Ante la inminencia del debate sobre la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación que acaba de difundir el Conacyt, resulta oportuna la reciente aparición de Vaivenes entre innovación y ciencia: la política de CTI en México, coordinado por Rafael Loyola Días y Judith Zubieta García, con sello editorial del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior (UNAM) en coedición con Miguel Ángel Porrúa.
Este libro, en el que participan especialistas de varias disciplinas, ofrece un panorama general de logros y limitaciones de la política científica del sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto. Los autores pasan revista a varios de los programas del Conacyt impulsados en ese periodo, algunos de continuidad y otros de nuevo cuño. Se procura, en todos los casos, un balance crítico y objetivo apoyado en datos y evidencias.
De las propuestas de política científica planteadas al inicio del periodo presidencial se ocupa el texto introductorio de los coordinadores del libro. Se hace referencia a se enfoque general, centrado en las nociones de sistemas de innovación, sociedad del conocimiento y articulación de las actividades de ciencia y desarrollo tecnológico a cargo de los sectores académico y productivo. Tal enfoque fue presentado, en su momento, en el programa especial del sector y orientaron los principales programas y acciones del Conacyt.
El texto de Loyola y Zubieta concluye con las preguntas que las demás contribuciones, desde el ángulo del tema que abordan, procuran responder: ¿logró la investigación básica la centralidad que se prometió?, ¿se aproximó el país a una economía basada en el conocimiento, como tanto se anunció?, ¿los cambios en la competitividad nacional en el desarrollo tecnológico propio?, ¿pudo Conacyt mostrar al empresariado mexicano la importancia de invertir en CTI?, ¿se fortaleció la capacidad nacional para absorber recursos humanos de alto nivel, en función de las desigualdades y necesidades regionales?.
Alejandro Canales aborda uno de los temas centrales en el modelo de política científica que se intentó: la estructura de gobernanza del sistema nacional de ciencia y tecnología a través de la cual se intentó eslabonar y coordinar a los sectores y comunidades participantes en la generación de ciencia y tecnología. Sobresale en este aspecto la puesta en operación de varias instancias con ese enfoque, tales como la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Consejo Consultivo de Ciencias, el Comité Nacional de Productividad, el Consejo General de Innovación Científica y Desarrollo Tecnológico, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología y el Comité Intersectorial de Innovación. Al revisar la trayectoria del modelo, Canales considera que, no obstante las ventajas que presentaba un esquema de gobernanza que involucraba a sectores gubernamentales, académicos y empresariales, los propósitos de mejorar la operación del sistema no se consiguieron en los términos planteados, principalmente por un déficit de coordinación, por no haber ajustado la normatividad correspondiente y por no haber culminado la iniciativa del rediseño institucional del Conacyt.
De las estrategias de descentralización, creación de nuevos centros de investigación e impulso a la investigación básica se ocupa un texto de Loyola, Zubieta y Téllez. Con abundancia de datos los autores demuestran que esa política logró resultados efectivos pero limitados. El impulso financiero y organizacional emprendido en los primeros años del sexenio no tuvo la continuidad requerida para fortalecer a los sistemas estatales y para consolidar programas tales como los fondos mixtos y sectoriales, la red de laboratorios nacionales, los estímulos a la innovación y las cátedras Conacyt.
Del desarrollo de los centros públicos de investigación (CPI) se ocupa un capítulo elaborado por David Ríos Lara. En este se revisan, en primer lugar, los antecedentes, características y trayectoria del sistema. Se brinda al lector un panorama en el que sobresale la variedad de áreas de investigación correspondientes a estas estructuras, así como la diversidad de sus modelos de organización, régimen jurídico y fórmulas de gobernanza. Se documenta que no obstante la promesa de fortalecer este sistema mediante la creación de nuevos centros y el incremento de plazas académicas, las restricciones presupuestales imposibilitaron su cumplimento; en su lugar, Conacyt generó un esquema de consorcios para facilitar la interacción de cuerpos académicos de distintos CPI: ocho en manufactura, cuatro para el sector agroindustrial y dos sobre política pública y gobernanza. Además de ello, se indica la importancia, para la operación de los CPI y los consorcios, de instrumentos financieros tales como los fondos mixtos y sectoriales, así como de los fideicomisos.
El trabajo de Guadalupe Serna en este libro ahonda en el tema de los consorcios de investigación así como en la formulación de las agendas estatales y regionales de innovación. En su texto hace notar la complejidad que presentó la estrategia del trabajo de investigación y desarrollo entre los centros, así como las dificultades para el sostenimiento financiero de la estrategia. A pesar de ello, apunta la autora, se consiguieron avances importantes en temas específicos en beneficio de las entidades federativas y las regiones. A modo de conclusión Serna sostiene que la ruta de trabajo interdisciplinario e interinstitucional es prometedora pero necesita una mejor estructura y sobre todo un apoyo financiero más decidido.
Por razones de espacio no abordaremos el contenido de las contribuciones restantes. En ellas se abordan tema de gran interés para el balance que propone este texto: el Sistema Nacional de Investigadores (Mary Hamui); las políticas de posgrado (Josefina Patiño y Armando Alcántara); las cátedras Conacyt (Lorena Archundia); el financiamiento al desarrollo tecnológico (María Josefa Santos y Rebeca de Gortari) y el Consorcio Nacional de Información Científica y Tecnológica (Adolfo Rodríguez Gallardo).
Sirvan estas líneas para invitar a su lectura.
