La pandemia ha interrumpido las relaciones sociales y provocado más desigualdades y brechas tecnológicas. Las desigualdades y desconexiones requieren considerarse para replantear las estrategias de desarrollo, considerando el papel conjunto de la educación superior y la investigación. Tenemos el reto de transformar la escuela, lo que se enseña, cómo se enseña, cómo se aprende. Reconfigurar el régimen de producción y transmisión del conocimiento, fortalecer a las instituciones universitarias, cambiar de rumbo para remontar la crisis.
La pandemia, todavía presente, ha afectado muy fuerte a las universidades públicas y, por esa vía, al país. Los académicos estamos preocupados por lo que puede venir en nuestros lugares de trabajo, donde hacemos gran parte de la vida. El zoom no ha sustituido a la convivencia, al diálogo cotidiano que tenemos profesores, investigadores y estudiantes, aquello con lo que la institución universitaria se construye y se reproduce para generar un mejor futuro. La universidad no se detiene, pero la queremos abierta en cuanto pase la contingencia.
En la sociedad mexicana, durante el desarrollo estabilizador, la educación superior se volvió ampliamente reconocida y, desde entonces, apreciada y prestigiada como “ el medio” para ascender en la escala social y gozar de una buena situación socio-económica. Después, con el predominio del mercado, se intensificó el credencialismo, y la disputa por acceder a la universidad pública, obtener un título o un diploma de grado.
La globalización y la falta de crecimiento económico alimentaron la idea de que se necesita educación superior para que los jóvenes tengan un instrumento que destape las vías de ascenso en la escala social. En el imaginario social subsiste la convicción de que la enseñanza superior sirve para obtener una carrera, poseer conocimiento, demostrar inteligencia y mérito, tener la oportunidad de ingresar mejor posicionado al mercado laboral. La sociedad aprecia positivamente lo que significa la educación superior; las universidades federales y estatales han mantenido su confianza y conservado su prestigio.
En contraste, hay sectores sociales que son indiferentes frente a la ciencia y la actividad productora de conocimiento. Lo cual tiene que ver con la cultura científica de la población. Una buena parte de la misma no sabe qué hace un físico, un biólogo, un filósofo, o un sociólogo. La divulgación de la ciencia, y su utilidad, no llega a las mayorías, lo cual es una pena y un daño.
En la escuela primaria no se encausan las vocaciones científicas ni se presentan logros que despierten el interés por hacer ciencia. No hay preocupación para que los alumnos accedan seriamente al mundo digital. Y los jóvenes de secundaria y bachillerato, que viven en hogares sin conectividad, tienen un fuerte obstáculo para competir y salir adelante en sus estudios, para llegar al mundo de la lógica de la investigación científica.
Cuando se creó el Conacyt (1970), en la comunidad académica recibimos la iniciativa con la esperanza de que un organismo como éste serviría para alentar la investigación en todos los campos disciplinarios. Que se apoyaría a la ciencia básica para resolver problemas propios de la ciencia y la sociedad, estimulando la ciencia aplicada, orientada a enfrentar desafíos concretos del país. También, que contribuiría al desarrollo tecnológico mediante proyectos que sirvieran de apoyo al sector productivo. Asimismo, el nuevo organismo prestaría atención y formularía un programa de formación de recursos académicos.
En los ochenta, con la crisis de la deuda externa, los investigadores vieron muy dañados sus salarios y tuvieron que contratarse en varias instituciones para completar sus ingresos, lo que generó dispersión en el trabajo. Para evitar la depresión salarial, y concentrar la actividad de los académicos en su institución de origen, se creó el S NI, que daría becas a los investigadores hasta que se recuperara la economía y disminuyera la inflación. Pero el SN I se perpetuó y opera como mercado independiente de las instituciones.
Los recursos públicos destinados a la actividad científica y al Conacyt siempre han sido magros. Hay datos que indican que el gasto en este rubro, visto en términos del PIB, ha sufrido una disminución, y que el aporte del sector privado se mantiene corto. La meta del uno por ciento sigue muy lejana. Desaparecieron los fideicomisos, deshicieron el Foro Científico, algunos becarios en el extranjero han recibido tarde sus becas, los investigadores nacionales, están mal distribuidos en el país, por entidad, por institución, por disciplina y por género. Hay enfado con la evaluación.
Mientras, continúan la desinstitucionalización, la precarización laboral de los académicos, y la apatía, en medio de grandes cambios organizativos y tecnológicos en la actividad científica. Se requiere un régimen, distinto del actual, para conducir la actividad científica, producir conocimiento y capital cultural. Falta explicitar un proyecto de Estado sobre la ciencia que permita saber cuál es la ruta, qué se necesita hacer, y de qué manera la investigación, ligada orgánicamente a la educación superior, puede impulsar a la sociedad.
