Víctor Toledo renunció al gabinete de López Obrador en agosto pasado y Alfonso Romo se fue al comienzo de este mes. Ambos fueron protagonistas de la disputa por el uso o prohibición del glifosato. Su salida de la administración no está asociada, en sentido estricto, a sus posiciones sobre el agroquímico, pero sí refleja los desencuentros entre las dependencias gubernamentales y, sobre todo, la importancia de fundar técnicamente las decisiones.

Las dificultades entre integrantes del gabinete se preveían desde el comienzo de la actual administración, como aquí mismo lo hicimos notar (Campus No. 759). Unos funcionarios eran férreos detractores de los transgénicos —el glifosato es ampliamente utilizado en la agricultura y en las semillas genéticamente modificadas— y otros sus partidarios declarados.

El presidente López Obrador encabeza a los primeros y el rechazo a las semillas transgénicas fue parte de sus compromisos que anunció desde el primer día de su mandato (compromiso número 74). La directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, secundaba la misma posición, lo mismo que Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, primera titular de la Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y más abiertamente Víctor Toledo, el segundo titular de la misma secretaría.

Por el contrario, nada menos, Alfonso Romo, el que fue Jefe de Oficina de la Presidencia, no solamente era o es un simpatizante de los transgénicos, también tiene interés empresarial en el mejoramiento genético de las semillas. Una simpatía por la biotecnología que también comparte Víctor Villalobos, actual secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En agosto de este año, tras un periodo de aparente coexistencia pacífica sobre el tema en el gabinete, el entonces titular de la Semarnat exigió a través de Twitter una disculpa pública a su homólogo de la Sader porque, sin tomarle parecer, había ingresado un anteproyecto de decreto presidencial para la regulación del glifosato y no prohibía el maíz transgénico. El anteproyecto, dijo Toledo, era contrario a las instrucciones del Presidente.

El tuit con la solicitud de disculpa fue retirado de la red y lo mismo ocurrió con el anteproyecto de decreto que estaba en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Sin embargo, el conflicto sobre el glifosato exhibió públicamente las diferencias en el gabinete. El propio López Obrador, después de la renuncia de Toledo, tomó la decisión de no emitir el decreto y ofreció una alternativa al problema.

López Obrador anunció: “No, no se va a publicar, no se va a publicar, porque la instrucción es que no se utilice ese agroquímico en el gobierno, en actividades del gobierno, y que Conacyt lleve a cabo una investigación para buscar la manera de sustituirlo que, como es indispensable y no hay alternativa en el mundo para que se pueda desechar por completo ese agroquímico, se está limitando —eso fue lo que acordamos— el volumen de importación” (Versión estenográfica 19.11.2020).

Y, efectivamente, desde el pasado 9 de diciembre, el portal de la Conamer ya tiene un nuevo decreto para regular el uso del glifosato que esencialmente precisa lo que dijo López Obrador. Por ejemplo, el periodo de sustitución total del herbicida se prolongará hasta el 31 de enero del 2024. Es decir, casi un año antes de que concluya funciones esta administración.

También prohíbe la utilización del glifosato en el marco de las acciones y programas de gobierno, al mismo tiempo que instruye a la Sader, Semarnat y Conacyt a buscar alternativas de otros agroquímicos. Además, el organismo científico será el encargado de emitir “recomendaciones anuales para las autoridades competentes que les permitan sustentar, en su caso, la cantidad de glifosato que autorizarán a los particulares para su importación”.

La salida al diferendo no está mal, pero no es suficiente. Una prohibición tajante del herbicida, y de aplicación inmediata, hubiera traído graves daños a la agricultura, la industria alimentaria y repercusiones negativas en múltiples ámbitos. En cambio, postergar la decisión para buscar un agroquímico sustituto debe ofrecer argumentos públicos razonables y técnicamente fundados.

Los asuntos controvertidos, como los transgénicos o el uso de ciertos agroquímicos, sobre los que existen evidencias positivas y negativas, no pueden decidirse por anticipado o de forma unipersonal o improvisada. Estos temas demandan máxima publicidad, argumentos convincentes y basados en el conocimiento.

En fin, el decreto presidencial está en la fase de recibir comentarios en el portal de la Conamer y todavía no está vigente. Lo notable es que todas las opiniones que ahí ha recibido son favorables a la utilización del glifosato. ¿La autoridad las ignorará? Seguramente, pero no debiera.

Pie de página: Incomprensible. Un mes después de anunciar que no se renovarían los convenios que amparaban a los miembros del SNI de las instituciones particulares, ahora un críptico comunicado de la autoridad dice que mejor sí continuarán con un “carácter novedoso”. // Concluyó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y quedó incumplido el artículo sexto transitorio de la reforma del artículo 3º constitucional. No hay Ley General de Educación Superior y tampoco Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.