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La educación superior ante los retos del entorno internacional. Segunda parte
Roberto Rodríguez Gómez
Campus Milenio Núm 150 [2005-10-20]
 

En la primera parte de esta presentación se abordaron algunos desafíos y oportunidades en el contexto de transición hacia la sociedad del conocimiento. Se hizo énfasis en la posibilidad de ensanchamiento de la brecha educativa, científica y tecnológica que existe entre los países que conducen dicha trasformación y aquellos que, como en el caso de México, permanecen rezagados. En esta segunda parte se abordan otros ángulos de la problemática. Primero, la clase de transformaciones que en los países del mundo desarrollado se han desplegado para adecuar los sistemas de educación superior al paradigma de la sociedad del conocimiento. Segundo, las orientaciones y programas de política pública que en nuestro país estarían abriendo camino en esa dirección. Queda pendiente, para una tercera entrega, los rasgos básicos de una posible agenda de políticas de educación superior, ciencia y tecnología de México, que tome en cuenta los retos del entorno internacional.

Perspectiva internacional de la reforma universitaria

a) Panorama europeo

Hace unos años, se encomendó a la Red Eurydice de la Comisión Europea la realización de un estudio centrado en las reformas de educación superior que hubieran tenido lugar en el escenario europeo a partir de la década de los ochenta. La iniciativa dio lugar al documento "Two Decades of Reform in Higher Education in Europe: 1980-Onwards", el cual incluye un diagnóstico regional, así como los perfiles de cada país en la materia. La sección de análisis comparativo considera seis aspectos: Legislación, Administración, coordinación y financiamiento, Políticas de cobertura y gasto, Políticas de apoyo económico al estudiantado, Currículum y docencia; e Internacionalización. Tras pasar revista a las reformas universitarias específicas de cada país, el reporte destaca algunas pautas regionales, las cuales nos ofrecen una aproximación general a los cambios en los sistemas e instituciones de educación superior en aquel contexto.

En primer lugar, se hace notar que en las décadas ochenta y noventa se vivió en Europa una nueva oleada de crecimiento de la matrícula en los niveles de licenciatura y postgrado, así como la apertura, extensión y consolidación de las opciones de nivel técnico superior. En los años ochenta, las mayores tasas de crecimiento se registraron en España, Irlanda y Portugal, mientras que, en los noventa, se destacan los casos de Grecia, Reino Unido e Islandia. En países que habían alcanzado un nivel satisfactorio de escolarización terciaria, la expansión fue más gradual y se centró en el postgrado, como es el caso de los países bajos y la región nórdica. En conjunto, el área de Europa comunitaria alcanzó un nivel de cobertura demográfica entre el 40 y el 50 por ciento al finalizar el siglo pasado. Para la primera década del siglo XXI, se estima que los procesos de expansión continúen, sobre todo para abarcar grupos de población no atendidos (adultos y adultos mayores) e implantar el modelo de educación superior permanente atendiendo áreas de especialización, reciclamiento de competencias, actualización de conocimientos y la opción de nuevas formaciones.

En materia de financiamiento, en la mayor parte de los países se mantuvo el predominio del subsidio público a las universidades. Sin embargo, se experimentaron nuevos mecanismos de distribución (financiamiento por contrato, financiamiento en función de resultados, financiamiento complementario mediante venta de servicios y productos y cobro de cuotas a estudiantes). Además, en prácticamente todos los países se establecieron mecanismos de fiscalización y rendición pública de cuentas sobre el subsidio transferido a las instituciones.

Con respecto a la estructura del sistema, la pauta común, apoyada en el proceso comunitario de la región, se acercó a una definición compartida del tiempo, requisitos y contenido básico de los ciclos que integran la formación terciaria. Asimismo, se buscó profundizar el sistema de créditos transferibles para facilitar la movilidad estudiantil, y se promovió la adaptación del sistema departamental como base de la estructura académica de las organizaciones universitarias.

La administración universitaria se movió hacia la descentralización de la oferta y los servicios (docencia, investigación, difusión). No obstante, según se reconoce en el reporte, las experiencias de descentralización administrativa, política y financiera todavía son incompletas y no comprenden, en la mayor parte de los casos, las estructuras de gobierno y toma de decisiones. En parte por esta razón, aunque también presionada por requerimientos de las economías nacionales, es notable en el contexto europeo una tendencia hacia la separación de las funciones de investigación e innovación del campus universitario. En la mayor parte de los países se crearon centros de investigación especializada con escaso o nulo componente docente. Este proceso no se tradujo directamente en la inhibición de las prácticas de investigación universitaria, pero ha dado lugar a una cierta dualización de funciones restando predominio a las instituciones universitarias en la generación y promoción de conocimientos y tecnología.

Por último, es notable en el periodo la adopción de nuevas tecnologías de información y comunicaciones, la expansión de los servicios de educación a distancia, las experiencias de vinculación con los sectores productivo y social, y una mayor apertura y sensibilidad a la agenda de problemas económicos y políticos de orden nacional y regional.

b) Estrategias de cambio universitario en otras regiones

Sin propósito exhaustivo, algunas de las reformas universitarias más significativas en el contexto de otros países desarrollados (Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y las economías emergentes del Sudeste Asiático), están claramente relacionadas con la apertura del sector de educación superior al sector privado. En algunos casos, como Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Corea, la presencia de la inversión privada fungió como el principal motor de crecimiento y modernización de los sistemas educativos terciarios.

