativamente optimista, cuando el enrarecimiento de la economía y la inseguridad no eran tan notoriamente palpables. Hoy parece inevitable que el Congreso aprobará un paquete económico diferente.
De acuerdo con el proyecto de presupuesto del gobierno federal, el gasto total para ciencia y tecnología para el año próximo sería de 43 mil 458 millones de pesos y el gasto que ejercería Conacyt de 15 mil 526. Esto es, en términos corrientes y comparado con lo que se había propuesto para este año, se agregarían alrededor de 5 mil millones de pesos en ambos rubros. Sin embargo, en términos reales, descontando el efecto de la inflación, el porcentaje de incremento sería de alrededor de 6 por ciento.
Lo que vale la pena notar es que, a diferencia de los últimos cuatro años, ahora el incremento es mayor para Conacyt y no tanto para el sector en su conjunto. Entre este año y el próximo, Conacyt pasaría de ejercer alrededor de 11 mil millones de pesos a 15.5 mil millones de pesos. Esto es, un incremento de casi 40 por ciento. Por el contrario, el gasto total del sector pasaría de 39 a 43 mil millones de pesos; un incremento de 14 por ciento. Es decir, que Conacyt avanzaría un poco más en su intención de tener mayor control del gasto que se realiza en el sector, pues su queja más reiterada ha sido que tiene un escaso control del total de recursos que se gastan y de los que sí tiene dominio, prácticamente la totalidad se canalizan al programa de becas y al Sistema Nacional de Investigadores. De cualquier forma, Conacyt maneja alrededor de 37 por ciento del total de recursos.
Es difícil prever cuál será el resultado de los encuentros, próximos a realizarse en el marco de las negociaciones del presupuesto, entre legisladores y rectores o las asociaciones del ámbito educativo y científico, pero lo probable es que el monto de recursos para la actividad científica y tecnológica no se altere de forma sustantiva.
El punto importante, y sobre el cual poco se ha reparado, es que el propósito de alcanzar un mayor nivel de inversión en el sector, respecto del PIB, ahora será más difícil de lograr. En este año, el INEGI, siguiendo las recomendaciones internacionales más recientes en la materia, actualizó el Sistema de Cuentas Nacionales de México. Este proceso consistió básicamente en una nueva forma de calcular la producción del país y la base de comparación, ahora adoptó 2003 como año base (antes era 1993).
Uno de los principales resultados del cambio de metodología en el sistema de cuentas es un incremento en el valor nominal del PIB. De forma que ahora, en todos los cálculos, las proporciones respecto del PIB son inferiores a las de años anteriores.
En efecto, según las cifras oficiales del reciente segundo informe de gobierno, en 2007 la proporción del gasto nacional en investigación y desarrollo experimental fue de 0.43 por ciento respecto del PIB, aunque el año pasado se decía que ya era de 0.50 por ciento. En este año la disminución será similar. El problema es que la meta de invertir en el sector al menos 1 por ciento respecto del PIB que marca la ley, no parece que pueda cumplirse en el corto o mediano plazo.
Si en el terreno de los recursos las cosas no pintan bien, tampoco en el de las definiciones de política. A la demora del Consejo General para aprobar el programa sectorial de esta administración, asunto que apenas quedó resuelto el pasado 25 de septiembre como lo indicamos la semana anterior, ahora se añade el retraso para difundirlo públicamente. A la fecha, sigue sin circular; tampoco el estudio sobre innovación que realizó la OCDE. Imposible.
