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El conflicto de la U de G: todos perdemos
Armando Alcántara Santuario
Campus Milenio Núm 288, pp.11 [2008-09-11]
 

El panorama de la educación superior pública ha sido sacudido desde el 29 de agosto por los acontecimientos de la accidentada sesión del Consejo General Universitario (CGU) de la segunda mayor universidad del país. Como lo difundieron los diversos medios, en la citada reunión el CGU desconoció por mayoría al hasta entonces rector general Carlos Briseño y nombró en su lugar, de manera interina, a Marco Antonio Cortés Guardado. En la víspera de la reunión del consejo, la mayor parte de los consejeros había publicado un desplegado denunciando a Briseño por su autoritarismo y falta de claridad en el manejo financiero de la universidad. Éste, a su vez, previendo ser desconocido por el CGU, se presentó con una solicitud provisional de amparo de un juez en materia administrativa. Hace unos cuantos días un tribunal colegiado le negó dicha suspensión, aunque la última palabra se dará el próximo mes.

También se supo que días antes de la sesión de marras, el ahora ex rector se había deslindado públicamente del grupo de Raúl Padilla López, quien fungió como rector entre 1989 y 1995 y que es una especie de cacique por el cual siguen pasando para su aprobación todas las grandes decisiones de la universidad tapatía. Por ello no sorprendió saber que quien estuvo en la rectoría general de la U de G hasta fines de agosto, fue por muchos años miembro del grupo “padillista” y contó con su aval para dirigir a la universidad.

Esta situación de “dimes y diretes” y de abierta confrontación entre personajes del grupo que por casi 20 años ha mantenido el control de la máxima casa de estudios de Jalisco, suena a un déjà vu —toda proporción guardada— ocurrido en otras universidades públicas. Un ejemplo de dominio semejante ha sido el que alguna vez ejerció el ahora diputado por el PRI Gerardo Sosa Castelán en la Universidad Autónoma de Hidalgo, quien fue dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), secretario general del sindicato y hasta rector de la UAH. Posteriormente, Sosa Castelán fracasó en su intento por llegar a la candidatura a gobernador del estado, y en la actualidad se desempeña en la Cámara Baja con un perfil discreto. Su tenebrosa trayectoria fue documentada por el escritor Alfredo Rivera Flores en su libro La Sosa Nostra.

Este tipo de situaciones es lamentable desde cualquier punto de vista, pues vulneran no sólo el prestigio de las instituciones, sino la gobernabilidad y la continuidad de su vida académica. En el caso que nos ocupa, Padilla López supo mover todos los hilos y hacer los amarres necesarios para controlar la, en un tiempo, poderosa Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), a la cual debilitó hasta casi extinguirla una vez que logró arribar a la rectoría general de la U de G. Tal como lo ha documentado Adrián Acosta, colaborador de este suplemento, en su libro Estado, políticas y universidades en un periodo de transición, así como en los artículos que ha publicado en Campus en las últimas semanas, Padilla concretó una efectiva y hasta espectacular reforma en la estructura académica e institucional de la universidad. Sin embargo, tal parece que cedió a la tentación de seguir controlando la U de G en algo que bien podría considerarse como “corporativismo patrimonialista”. Por supuesto, su control no ha sido algo burdo, sino que ha estado cubierto por un manto de fomento a la cultura y la academia. Son harto conocidos el prestigio y la presencia cultural que a lo largo de los años ha tenido la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la Muestra Cinematográfica, dos de los actos más importantes en su género en Iberoamérica.

En este conflicto pierde la universidad pública, pues una vez más ocurre una disputa entre grupos (o en el interior de un grupo) que parece tener a la universidad como botín. Pierde, sobre todo, la U de G al echar por la borda el prestigio académico por una lucha antes soterrada y ahora abierta por el poder político, con comportamientos de los principales actores que rayan en el “pandillerismo”. La imagen pública de la institución ha sufrido un duro golpe ante la sociedad jalisciense y de todo el país. Pierden los trabajadores y profesores, pues la disidencia del grupo “padillista” ha puesto en peligro su estabilidad laboral. Los alumnos también pierden la confianza en su institución y en la legitimidad de sus autoridades.

Ojalá que el conflicto pueda resolverse en un plazo breve y la U de G sea capaz de reconstruir la vida institucional mediante la creación de estructuras de gobierno y gestión que pongan lo académico al frente y eviten que grupos como el “padillista” se adueñen de los principales puestos de control académico y administrativo. Por lo pronto, el dominio que este grupo ha logrado afianzar en las dos últimas décadas, hace difícil prever que el aparato montado por el grupo de Padilla pueda ser desmantelado en poco tiempo y sin grandes fracturas.

Tendrá que haber un serio y profundo ejercicio de reflexión de todos los universitarios para tomar las medidas conducentes a construir una estructura de gobierno y gestión verdaderamente democrática y eficiente. Ante las actuales circunstancias por las que atraviesa la U de G, resulta pertinente el llamado que hizo uno de los colaboradores de este suplemento en su entrega de la semana pasada: “queremos una universidad pública con capacidad de corregir el rumbo por medios propios, sin rupturas institucionales”.

PD. Al momento de escribir esta columna, leo en el diario: “en medio de gritos, empujones y patadas rindió protesta Francisco Javier Domínguez como rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) luego que un grupo de profesores, trabajadores administrativos y estudiantes simpatizantes del ex candidato a la rectoría Jorge Luis Chavira Sánchez intentaron impedir la ceremonia” (La Jornada 07/09/2008, p. 26). Seguimos perdiendo.


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