La aparición pública del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (Siintracátedras) es reciente, su registro tiene apenas poco más de dos meses. Sin embargo, ya ondea una bandera que difícilmente se le puede cuestionar: una oposición a la evaluación punitiva.

El nuevo sindicato, como lo han expresado públicamente, tiene como lema “Derechos laborales para una ciencia con pertinencia social” y su propósito, según lo manifestaron sus propios integrantes, es la negociación de un contrato colectivo de trabajo para los participantes en el programa Cátedras Conacyt.

Las Cátedras están en operación desde el 2014 y representaron una opción laboral para jóvenes recién graduados, una pequeña ventana en las muy limitadas oportunidades que ofrece el mercado académico. Tampoco son la maravilla que cabría esperar, por su limitada cobertura –alrededor de 1,500 plazas en su mejor momento–, por las condiciones laborales tan variadas y por la incertidumbre sobre su futuro.

El caso es que, desde el inicio de la actual administración, el programa fue puesto en la lista negra de los programas a desaparecer. Ni hablar de ampliar su cobertura y menos de nuevas convocatorias. La mejor promesa, después de intercambios epistolares y escaramuzas en la prensa, fue la de respetar los contratos que estaban vigentes hasta el vencimiento del contrato. Al término de diez años, plazo que duran los contratos y que se habían planteado como prorrogables, ya se verá qué ocurre.

Por cierto, el primer medio millar de plazas del programa tendrán su fecha de vencimiento precisamente el año que concluye la actual administración. En fin, la inestabilidad de condiciones y las posiciones de las plazas del programa de las Cátedras, pero sobre todo la incertidumbre sobre lo qué será su destino laboral, seguramente fue uno de los principales acicates para la formación de un sindicato para la defensa de sus derechos laborales.

Un comunicado reciente de la organización gremial informa que se rescindieron lo contratos de medio centenar de catedráticos entre el 2015 y 2020. De acuerdo a los datos que expresan: siete fueron por una evaluación anual, nueve por una evaluación trianual, otros 20 por “incumplimiento del SNI” y el resto por otras causas. Es decir, señalan, más de la mitad han sido despedidos por una evaluación.

La organización gremial reconoce la importancia de la evaluación para incentivar la productividad y la investigación. No obstante, expresa su rechazo “como medio punitivo en detrimento de los derechos laborales, contradiciendo con ello las normas establecidas para la protección de los trabajadores del Estado en la Ley Federal del Trabajo; mismas que en ningún momento indican como causal posible de despido las evaluaciones de este tipo” (Comunicado 21.05.2021).

Según el informe de gobierno del año pasado, actualmente suman 1,304 plazas activas de catedráticos. En términos relativos, la veintena o treintena de personas despedidas tal vez no represente una proporción altamente significativa, pero aunque solamente se tratara de una persona, si el mecanismo de despido contraviene las disposiciones normativas tendría que rectificarse.

Uno de los principales argumentos para impulsar la reforma educativa de 2019, como lo indicó en su oportunidad Esteban Moctezuma, ex secretario de Educación Pública, fue terminar con la evaluación punitiva, o sea, la evaluación no estaría más ligada a lo laboral. En cambio, habría una evaluación vinculada a la capacitación y mejora del magisterio. Por la misma razón, la autoridad educativa sostuvo que ya no sería un mecanismo punitivo y permitiría la reinstalación de los profesores cesados por esa causa.

El magisterio del sistema educativo y los catedráticos Conacyt constituyen perfiles y ámbitos de trabajo diferentes. Sin embargo, es claro que en ambos casos debiera respetarse la legislación laboral y establecer reglas claras sobre la responsabilidad que tienen en el desarrollo de las actividades.

La ambigüedad de la posición laboral ha sido uno de los rasgos característicos del programa Cátedras Conacyt. A ello se le ha sumado el ingreso o permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores como condición para conservar el nombramiento laboral, lo mismo que el azaroso marco institucional que corresponda para su desarrollo laboral. En conjunto es la configuración de un horizonte de inestabilidad e incertidumbre total.

Si bien la autoridad ha reiterado que no piensa ampliar ni continuar el programa, existe más de un millar de catedráticos que se desempeñan en el sistema, tal vez sería momento de regularizar laboralmente su nombramiento y no dejar que se consuman los plazos y las plazas.

Pie de página: A diferencia de años anteriores, cuando la convocatoria para ingreso y permanencia en el SNI aparecía con meses de anticipación —al menos cuatro o seis—, ahora apenas se publicó el último día de mayo y el plazo máximo de recepción de solicitudes es el 25 de junio. O sea, una veintena de días para que preparen su expediente. Y, para variar, los criterios de evaluación traen sorpresas y no olvidemos el artículo 34 del reglamento vigente. ¡Suerte, mucha suerte con su solicitud!