Hace ya casi dos años, poco mas de tres mil integrantes de los Centros Públicos de Investigación (CPI) solicitaban públicamente que no se les aplicara la normatividad como si fueran una entidad más de la Administración Pública Federal, “cuando la naturaleza de sus funciones es muy distinta” (15.05.2019).

La solicitud no solamente fue ignorada, sino que tampoco tuvo eco la propuesta de diseñarles un marco jurídico propicio para el desarrollo de sus actividades. Ahora, una revisión de jurisprudencia podría modificar el régimen laboral del personal de los CPI y añadir otro elemento más a la inestabilidad de esos mismos centros.

Al comienzo, en mayo del 2019, los CPI buscaban que el memorándum presidencial de austeridad republicana no los incluyera. El documento del ejecutivo federal no era un decreto de ley —esa vendría después—, pero tenía la capacidad de instaurar obligatoriamente en todos los organismos descentralizados y paraestatales una serie de restricciones sobre el presupuesto asignado.

Los CPI no forman parte de la administración pública centralizada, como las diferentes secretarías de Estado, pero sí los incluye porque normativamente están definidos como entidades paraestatales que apoyan al ejecutivo federal (Campus No. 806). En este caso el objetivo estratégico de los centros es realizar actividades de investigación científica y tecnológica.

Por la misma razón, el personal de los CPI no estaba de acuerdo en una reducción, respecto a los montos aprobados para 2019, del 30 por ciento en el gasto de operación o de 50 por ciento en partidas destinadas a congresos, pasajes y viáticos al extranjero, entre otros aspectos. Sin embargo, no escaparon a los recortes.

Al año siguiente, otra vez en mayo, pero del 2020, vino de nuevo un clima de incertidumbre por la iniciativa de ley para eliminar los fideicomisos públicos. Estos últimos representaban uno de los principales instrumentos de financiamiento y operación en el terreno de las instituciones científicas y tecnológicas.

Lo más perturbador fue que la primera iniciativa de ley eliminó diversos fideicomisos, pero dejó a salvo poco más de un centenar. Ahí quedaron preservados los fondos que ejercía centralmente el Conacyt, también los 26 fideicomisos de los CPI y otros más destinados a migrantes, cine, deporte, periodismo, entre otros.

Poco duró la tranquilidad porque meses después, en octubre del 2020, el Senado, en una ríspida sesión, ratificó la eliminación de todos los fideicomisos públicos, incluyendo los que operaban los CPI y que habían causado tantas protestas meses antes.

Según la más reciente relación de entidades paraestatales de la administración pública (DOF. 14.08.2020), los CPI suman 27 entidades: 25 centros y dos fideicomisos. Aunque estos dos últimos (Infotec y Fondo de Desarrollo de Recursos Humanos) ya no debiéramos contabilizarlos porque seguramente quedaron eliminados.

La creación de los CPI comienza principalmente en los años de 1970 (el Inaoe primero y luego siguieron el Ciesas, el Cicese, el Cide, entre otros) y el último es el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, establecido en el año 2000. Todos son entidades paraestatales pero tienen diferentes figuras jurídicas, como asociaciones y sociedades civiles, organismos descentralizados e incluso una sociedad anónima (Corporación Mexicana de Investigación en Materiales).

Actualmente, alguna sede o subsede de los centros está presente en casi todo el territorio nacional, la excepción son los estados de Morelos y Colima. En general, han representado un respaldo al desarrollo regional y algunas veces la única presencia de investigación (“Sistema de CPI Conacyt”).

El sistema de CPI ha sido altamente competitivo y dinámico. Realizan una importante labor en investigación: publican más de tres mil artículos anuales, llevan a efecto una cantidad similar de proyectos y tienen casi dos mil integrantes del SNI. Por eso se dice que representan la segunda fuerza nacional en investigación y desarrollo tecnológico. También atienden a cerca de diez mil alumnos de posgrado y la mayor parte de sus programas están acreditados en el Padrón de Posgrados.

Los CPI son un sistema consolidado; edificado paulatinamente en los últimos 50 años. No obstante, las restricciones presupuestales que se le han impuesto, la pérdida de su principal instrumento de operación y la persistente ambigüedad normativa de su conducción, minarán la base de su institucionalización.

Además, ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una revisión de jurisprudencia podría modificar el régimen laboral del personal de los centros: trasladarlos del Apartado A al Apartado B del artículo 123 constitucional. Así, en adelante, serían considerados como personal de confianza y expuestos a una mayor vulnerabilidad laboral.

El fallo todavía está pendiente, pero la incertidumbre e inestabilidad institucional son ingredientes perfectos para naufragar en la tormenta.