Una práctica común en todo principio de año es el planteamiento de propósitos para cambiar o iniciar hábitos y actitudes de transformación que lleven a la consecución de metas o ideales. De modo semejante, al inicio de cada nuevo gobierno se formalizan compromisos y promesas de campaña con el fin de atacar los principales problemas que han sido detectados en diversos diagnósticos. Desde los años ochenta del siglo XX, se promulgó la Ley de Planeación, en la que se establece que cada nueva administración federal deberá elaborar y hacer público su Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el cual se establezcan los propósitos, metas y programas para cada sector, cuya finalidad sea atacar los rezagos y limitaciones, así como diseñar estrategias para el desarrollo de las distintas áreas que componen la estructura económica, social y política del país. A su vez, del PND se derivan los programas sectoriales correspondientes.

En el caso de la educación, desde hace más de dos décadas se han hecho diversos diagnósticos del sistema educativo nacional en los que se han descrito las problemáticas de los distintos niveles y modalidades, así como las estrategias y acciones encaminadas a encontrarles solución. Los programas del sector educativo han sido documentos elaborados por funcionarios de los equipos gubernamentales entrantes, así como por especialistas en lamateria. Para su realización también se ha convocado a integrantes de las comunidades educativas: maestros, autoridades, investigadores, representantes de los padres de familia y diversas organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la educación en sus distintos niveles.

El programa educativo del presente sexenio fue publicado casi a finales de año y fue comentado con oportunidad por Roberto Rodríguez y otros articulistas de Campus. En las semanas previas al periodo vacacional de fin de año se iniciaron las discusiones y comentarios por parte de especialistas, comunicadores y personas interesadas en los problemas educativos del país. Es de esperar que más análisis y debates continúen a lo largo de 2008.

Como lo prueban el diagnóstico del programa en cuestión, así como los informes elaborados por organismos internacionales como la Organización de Comercio y Desarrollo Económicos (OCDE), UNESCO y UNICEF difundidas en los medios masivos de comunicación, además de toda la literatura especializada en investigación educativa, el panorama de la educación mexicana en general, es desalentador.

En preescolar, por ejemplo, la reciente reforma que lo volvió obligatorio no ha sido capaz de alcanzar los niveles de cobertura esperados, pues un buen porcentaje de niños en edad de cursarla (sobre todo en los ámbitos rurales) no cuenta con el suficiente número de profesores y establecimientos.

En primaria, si bien es el nivel con la mayor cobertura, aún quedan sin oportunidad de cursarla un número considerable de niños que viven en el medio rural y sobre todo quienes pertenecen a los grupos indígenas.

En cuanto a la secundaria, persisten problemas de deserción, cobertura insuficiente, baja preparación docente, y los resultados de las pruebas PISA, EXCALE y ENLACE, muestran niveles muy deficientes de aprendizaje de los contenidos curriculares. Además, en dichos niveles, un número muy considerable de escuelas presenta enormes problemas en sus edificaciones y grandes carencias en equipamiento.

En el nivel medio superior, el que mayor crecimiento presenta junto con el superior, la cobertura también es insatisfactoria, el currículo en algunas de sus modalidades es todavía muy enciclopédico, el profesorado tiene una formación precaria, los niveles de aprendizaje son muy bajos y la mayoría de los programas tiene un carácter fundamentalmente propedéutico.

En el caso de la educación superior, la matrícula está aún muy concentrada en pocas instituciones y entidades federativas, así como en un número no mayor de diez carreras profesionales. Persisten en las instituciones públicas problemas de financiamiento y pese a los programas de mejoramiento del profesorado y las instancias y mecanismos de evaluación, los niveles de calidad dejan mucho que desear.

Por su parte, las instituciones privadas muestran una alta atomización y con excepciones que comprenden los establecimientos más elitistas, la formación de los egresados no es de alta calidad.

A ello contribuye un mercado de trabajo incapaz de absorber a quienes finalizan los estudios profesionales. En los niveles de posgrado prevalecen los programas de maestría y la matrícula en los programas de doctorado es todavía reducida y concentrada en unas cuantas disciplinas, la mayoría de ellas administrativas, sociales y humanísticas, siendo insuficiente el número de científicos e ingenieros de alto nivel.

Ante este panorama, sigue siendo ineludible el compromiso de todos los actores: gobierno, academia, sindicatos y diversos órganos de la sociedad civil para encontrar estrategias y desarrollar acciones realmente efectivas que reviertan las condiciones lamentables en que se encuentra la educación de nuestro país. El año 2008 es una buena ocasión para actuar en consecuencia.