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Conacyt: 35 años
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 157 [2005-12-08]
 

Hace exactamente 35 años, el 8 de diciembre de 1970, los legisladores discutían una iniciativa del ejecutivo federal que proponía crear un organismo auxiliar para la puesta en marcha de las políticas científicas y tecnológicas en México. La discusión culminó con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Han pasado más de tres décadas desde entonces y curiosamente hoy, nuevamente, está en discusión si tal organismo se debe conservar, sustituir o transformar.

La iniciativa de ley para la creación del Conacyt fue remitida a los diputados el 4 de diciembre de 1970 por el ejecutivo federal de entonces (Luis Echeverría Álvarez). La exposición de motivos en su parte sustantiva argumentaba diferentes razones para la creación del organismo. Una de ella se refería, claramente, al papel de la ciencia y la tecnología en el progreso del país. Se indicaba que sus resultados se deberían convertir en "poderoso instrumento del desarrollo general e integrado del país", al mismo tiempo que deberían asegurar la independencia económica de la nación y su participación a nivel regional e internacional. Aunque también prevenía que no se trataba de "adoptar mecánicamente las numerosas técnicas modernas" y la necesidad de complementarse con la "actividad general en cuanto a la aprovechamiento de recursos disponibles, al acervo de inventos e innovaciones, y a los procesos de industrialización y comercializaciones de productos" (Diario de los Debates No. 41 08/12/70). En esa época, cabría recordar, estaba vigente un renovado impulso al discurso nacionalista y la defensa en contra de los intereses extranjeros.

Otro de las razones planteadas en la exposición de motivos fue la dispersión de esfuerzos. Particularmente se resaltaba la importancia de crear una infraestructura institucional de investigación, incrementar los recursos humanos en el área, ampliar los servicios de apoyo, pero sobre todo fortalecer e integrar los recursos y actividades que se hacían en ese entonces para implementar una política científica y tecnológica.

La iniciativa diagnosticaba que en esa época había organismos que realizaban investigación, otros que se encargaban de la formación de los recursos humanos y otros más que "en forma fragmentaria y deficiente, coordinan, fomentan o prestan un apoyo raquítico y disperso a las actividades científicas y tecnológicas". Pero, afirmaba, no había ninguno que se encargara realmente de "formular y ejecutar" una política científica y tecnológica.

Vale la pena señalar que el organismo que en esa época tenía la responsabilidad de la política científica en el país era el Instituto Nacional de la Investigación Científica (INIC), creado en 1950 y reorganizado en diciembre de 1961. El problema es que, en realidad, hizo muy poco por establecer una política científica. Seguramente por esa razón la iniciativa de ley consideró que el INIC sería incapaz de asumir la responsabilidad de ser el órgano central de coordinación de esfuerzos en materia científica y, por tanto, propuso reemplazarlo por el Conacyt.

La propuesta de ley orgánica de Conacyt tenía una veintena de artículos, organizado en cuatro capítulos, en los se precisaba su integración, organización, atribuciones y patrimonio. Uno de los aspectos más importantes es que se le consideró, "organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, asesor y auxiliar del Ejecutivo federal en la fijación, instrumentación, ejecución y evaluación de la política nacional de ciencia y tecnología" (artículo 1).

En la sesión legislativa del 8 de diciembre de 1970, los diputados juzgaron prudente, antes de dictaminar la iniciativa, que deberían comparecer los secretarios de Educación Pública y de Comunicaciones y Transportes que ocupaban el cargo en esa época (Víctor Bravo Ahuja y Eugenio Méndez Docurro, respectivamente) para explicar las motivaciones y detalle de la iniciativa. Los secretarios comparecieron en sesiones diferentes una semana después (el 15 y el 17 de diciembre) y respondieron a los cuestionamientos generales de los legisladores.

Quizás solamente valga la pena recordar una de las intervenciones de ese entonces que ilustran el ánimo los legisladores y que hoy mismo tiene vigencia. Por ejemplo, un diputado le preguntó al secretario de educación: "¿Qué esfuerzos estima usted que deben destinarse a la investigación pura y cuáles a la investigación aplicada?". El secretario respondió que tal vez lo más conveniente sería optar por un "justo medio", dedicar 50 por ciento para una y otra tanto para la otra, puesto que en su opinión, ello posibilitaría obtener resultados importantes para fortalecer a las instituciones educativas y el desarrollo económico equilibrado. Además, indicó que el nivel de inversión en ciencia y tecnología para ese año, justo cuando se creó Conacyt, era de alrededor del 0.13 por ciento del PNB. Un porcentaje que al término del sexenio, dijo, se podría elevar al 0.5 que recomendaba la OCDE en aquellos años, pero que en su opinión "en esa forma no se seguiría una política que por atender exclusivamente a determinado aspecto importante del desarrollo se desatendieran otros aspectos" (Diario de los Debates No. 43. 15/12/70). Actualmente la situación es otra y otros los porcentajes, pero es casi la misma discusión.

Finalmente, los diputados en su sesión del 21 de diciembre de 1970 aprobaron la creación de Conacyt y el 29 de diciembre del mismo año fue publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación. Hoy, más de tres décadas después, una vez que el organismo logró independizarse (primero como órgano asesor del ejecutivo federal; luego desectorizarse de la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto, y después de la Secretaría de Educación) y a la luz de sus resultados presupuestales, está en discusión si no sería mejor volver a sectorizarlo, o bien, transformarlo en una secretaría de Estado. Ya nos ocuparemos de este dilema.


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