Los doctorados honoris causa son concedidos por universidades a personalidades destacadas del medio académico, cultural, artístico, político y profesional. En teoría, es un honor que se concede por logros extraordinarios o bien por una trayectoria especialmente destacada en diversas áreas de actividad. No es excepcional que las universidades concedan este reconocimiento con el propósito de fortalecer sus relaciones con otras instituciones académicas, con lo gremios profesionales, con los poderes públicos y con actores relevantes de la sociedad civil o de la iniciativa privada. También es frecuente el reconocimiento como honoris causa para personas cuya contribución al desarrollo universitario se considera digna de destacar.

Los criterios y procedimientos para la atribución de este reconocimiento se derivan, por lo general, de las normas de las instituciones. La práctica más frecuente consiste en su designación por el máximo órgano colegiado universitario a propuesta de sus integrantes o del rector en turno. Al ser un reconocimiento honorífico, se entiendo que no es, ni lo pretende, ser un grado equivalente al que se concede por haber satisfecho los requisitos de la formación doctoral. Aunque no es una regla escrita, es claro el principio de que un doctorado honoris causa vale tanto como la institución que lo otorga, ni más ni menos.

¿Cuándo dio comienzo esta tradición, que llega hasta nuestros días? Probablemente en el siglo diecisiete. Según Peter Sagan (Oxford and Cambridge: An Uncommon History, Thames & Hudson, 2005), la expresión de doctorado honoris causa se utilizó por primera vez, en la universidad de Oxford, se incorporó a los estatutos universitarios en 1634 y se utilizó por primera vez en 1651. En España la práctica se inició, según los historiadores, a finales del siglo dieciocho, en la Universidad de Oviedo y posteriormente, en los primeros años del siguiente siglo, en la Universidad de Salamanca. En Francia, el ministerio de Educación autorizó en 1918 que el reconocimiento correspondiente fuera otorgado por la Universidad de París. En Norteamérica, siguiendo la pauta británica, se comenzaron a otorgar doctorados honoris causa desde a partir del siglo dieciocho (Jerónimo Hernández de Castro, “Los primeros doctorados honoris causa en España”, 2007).

En nuestro país, al refundarse la Universidad Nacional de México, se nominaron los primeros doctorados honoris causa en la ceremonia inaugural del 21 de septiembre de 1910. La lista llevaba nombres de políticos: Víctor Manuel II, rey de Italia; Theodore Roosevelt, ex presidente de Estados Unidos y José Ives Limantour, secretario de Hacienda en funciones; empresarios filántropos: el mexicano Gabriel Mancera y el estadounidense Andrew Carnegie; renombrados médicos especialistas en enfermedades infecciosas: el francés Charles Louis Alphonse Laveran, el inglés Joseph Lister y el polaco Emil Adolf von Behring; y humanistas: Rafael Altamira, español, principal impulsor de la extensión universitaria y Agustín Rivera, historiador jalisciense, sacerdote afín a la causa independentista y a la reforma liberal. Completaba la lista de honoris causa los nombres de Justo Sierra y Ezequiel A. Chávez, quienes fueron propuestos por el primer consejo universitario en reconocimiento a su labor en la recreación universitaria.

Además, se integró una relación de poco más de cuarenta personalidades que incluían a los directores de las escuelas fundadoras de la Universidad Nacional, a profesores de reconocida reputación y a varios intelectuales afines al régimen. A ellos se les concedió la distinción de doctores ex offcio, nombramiento que únicamente en esa ocasión emplearía la Universidad Nacional y que tenía como propósito establecer un primer orden jerárquico en la corporación académica de la institución.

Durante el siglo XX la tradición del nombramiento de doctores honoris causa tomaría carta de naturalización en universidades públicas y privadas de todo el mundo y constituye un elemento de distinción en el ámbito académico, científico y cultural de los países y, en menor medida, en los ambientes de la política, la administración pública o las empresas corporativas. Quizás por ello, se ha venido desarrollando, en países de distintas regiones, incluso en México, el despliegue de un mercado que ofrece estos títulos sin contar con el indispensable aval académico e institucional propio del medio universitario clásico.

Son estos lo que el circón al diamante: una joya similar pero inauténtica. Los desprevenidos pueden caer en el engaño: hay quienes acceden a recibirlos para que las organizaciones que los promueven cobren algún prestigio, o bien quienes los adquieren a cambio de donativos que forman parte de los requisitos para la respectiva nominación. Si se busca en internet esta clase de ofertas se localizarán en diversos países a través de organizaciones de carácter privado que no se dedican a la tarea universitaria o que, si lo hacen, no cuentan con suficiente peso académico que las respalde. Son, pues, doctorados honoris causa patito. A la larga es más costoso exhibir reconocimientos de este tipo que evitar su tentación.

Esta clase de doctorados, los honoris causa patitos, se caracteriza por tres elementos: no son otorgados por universidades públicas o privadas de alto prestigio; implican un cobro directo o indirecto; las personas que los reciben no son personalidades cuya obra y trayectoria haga evidente su merecimiento. Así que mucho ojo y lo dicho: los honoris causa valen tanto como la institución que los otorga.