En los casos indicados, la expansión del segmento privado permitió, en principio, que el subsidio gubernamental se concentrara en políticas de estímulo a la calidad de las universidades públicas. No obstante, también se observa una progresiva tendencia de privatización en el propio segmento público: la adopción de lógicas de mercado en la gestión de los servicios y funciones, el cobro de colegiaturas, mayor selectividad de estudiantes, la implantación de sistemas de becas-crédito, y el imperativo de la competitividad entre otros aspectos.

En Estados Unidos el periodo de las décadas ochenta y noventa se caracteriza, por un lado, por procesos de expansión de matrícula, sobre todo en el sector de instituciones del tipo College, por una significativa elevación de los costos de matrícula en instituciones públicas y privadas, por la constante búsqueda de relaciones con el mercado y con los sectores de la economía nacional y local, y por la plena consolidación de sistemas de evaluación y acreditación en todos los niveles de la práctica: acreditación de programas, de instituciones y de cuerpos académicos. Un cambio particularmente significativo ha ocurrido en el plano académico-laboral, y se define por el ocaso de la figura de profesor o investigador con plaza definitiva (sistema tenure). En la actualidad, son mayoritarios los puestos de trabajo académico temporales, los contratos a plazo fijo, la figura Non-Tenure-Track, así como una muy alta rotación de cuadros directivos y académicos.

A diferencia del proceso europeo, en EUA y su área de influencia, la armonización curricular, el ordenamiento de los niveles del sistema y la implantación de esquemas de administración o gobierno, no busca sincronizar con pautas o acuerdos regionales. Por el contrario, las soluciones desarrolladas en el plano de la organización, la administración y el currículum se orientan estrictamente en función del mercado local y, en todo caso, son sensibles a la agenda de temas de política nacional en curso.

Se debe agregar, no obstante, que las reformas académicas y de gestión desarrolladas en esa parte del planeta alcanzan un grado de irradiación notable, lo que apoya la hipótesis de varios especialistas que describen varias pautas de modernización de los sistemas en otros países como una especie de "americanización" de la universidad contemporánea.

Continuidad y cambio de las políticas públicas de educación superior en México

En el caso de México, las últimas décadas dieron lugar a importantes cambios en prácticamente todos los ángulos de la vida universitaria. En lo esencial, la educación superior ha estado inmersa en una serie de reformas que han respondido a la intención modernizadora de los sucesivos gobiernos nacionales desde la década de los ochenta. Dicha intencionalidad no ha sido lineal y coherente, por el contrario, se trata de un proceso que ha sumado propuestas diversas y con frecuencia desarticuladas entre sí. No obstante la persistencia de lineamientos políticos de similar enunciación a lo largo de los últimos tres sexenios, un análisis más detenido acerca de las estrategias efectivamente implementadas y sobre los énfasis colocados en cada gobierno sobre la política de modernización, hace evidente un patrón de ensayo y error más que la continuidad de un proyecto fincado en bases conceptuales y políticas estables.

El propósito de ampliación de la cobertura ha sido atendido, en primer lugar, mediante la creación de universidades tecnológicas, universidades politécnicas y universidades públicas con financiamiento mixto (federal y estatal).

En los últimos años, el objetivo de mejorar la equidad de oportunidades de acceso ha sido tratado, además de la ampliación de la oferta, por medio del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) implantado en la actual administración. Mientras que, el objetivo de mejora de la calidad -cuya vigencia discursiva ha alcanzado las tres últimas gestiones presidenciales- ha sido instrumentado mediante una política que induce a las universidades públicas a impulsar innovaciones en sus planes y programas académicos (en los campos de docencia e investigación). Así, a través del financiamiento el gobierno tiene alcance en rubros institucionales en los cuales se generan procesos de innovación. La estrategia continúa el enfoque seguido por la autoridad gubernamental y la ANUIES en los últimos años. En efecto, desde los noventas la SEP ha construido un esquema de distribución de recursos extraordinarios basado en la asignación de fondos a las instituciones que formulen programas en aspectos como: formación de recursos académicos, equipamiento, y programas de investigación o docencia. Este modelo, complementario del subsidio, se ha reforzado en la actual administración mediante el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), el cual induce a las instituciones a formular proyectos de "superación académica del profesorado, actualización de contenidos, uso intensivo de tecnología, y adopción de enfoques educativos centrados en el aprendizaje".

Una vertiente complementaria de la estrategia de impulso a la calidad mediante el financiamiento de proyectos estratégicos y la inducción de mecanismos de innovación, es la política de evaluación y acreditación conducida por la SEP en coordinación con la ANUIES. El propósito es estimular la acreditación de los programas académicos como forma de demostración del grado de calidad alcanzado. Por último, el propósito de mejorar la coordinación del sistema ha sido el menos atendido por la autoridad federal. Si bien desde el sexenio pasado y también en el presente se ha buscado revitalizar los órganos del denominado Sistema Nacional de Planeación de la Educación Superior, en los hechos el mecanismo de coordinación horizontal se ha debilitado y lo tiende a sustituir la presencia protagónica de la SEP en la definición de lineamientos de reforma académica, políticas de calidad, planeación del sistema y reglas de financiamiento.


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