No hay mejor indicador que el presupuestal para ponderar la importancia que un gobierno concede al desarrollo de determinadas actividades. El discurso oficial, la formulación de normas, políticas y programas, incluso el despliegue de acciones simbólicas, son sin duda expresiones de la voluntad gubernamental para emprender procesos de continuidad o cambio. Sin embargo, la traducción de las intenciones en términos de gasto público marca con claridad los alcances, las condiciones de posibilidad y, desde luego los límites del proyecto político del gobierno.
A punto de cumplirse la primera mitad del periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, los datos del financiamiento público a la educación superior hacen dudar de la viabilidad para alcanzar los objetivos y metas propuestos al inicio del sexenio. La reciente publicación del “Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Ejercicio Fiscal 2022”, entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados para su dictamen (8 de septiembre 2021), nos permite advertir la distancia entre los enunciados programáticos y las condiciones materiales para su concreción.
Con anticipación a la campaña presidencial propiamente dicha, desde enero de 2017 se inició el diseño de programas y proyectos para estructurar una propuesta de cambio a la que se dio en llamar la “cuarta transformación” de la historia nacional. Para coordinar el trabajo se convocó al empresario Alfonso Romo Garza y se designaron, como responsables de comisiones temáticas a Adrián Rodríguez Macedo (economía y desarrollo); Esteban Moctezuma Barragán (desarrollo social); Claudia Sheinbaum Pardo (política y gobierno) y Laura Esquivel Valdés (educación, valores, cultura y ciencia). Con el título “Proyecto de Nación 2018-2024”. El documento fue entregado y presentado en noviembre de 2017.
Del volumen coordinado por Romo llamó la atención que el capítulo dedicado a la temática educativa contenía poca o ninguna información sobre los proyectos que se emprenderían en ese sector. En ese segmento (págs. 430 a 442) se desarrollaba un solo punto: la importancia de conceder autonomía académica a las universidades privadas. Solo eso. En otros apartados del texto se abordaban temas indirectamente relacionados con el educativo, por ejemplo las líneas generales del programa “jóvenes construyendo futuro” o la intención de apoyar la educación física y el deporte.
En el capítulo de conclusiones del “Proyecto de Nación 2018-2024” se hacía un breve referencia a la educación superior en los siguientes términos: “hay que asegurar la cobertura al 100% sin rechazo por parte de las universidades públicas (…) No es posible que se tengan 300 mil rechazados por año en las universidades públicas (…) En términos filosóficos, es mejor tener becarios que tener sicarios.
En diciembre de 2017 el partido Morena registró ante el Instituto Nacional Electoral su plataforma de campaña. El documento correspondiente se tituló “Proyecto Alternativo de Nación 2018 -2024” y presentaba una síntesis del contenido en el volumen coordinado por Romo, por lo cual, de nueva cuenta, el tema educativo estaba prácticamente ausente. Es más, para el texto de plataforma se decidió eliminar la propuesta de otorgar autonomía a las universidades privadas y, en su lugar, se propuso la siguiente formulación: “Preferimos que los jóvenes sean becarios a que sean sicarios. Por ello, habrá acceso a escuelas universitarias públicas y privadas para todos los estudiantes que aspiren a estudiar y cuenten con certificado de estudios de educación media superior” (pág. 44).
Algunas propuestas educativas se darían a conocer durante el periodo de campaña, en el primer semestre de 2018. El 12 de mayo el candidato López Obrador, en un mitin celebrado en Guelatao, Oaxaca, presentó un “decálogo” de propuestas, dentro del cual se incluían tres relativas a educación superior: dotar a estudiantes de escasos recursos un apoyo de 2 mil 400 pesos mensuales; evitar el rechazo de estudiantes en universidades públicas y fortalecer las escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional. En la gira de campaña, reiteró la crítica a la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto, anunció su cancelación de la misma y favorecer la “redignificación” del magisterio mejorando sus condiciones de trabajo. Se comprometió también a impulsar, durante su administración, un amplio programa de becas escolares para todos los niveles educativos y elaborar con maestros, padres de familia y expertos “un plan educativo que mejore la calidad de la enseñanza.” (El Financiero, 12 de mayo de 2018).
