La Universidad ha "fluido del deseo de los representantes del Estado de encargar a hombres de alta ciencia de la misión de utilizar los recursos nacionales en la educación y la investigación científicas, porque ellos constituyen el órgano más adecuado a estas funciones, porque el Estado ni conoce funciones más importantes, ni se cree el mejor capacitado para realizarlas" (Justo Sierra, Inauguración de la Universidad Nacional).
México ha vivido un período lleno de crisis y cambios en su historia reciente. A la entrada del Siglo XXI continúan una serie de retos para llegar a una sociedad más justa y democrática, y uno de ellos es el que respecta a la transformación de la universidad pública. Hay viejas y nuevas demandas para que se construya una institucionalidad educativa acorde a los tiempos que viva el país en esta era de lo global.
A la universidad se le ha pedido que tenga más eficiencia en sus procesos, eficacia en sus resultados y que su trabajo sea pertinente al entorno social. El cambio de actitud que ha tenido el gobierno con la educación superior pública, desde hace varios lustros, ha buscado, mediante el control a distancia, que la universidad siga por este sendero mediante políticas que han tratado de lograr estos objetivos.
A pesar de los avances que han ocurrido, hay fuertes cuestionamientos a las políticas aplicadas desde el gobierno por la estrechez del gasto público, la falta de coordinación del sistema, la cantidad excesiva de evaluaciones a la vida académica, que no sirven para la superación de los problemas de fondo, y los graves errores cometidos con la conducción de la ciencia. Además, a raíz del bono demográfico, el país está en la encrucijada de abrir más oportunidades de educación superior para los jóvenes en todo el territorio o correr el riesgo de un fracaso rotundo en su desarrollo con una población activa carente de preparación y sin responsabilidad ciudadana.
Total. El balance de lo sucedido ha dejado insatisfechos a muchos intereses en el juego y metas que no se cumplieron. Y como nos encontramos a fines de un sexenio y el año entrante tendremos otro gobierno, vale la pena insistir en algunas tesis para que las universidades públicas se desarrollen mejor y en menos tiempo.
En esta materia tenemos prisa porque la educación y el conocimiento que brindan las universidades públicas mexicanas forman parte de los ejes centrales para dar cauce a un nuevo proyecto nacional. Desde mi punto de vista, por múltiples razones, la educación pública universitaria y el conocimiento seguirán teniendo importancia para un proyecto histórico y cultural del Estado. Así, continuarán representándole una fuente de legitimidad social.
Por ello y para que las universidades públicas tengan un papel destacado en el futuro de México es indispensable que se establezca un nuevo pacto con el Estado basado en compromisos mínimos de cada una de las partes. Enumero algunos:
Se requiere que el Estado mexicano deje atrás la visión que lo ha llevado a ser un ente supervisor (Levy, 1994), auditor (Ibarra, 2002). Que se convierta en promotor decidido de la educación superior pública. Comprometerse a elevar gradualmente la inversión de recursos financieros que respalden una política favorable a la producción, transmisión y transferencia de conocimiento científico y humanista, así como a propiciar que se haga un mejor uso de la educación superior pública con fines sociales. La inversión de recursos económicos, por cuanto a la elevación de su monto y distribución, requiere estar de acuerdo con las prioridades de un proyecto nacional en el que destaque la educación superior pública.
El compromiso del Estado no es sólo económico. También es ético y político. Para que las generaciones futuras en las distintas entidades federativas tengan más oportunidades de educarse y medios para salir de la pobreza. Para ligar los valores que entrega la universidad con la participación ciudadana y consolidar un régimen democrático.
Por otra parte, es menester que el Estado entienda que no puede continuar con una organización que separa artificialmente la investigación y la docencia, lo cual repercute negativamente en la vida académica de las universidades públicas; son dos funciones que se funden en las instituciones como parte de sus propósitos formativos y sociales. La educación universitaria y la actividad científica van de la mano. Una perspectiva que las junte en un mismo enfoque político y administrativo es necesaria para que se obtengan mejores resultados de la inteligencia académica.
Se necesita, además, desplazar la lógica de la evaluación centrada en la investigación a otra en que el núcleo sea la combinación de funciones. La investigación no puede ser vista como un agregado y a la docencia no se le puede dar menos valor que a la investigación. Sería importante definir qué es lo esencial de ser evaluado y calcular lo que cuesta evaluar a la academia en México. Sospechamos que los fondos públicos dedicados a este rubro sean elevados y que sería más provechoso recortarlos y dedicarlos a las tareas sustantivas.
En este tenor se vuelve indispensable revisar la conducción del sistema de educación superior y respetar plenamente la autonomía, en nuestra tradición universitaria, para darle una mayor competencia académica a su desempeño y que las universidades puedan cumplir a cabalidad con sus fines docentes, científicos y culturales. Al Estado le toca actuar para que se eliminen los obstáculos al desarrollo de las instituciones educativas, se equilibren sus capacidades académicas y se acaben los excesos que ha cometido el gobierno tratando de amoldarlas a políticas sexenales para dar paso a otras con un horizonte de largo plazo.
Renovar el pacto entre la universidad pública y el Estado supone que la primera también adquiera compromisos. Los principales serían:
a)aumentar las capacidades de crear, innovar e incorporar los avances del conocimiento, así como irradiarlo para que pueda ser apropiado por la sociedad y de esta forma contribuir a su desarrollo;
b)formar a las nuevas generaciones bajo esquemas educativos que vayan a la par con el avance de la ciencia y las tecnologías informáticas, el humanismo y la estética, con miras más allá de nuestras fronteras;
c)desarrollar una organización abierta y flexible que permita una adecuación de sus propósitos, normas y funciones a los cambios de época y que responda a las demandas emergentes del entorno social;
d)modernizar las estructuras administrativas para lograr una mayor eficiencia en los servicios y los apoyos a la dinámica de la vida universitaria;
e)hacer transparente el manejo de los recursos y los criterios para su distribución de acuerdo a los proyectos académicos y rendir cuentas de su ejercicio;
f)establecer normas y reglas que permitan la gobernabilidad, resolver las demandas que formulen sectores representativos de la comunidad universitaria para la consecución de los fines institucionales y animar la participación de sus actores en cuerpos colegiados de decisión estimulando la identidad y el sentido de pertenencia al colectivo;
g)mantener relaciones con instituciones nacionales y extranjeras bajo los principios de colaboración, cooperación y complementariedad.
Lo mencionado refiere a cuestiones esenciales que reclaman ser pensadas, discutidas, analizadas y procesadas en la complejidad que tienen las relaciones del Estado con la universidad en nuestro país. Por lo pronto, hay que mantener una postura critica, alimentada por una reflexión que lleve a proponer opciones para el cambio y a señalar las ataduras y posibilidades que pueden presentársele a la universidad pública y a la educación superior en el porvenir inmediato. Exponer puntos de vista a debate siempre será mejor que permanecer callados e inmóviles.
PD: Cuando empezamos Campus, quienes aquí escribimos, imaginábamos que llegaríamos lejos sí le dedicábamos mucho esfuerzo. Hoy, el lector tiene una muestra de los avances logrados. Felicidades al equipo que hace posible este Suplemento en el Diario Milenio.
