Durante los últimos cinco sexenios —cuando menos— hemos venido oyendo, en voz de los presidentes de la República o sus secretarios de Educación, la frase “revolución educativa”, para indicar que su estrategia de gestión del sistema lo va a transformar radicalmente y reducirá sustancialmente los rezagos que por siempre lo han aquejado. En este sentido, el presente régimen no ha sido la excepción. Hace algunas semanas, el presidente Felipe Calderón anunció el arranque de su “esfuerzo revolucionario” para cambiar de tajo el rumbo de la educación mexicana. Sin embargo, hasta el momento las “revoluciones educativas” han sido infructuosas, pues los desafíos son cada vez mayores. Así lo muestran, por ejemplo, los datos recientes aportados por la directora del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), quien señaló que más de 33 millones de mexicanos (casi una tercer parte de la población actual del país) no han concluido la enseñanza básica y en algunos casos, no saben leer ni escribir. Esta situación se da, además, en un contexto de grandes desigualdades: Guerrero, Oaxaca y Chiapas, presentan el índice más alto de analfabetismo y rezago educativo, a causa de las desfavorables condiciones culturales y económicas de sus habitantes, quienes en su mayoría pertenecen a grupos indígenas—ya se sabe que en México, ser indio es sinónimo de pobreza y marginación. Por el contrario, entidades como el Distrito Federal, Baja California, Nuevo León y Sonora cuentan con el mayor número de personas con certificado de primaria y el analfabetismo es casi inexistente. Más aún, en términos generales, el sistema educativo se caracteriza por sus bajos niveles de retención. Se trata de una especie de embudo en el que, de cada 100 alumnos que entran a primaria, 78 terminan y sólo 68 ingresan a la secundaria; al final, sólo 14 consiguen concluir estudios superiores.

Asimismo, en el nivel secundario el panorama también es desolador. Los niveles de calidad, según las pruebas comparativas del ámbito internacional como PISA, son muy bajos. De acuerdo con las evaluaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “cuatro de cada diez estudiantes mexicanos no cuentan con la habilidad mínima de razonamiento lógico ni con las destrezas necesarias para enfrentar los requerimientos analíticos elementales que presenta la vida cotidiana”.

Los indicios que han presentado las autoridades educativas, hasta el momento, no parecen augurar un futuro promisorio para sus revolucionarios planes. El Programa Sectorial de Educación (PSE), por ejemplo, ha sido fuertemente criticado por ser “un documento improvisado, con una falta de estructuración y coherencia en sus propuestas”.

Además, porque las políticas que propone (mejoramiento de la calidad, equidad basada en mecanismos compensatorios para grupos focalizados, adecuación de la formación a los requerimientos del mercado laboral, y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la formación), “hasta la fecha no han brindado los resultados esperados y, por lo tanto, preocupa que el PSE se proponga su continuidad sin mayor análisis” (Observatorio Ciudadano de la Educación, OCE) [http://observatorio.org]. Asimismo, es bien conocida la afinidad entre el presidente de la República y la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien ha declarado que “el gremio acepta la convocatoria ‘institucional’ del presidente Felipe Calderón para llevar a cabo una ‘revolución educativa’ en el país” (La Jornada, 03/04/08). De modo que, al igual que los últimos gobiernos, el actual también cargará con el lastre que significa un gigantesco aparato sindical corrupto y reacio a los verdaderos cambios educativos (aunque el SNTE ya haya elaborado su Nuevo modelo educativo para el México del siglo XXI).

Por otro lado, los propios especialistas de la OCDE han señalado que, más que “aplicar reforma tras reforma”, lo que el sistema educativo mexicano requiere es “ir mejorando en un proceso gradual y continuo”, mediante un plan definido con objetivos bien específicos (La Jornada, 27/04/08).

En ese orden de cosas, la formación inicial de los docentes y su desarrollo profesional son elementos cruciales para mejorar las competencias científicas de los alumnos, aunque también se requiere de una participación activa de la sociedad en apoyo a los maestros, y en considerar relevante el mejoramiento de los jóvenes en sus habilidades científicas. También subrayan que un programa que mejore la formación docente e incentive la formación de competencias científicas de los estudiantes a través de un verdadero acercamiento con la ciencia, en el que no sólo se atienda el aspecto memorístico, sino la experiencia directa, sería imprescindible para alcanzar mejores resultados, al darles oportunidad de vivir la ciencia.

Como se ve, la “revolución educativa” que proclama el actual régimen requiere de verdaderas transformaciones en la formación y actualización de los profesores, así como grandes cambios políticos en la relación corporativa con el sindicato magisterial. Falta ver, entonces, si las autoridades educativas “se ponen las pilas” y pueden estar a la altura de los grandes desafíos que les presenta la realidad del sistema educativo nacional. Al tiempo.