Desde la década de los ochenta, comenzaron a establecerse en México políticas y mecanismos diversos para evaluar la educación superior. Actualmente existen diversos programas para evaluar a los estudiantes (mediante los exámenes del Ceneval), al personal académico (programas de estímulos al rendimiento, SNI), a los programas académicos (evaluación de los CIEES y acreditación del Copaes y el padrón de posgrado nacional del Conacyt) y las propias instituciones de educación superior (PIFI, FIMPES).

A poco más de dos décadas de evaluación del sistema de educación superior, merece la pena hacer un alto en el camino y preguntarse cuál ha sido el saldo de todo este ejercicio en el que los individuos y las instituciones han invertido mucho tiempo y esfuerzo por valorar la eficiencia y eficacia de sus acciones.

Durante la más reciente sesión del Seminario de Educación Superior, el doctor Ángel Díaz Barriga sometió a discusión los resultados preliminares de una importante investigación, auspiciada por la ANUlES, la cual pretende analizar el impacto de la evaluación en la educación superior mexicana. El autor y su equipo de colaboradores reconocen, de principio, que la evaluación es una "práctica trasplantada" en México desde los países centrales y sobre la cual se advierte la ausencia de un debate conceptual.

En este sentido, las técnicas utilizadas para valorar los diversos aspectos y procesos con los cuales se lleva a cabo el desarrollo de la educación superior han sido copiadas de las que son dominantes en Estados Unidos, a las cuales se han incorporado elementos locales que las han hecho rígidas.

Asimismo, ha faltado un debate conceptual y técnico sobre la evalucación en sus distintas facetas. Así las cosas, en nuestro país se han puesto en marcha una multiplicidad de programas de evaluación, en ocasiones dirigidos a un mismo sector, pero que operan con criterios diferentes. Además, las lES invierten cada año un tiempo muy considerable (en muchas ocasiones hasta seis meses) para proveer la información que se requiere en las diversas evaluaciones a que son sometidas.

Al mismo tiempo, tienen que estar operando todas las actividades académicas que les han sido encomendadas y, en forma específica, los proyectos que les fueron aprobados con recursos financieros extraordinarios.

Mediante un extenso trabajo de campo que incluyó largas entrevistas con funcionarios de los más diversos niveles, así como con integrantes del personal académico de tiempo completo de diversas universidades y establecimientos públicos de educación superior, Díaz Barriga y sus colaboradores dan cuenta de las vicisitudes por las cuales atraviesan las instituciones en el ejercicio de rendir cuentas a diversas instancias gubernamentales y organismos descentralizados que les solicitan la información respectiva.

Los investigadores revisaron muchos documentos y escucharon de los protagonistas los procedimientos y las frecuentemente largas jornadas que significan las evaluaciones a que son sometidas las instituciones.

En el análisis de los autores, destacan las formas como los distintos programas abordan el elusivo tema de la calidad, así como la manera en que los programas de evaluación de ésta (la calidad) están ligados al financiamiento extraordinario.

En este sentido, un aspecto que los investigadores han querido destacar es que el conjunto de prácticas encaminadas a dar una valoración de la calidad de las acciones educativas de las instituciones de enseñanza superior ha estado enmarcado en un contexto de continuas crisis fiscales. También subrayan el carácter compulsivo de la evaluación que se realiza en nuestro país, al requerirse con mucha frecuencia del tiempo de los académicos y funcionarios del más alto nivel a la realización de este tipo de actividades.

En la discusión de las diversas políticas y mecanismos de evaluación, se plantearon cuestiones de fondo acerca de sus contribuciones al mejoramiento de la calidad de la educación superior, así como al aumento del burocratismo y la simulación.

En este mismo orden de cosas se argumentó la necesidad de preguntarse seriamente si ha funcionado O no el sistema de evaluación para los fines con que fue creado. También se advirtió sobre los riesgos de que los actuales mecanismos de acreditación de programas académicos caigan en un gremialismo basado en grupos profesionales cuyo fin primordial sea la ganancia económica y la exclusión de los adversarios.

Asimismo, se habló de la duplicidad en la cual podrían caer las evaluaciones realizada por los CIEES y por el Copaes. Del mismo modo, si la evaluación ha provocado una suerte de "cultura de la desconfianza" en todo el sistema de educación superior.

Finalmente, si la crítica debiera ser hecha a la evaluación en sí misma o a los modelos que hasta la fecha se han desarrollado en México. Investigaciones como a la que aquí se hace referencia, son necesarias para valorar de manera rigurosa y exhaustiva las bondades y desviaciones en que pueden caer algunas políticas que en su origen y propósitos trataron de mejorar las prácticas académicas de los establecimientos de enseñanza superior del país.

La rendición de cuentas requiere que mecanismos como la evaluación sean revisados de manera constante y sistemática para superar algunos de sus efectos indeseables, producto de prácticas que se contraponen a los fines por los que fueron creados.