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Privatización de la educación superior en México. Cuarta parte
Roberto Rodríguez Gómez
Campus Milenio Núm 247 [2007-11-01]
 

Tres objetivos perseguía el gobierno mexicano al ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): profundizar la apertura comercial iniciada en 1986 con la firma del Acuerdo General de Comercio y Aranceles (GATT, por sus siglas en inglés); propiciar la inversión extranjera mediante alianzas con países del área de mayor desarrollo económico, y disminuir el indicador de “riesgo-país” para acceder a créditos de la banca multilateral con intereses preferenciales.

En la sesión del Senado en que se aprobó el ingreso de México al organismo (10 de mayo de 1994), el único votante en contra, el senador Porfirio Muñoz Ledo, representante del PRD, argumentó que la medida restaría soberanía al país y se refirió al “riesgo-México” como una expresión del enfoque pragmático de la decisión. Más terminología de “vendedores de seguros” que de estadistas, apuntó.

En su turno, el senador Jesús Rodríguez y Rodríguez (PRI), presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, replicó: “No es que (el riesgo-México) sea una cosa despectiva ni peyorativa y es importante para nosotros porque, efectivamente, baja los intereses a los que nos prestan, trae mayor inversión, lo cual se traduce en mayores empleos y mejor nivel de vida para muchos mexicanos”.

Que el indicador de riesgo país de México ha disminuido, no cabe duda. Actualmente, el promedio global se ubica en torno a los 430 puntos en la escala EMBI (Emerging Market Bond Index) y el de México apenas sobrepasa los 100 puntos, lo cual coloca la economía del país en una posición competitiva frente a, por ejemplo, Chile, Brasil y Argentina. Asimismo, el control de deuda externa fue favorecido con el esquema. Que ello haya significado, como se pensaba, mejores condiciones para el desarrollo social y el abatimiento de la pobreza, es totalmente otra historia.

Pero lo que importa destacar aquí es el fondo de la preocupación de los funcionarios de gobierno en los últimos tres sexenios por atender a las recomendaciones de la OCDE y formar parte de cuanta evaluación, estudio o diagnóstico propone la organización para identificar las “mejores prácticas” de países e instituciones en el logro de estándares de desempeño fijados por el propio organismo a través de sus departamentos y programas.

La semana pasada nos referimos a las recomendaciones emanadas del reporte Exámenes de las políticas nacionales de educación, México educación superior (OCDE, 1997) y comentamos su proceso de implementación a lo largo de la última década. Podemos ahora referirnos a las más reciente recomendaciones de la OCDE sobre el sector.

Conviene traer a colación algunas referencias muy recientes. En 2007 se publicó un texto de la OCDE sobre México, con el emotivo título de Getting it Right. OECD Perspectives on Policy Challenges in Mexico. En éste se propone, para educación superior, la prioridad de “reformar el financiamiento (incluyendo) las siguientes acciones: reconsiderar si el actual balance de distribución de costos (público/privado) es sostenible y si refleja adecuadamente la importancia relativa de los beneficios privados y sociales de la educación terciaria; mejorar la transparencia de las colocaciones de fondos en las instituciones y hacer ésta más consistente con la estrategia de educación terciaria, y expandir significativamente el sistema de soporte estudiantil”. Esta recomendación está literalmente contenida en el Policy Brief on Mexico. Education (OCDE, 2006).

Asimismo, en el estudio Thematic Review of Tertiary Education, Mexico Country Note, encargado por la OCDE a un equipo internacional de expertos encabezado por José Joaquín Bunner, se recomienda “expandir la cobertura del Programa Nacional de Becas de Educación Superior (Pronabes)” y, de manera complementaria, “establecer un sistema de créditos reembolsables de escala nacional”, aunque su implantación debería ser gradual para evitar riesgos financieros (págs. 62-64).

Curiosamente, las recomendaciones de la OCDE a México, en el sentido de revisar el esquema de subsidio público a la educación superior y explorar la opción de las becas-crédito, también están incluidas, prácticamente en iguales términos, en el reporte del Banco Interamericano de Desarrollo titulado Un sexenio de oportunidad educativa. México 2007-2012 (BID, 2006), el cual a su vez proviene del “informe de consultoría preparado por Fernando Reimers y Sergio Cárdenas”, de la Universidad de Harvard, faltaba menos. Comentaremos éste la semana entrante.


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