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La educación superior ¿es un bien público? Tercera parte
Roberto Rodríguez Gómez
Campus Milenio Núm 140 [2005-08-11]
 

Don Eusebio Fernández, corresponsal de este suplemento, me pregunta en su carta de la semana pasada “¿cómo es eso de que la educación es un bien público?” El profesor introduce su pregunta con el relato de un caso que conoce personalmente: un dentista que después de titularse consigue una beca de especialidad en el extranjero. Grado en mano, el odontólogo vuelve al país, establece un consultorio particular exitoso y, no obstante, decide colaborar como profesor por horas en una universidad pública, no con afanes altruistas sino para evitar el pago de su beca-crédito.

El caso citado no es raro y ejemplifica un modo de apropiación individual de un bien supuestamente público. Conceptualmente considerado corresponde, en ciertos aspectos, a una conducta bastante discutida en la literatura del tema, el de los “free-riders” (polizones, parásitos) que, en virtud de determinadas condiciones de un modelo concreto de distribución de bienes públicos, consiguen adueñarse de las ventajas del bien, sin pagar los costos de participación o sin retribuir a la sociedad los beneficios conseguidos.

En teoría, la presencia de polizones no necesariamente desvirtúa la naturaleza de los bienes públicos, sino que pone de manifiesto la tensión entre interés individual y colectivo. Además, dicen algunos autores, la posibilidad y profundidad de su acción es inversamente proporcional a la generalización del bien público y, subrayan otros, acaso resultan indispensables para la operación del sistema como tal. Veamos los argumentos centrales.

Por definición, el bien público genera “externalidades”, es decir efectos económicos o de otra naturaleza en beneficio de personas que pueden o no participar en la producción del bien. Si las externalidades son positivas, es razonable esperar que los individuos busquen potenciar, en su provecho, los beneficios socialmente generados. La conducta del polizón es un extremo típico, aunque irregular, de la propensión a la maximización. Sin embargo, como lo hace notar Garrett Hardin en su clásico ensayo “The Tragedy of the Commons” (Science, núm. 162, 1968), es impensable que una estrategia generalizada de maximización se sostenga en el tiempo. Señala el autor “no es matemáticamente posible maximizar para dos o más variables al mismo tiempo”.

Siguiendo la idea de Hardin, podemos suponer que, a medida que se incorpora un mayor número de personas al sistema disminuyan proporcionalmente los beneficios individuales. En una situación teóricamente límite, cuando el sistema de educación deja de filtrar individuos (realizando uno de los supuestos del bien público puro), disminuye o se anula la posibilidad de que el sistema genere ventajas redituables para todos los participantes. Esta hipótesis sobre la relación entre los sistemas de educación y logro de estatus fue extensamente discutida por Raymond Boudon en Efectos perversos y orden social (Premiá, Barcelona, 1983). Conviene aclarar que, en ausencia de alternativas, la devaluación mercantil de los títulos y grados no desestimula la demanda universitaria, pero es una presión para reconvertir estrategias personales, incluso las conductas de polizón.

Segunda observación. En un lúcido ensayo (The Demand and Supply of Public Goods, Rand McNally & Co., 1968), James M. Buchanan hace notar la falacia de agregación consistente en trasladar la racionalidad del individuo al funcionamiento del sistema como tal. La existencia, teórica o fáctica, de polizones, así como la presencia de estrategias individuales de maximización, no rompe la lógica distributiva de los bienes públicos porque, en el nivel agregado, las externalidades se mantienen aún cuando existan individuos con mayores beneficios que otros. Es más, la variación de los beneficios personales refleja la gama de comportamientos de consumo del bien público.

Un tercer argumento, a mi juicio el más convincente, está contenido en el tratamiento de los bienes públicos de Marcus Olson (Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, 1965). El economista de la Universidad de Maryland propone una solución al dilema entre interés privado (maximización individual) e interés público (maximización social), mediante la introducción del concepto de “grupo” en el esquema analítico. Para Olson, los fines egoístas del individuo pueden armonizar perfectamente con intereses de grupo compatibles. En esta racionalización, no es el sujeto aislado, sino el grupo, el que consigue apropiarse de beneficios producidos por la externalización del bien público. Desde luego, los participantes en el grupo consiguen ventajas equiparables siempre que el tamaño del grupo lo permita y a medida en que consiguen controlar los procesos de toma de decisiones involucrados. Cuando el grupo se extiende y cuando varios grupos compiten por el control de las decisiones, los efectos de maximización retroceden.

La teoría de Olson coincide en este aspecto con la sociología de las profesiones de base weberiana. Según autores como Randall Collins, cuando los gremios profesionales organizados perciben que la expansión universitaria amenaza sus privilegios, utilizan su poder para evitar que el sistema se descontrole. Por ejemplo, contribuyen a divulgar la idea de carreras saturadas y participan en la operación de controles académicos fuera de las instituciones. La acción conservadora de los gremios es un elemento clave en el acotamiento del sistema: que aumenten las oportunidades educativas, pero no en esta o aquella carreras, que se incremente la matrícula, pero no en esta o aquella universidad. Como sabemos, además, los intereses de grupo invariablemente buscan presentarse como intereses de la sociedad en su conjunto.

Nota final. Aunque no comparto la idea de considerar la formación profesional como panacea, me queda claro su valor estratégico para el Estado. La educación superior es un bien público principalmente por ser la condición de posibilidad de la mayoría, si no es que todos, los bienes públicos que genera y distribuye el Estado. Eso la justifica.


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Last modification: April 29 2020 11:44:32.  

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