A estas propuestas se añadiría la de crear un centenar de nuevas universidades públicas en municipios de alta marginación; la implantación de la gratuidad en las instituciones públicas de ese nivel de enseñanza, así como evitar los exámenes de admisión como vía de acceso a las universidades y otras instituciones públicas de educación superior.
El 15 de agosto de 2018, López Obrador, en calidad de presidente electo, se reunió con los de rectores y directivos de educación superior agremiados en la ANUIES. En esa reunión, además de presentar los ejes de su propuesta para educación superior (gratuidad, obligatoriedad y supresión de los exámenes de admisión), se comprometió a mantener el presupuesto para el sector en al menos el nivel alcanzado más el valor de la inflación estimada para el año. En esa ocasión, solicitó el apoyo de las universidades para el diseño de innovaciones educativas y para lograr los objetivos del programa gubernamental.
En contraposición del compromiso presidencial, en noviembre de 2018 circuló una versión de los “techos presupuestales” que la Secretaría de Hacienda impondría a las instituciones de educación superior. Según versión hecha pública por el diario Reforma, el recorte sería de 32 por ciento. El aviso causó malestar en el medio universitario y obligó a las autoridades a rectificar. Carlos Urzúa, entonces secretario de Hacienda nominado, aclaró “se les dieron los nuevos tabuladores (salariales) y fue un errorcito. Ya se compuso.” (Político, 19 de noviembre de 2018). No obstante, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2019, entregado a la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2018, incluía un recorte de 1,341 millones de pesos a la UNAM, el IPN y la UAM. Estas instituciones se inconformaron, y los diputados corrigieron al alza las asignaciones. Al final, el presupuesto ordinario quedó aproximadamente al mismo nivel que en 2018. El PEF reservó mil millones de pesos para el proyecto Sistema de universidades para el bienestar Benito Juárez García.
El 12 de diciembre del mismo año, en uno de sus primeros actos de gobierno, el presidente entregó a la Cámara de Diputados un anteproyecto de reforma al artículo tercero constitucional que incluía, además de la cancelación de la evaluación docente con propósitos de promoción y permanencia en el empleo, dos disposiciones en materia de educación superior: la gratuidad de los servicios públicos y su adición al régimen de educación obligatoria. La iniciativa del ejecutivo, además, suprimía la fracción del artículo que brindaba garantía constitucional a la autonomía universitaria. Esta propuesta provocó alarma en el medio universitario, a tal punto que la presidencia, argumentando un error de transcripción, se comprometió a enmendar el texto correspondiente. El 18 de diciembre, en la ceremonia de reapertura de la normal rural Luis Villareal, ubicada en la localidad de El Mexe, Hidalgo, el presidente declaró: “aquí quiero dar a conocer a los universitarios de México, a los alumnos, académicos y directivos de las universidades públicas que se cometió un error en la presentación del presupuesto” (El Universal, 18 de diciembre de 2018).
En el amplio debate legislativo de la reforma al artículo tercero constitucional, las propuestas de obligatoriedad y gratuidad quedaron acotadas. En el texto aprobado de la reforma (15 de mayo de 2019), la obligatoriedad se definió como la obligación del Estado de brindar oportunidades suficientes a los egresados del bachillerato. La gratuidad, en lo que concierne a las universidades autónomas, con las reservas de las garantías autonómicas. Además, en los artículos transitorios se abrió la posibilidad de gradualidad de las reformas y la obligación para el Estado de proveer recursos suficientes para ello.
La reforma constitucional estableció el mandato de formar una ley general para la educación superior, la que sería decretada en 2021. Por otra parte, en julio de 2020 se dio a conocer el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, que contiene los programas, objetivos y metas del sexenio para cada uno de los componentes del sistema. Ambos instrumentos, el programa y la ley, son referentes de primera importancia para interpretar el desarrollo de las políticas de educación superior en el actual sexenio y para analizar su viabilidad en función de los recursos asignados. A ello dedicaremos la segunda parte de esta columna.
