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Alianza por la calidad
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 274 [2008-05-29]
 

Aunque algo tiene que ver, este artículo no se refiere al acto del pasado 15 de mayo, en el cual el gobierno federal y la dirigencia del sindicato de maestros de educación básica se comprometieron a establecer una alianza para una profunda “transformación educativa”.

Hoy ya casi nadie lo recuerda, pero en marzo de 2007, a escasos meses de haber asumido funciones la actual administración federal, se realizó una ceremonia en uno de los salones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para dar lugar a lo que también se llamó Alianza por la Calidad de la Educación Superior.

A diferencia de lo que ocurrió hace un par de semanas, para el caso de la educación superior no hubo un documento que expresara los alcances de la alianza ni tampoco se firmaron compromisos específicos.

Sin embargo, sí estuvieron presentes los principales involucrados del campo de la educación superior: los presidentes de las comisiones de Educación del Congreso; el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); autoridades educativas del gobierno federal, y los rectores de universidades públicas estatales, de las universidades politécnicas y de las universidades interculturales, entre otros.

El propósito de aquella “alianza” era, en realidad, comunicar a los titulares de las instituciones de educación superior, los lineamientos y disposiciones que entrarían en operación para asignar los recursos adicionales que habían aprobado los diputados para el ejercicio fiscal de 2007.

La propuesta de gasto que presentó la actual administración, al iniciar sus funciones, exponía una disminución de alrededor de 300 millones de pesos, respecto del año previo, para educación superior y para ciencia y tecnología.

La Cámara de Diputados, sin embargo, modificó el proyecto y reasignó recursos por poco más de 8 mil millones de pesos para la educación superior. Los lineamientos y distribución de tales recursos fueron el motivo principal de lo que en ese entonces se anunció como Alianza por la Calidad de la Educación Superior.

Los recursos adicionales fueron canalizados a través de 8 fondos (SEP 06/03/2007). Por ejemplo, un fondo para el incremento de la matrícula recibió mil millones de pesos, bajo el supuesto de que tal cantidad, aunada a otros 330 millones de pesos más que añadiría SEP, permitirían ampliar en cerca de 51 mil espacios la matrícula en el nivel y enfilarse a una cobertura de 30 por ciento del grupo de edad para el final del sexenio. Otros mil millones de pesos fueron asignados al fondo de consolidación de las universidades públicas estatales, fundamentalmente para cumplir con los lineamientos de los Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (Pifis) y especialmente respecto de la apertura de nuevas plazas, el mejoramiento del perfil del profesorado y el fortalecimiento de los cuerpos académicos. Un fondo más de mil 150 millones de pesos, a distribuirse conforme el modelo de asignación de la fórmula CUPIA; otro fondo con una cantidad similar para apoyar las reformas estructurales derivadas de los esquemas de financiamiento de los sistemas de pensiones y jubilaciones, y uno más para las universidades públicas estatales que estaban por debajo de la media nacional en subsidio por alumno, entre otros.

El conjunto de fondos, como se puede advertir, tenía que ver con los principales programas del sector y con el complicado asunto de los recursos financieros. Este último era el principal objeto de la entonces denominada alianza.

Por un lado, para aclarar e indicar cuáles serían las reglas de operación para acceder a los recursos adicionales. Por otro, para señalar la necesidad, una vez más, de revisar el modelo de asignación de recursos públicos para las instituciones de educación y lograr los acuerdos necesarios en materia de financiamiento de los principales actores involucrados. Pero no, las negociaciones para el presupuesto de este año repitieron el mismo esquema de intercambios entre el gobierno federal, los diputados, los rectores y ANUIES.

Entonces, ¿la alianza por la calidad de la educación superior sirve o sirvió de algo? Quizá lo más notable, como ocurre con la que recientemente se firmó, es que revela, por parte de las autoridades educativas, una apuesta por el establecimiento de acuerdos (¿mínimos?) con los principales actores del sector, más que una preocupación por la argumentación, la discusión, el convencimiento social y el conocimiento técnico del problema.

Tal vez eso explique la extremada ligereza del actual programa sectorial de educación y el interés en la constitución de instancias de control y acuerdo, como el Consejo Nacional para la Planeación y Coordinación de la Educación Superior , el funcionamiento de las Coepes, las reuniones con el Conaedu y la Conago. Es posible. Sin embargo, ¿será suficiente una alianza entre élites para mejorar la calidad educativa? No lo creo.


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