En par de semanas más y la actual administración cumplirá dos años. El periodo ya alcanza el primer tercio del actual ejercicio gubernamental y a estas alturas, cuando es la hora de los primeros resultados más que de intenciones, lo inquietante es la reiteración de equívocos en la administración pública y especialmente en el sector científico y tecnológico.

En el periodo de transición del 2018, precisamente en el sector científico y tecnológico, se mostró la primera fisura entre la administración anterior y la actual. Un primer exabrupto en lo que parecía un terso proceso de entrega-recepción. Los protagonistas fueron las autoridades del Conacyt de entonces y la doctora Elena Álvarez Buylla, representante del equipo de transición en el área.

¿Usted recuerda el episodio? Fue al final del mes de septiembre de 2018, a propósito de la solicitud de la doctora Álvarez Buylla de cancelar toda convocatoria pública del Conacyt que comprometiera recursos para el año siguiente. Una iniciativa que era poco sensata; becarios e investigadores no tardaron en manifestar su preocupación. Unos días después, en respuesta abierta, el entonces director del organismo, Enrique Cabrero, expresó que las convocatorias en proceso seguirían su marcha y la transición sería eficaz y ordenada.

Después, siguieron aclaraciones ríspidas entre funcionarios y equipo de transición, pero todo parecía indicar que había sido una escaramuza pasajera, propiciada por la inexperiencia en el quehacer administrativo. Lo sorprendente es que ahí no terminaron los desencuentros, casi dos años después, en la reciente eliminación de los fideicomisos del sector, los protagonistas regresaron a la arena pública a refrendar las afrentas. Las disputas y los desaciertos siguieron.

Una punta es el tipo de decisiones y otra es la de los inocultables errores. Estos últimos, en la administración, son una muestra de la insuficiencia de las normas para conducir el comportamiento burocrático. Una dificultad que estaba antes y hoy sigue presente. Desde hace más de 15 años, cuando se promulgó la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, se ha intentado consolidar la profesionalización de los servidores públicos, igualar las oportunidades de acceso a la función pública con base en el mérito y mejorar las políticas públicas.

No obstante, la integración de los equipos gubernamentales sigue la impronta del grupo político, la confianza personal, la lealtad, el espíritu de cuerpo, más que la especialización o las calificaciones técnicas y profesionales. Difícil, muy difícil una burocracia racional, con jerarquía administrativa rigurosa, técnicamente competente, profesionalmente calificada, con actividades claramente delimitadas, sin apropiación personal del cargo, con una perspectiva de ascenso por años de servicio y con sueldos decorosos.

Así que al comienzo, como generalmente ocurre en cada cambio de gobierno, los cuadros de primer nivel e incluso mandos medios y técnicos, comienzan su aprendizaje como servidores públicos. Incluso, como ha sido evidente, en los primeros meses de ejercicio, los errores en las decisiones o en los procedimientos se ven con un dejo de normalidad: es la curva de aprendizaje.

Sin embargo, cabría suponer que transcurrido un tiempo breve y superado el ensayo y error, el nuevo equipo de gobierno alcanza un funcionamiento relativamente óptimo. El problema es que las fallas se han repetido una y otra vez. Y no, ni siquiera se trata de decisiones controvertidas, basadas en principios de gobierno, como podría ser el cambio en las normas, el papel del sector privado o los instrumentos de conducción del sector.

El simple trabajo rutinario de procedimientos y planeación de actividades ha requerido de innumerables desmentidos, aclaraciones y rectificaciones una y otra vez. Ahí está el programa especial, el plazo de fabricación de ventiladores o las convocatorias de becarios. O bien, el nombramiento de subordinados, la operación de comités, la división de áreas de conocimiento, la solicitud de donativos a miembros del SNI o el correo electrónico notificando un cambio sobre el seguro de gastos médicos mayores.

Lo sorprendente es que el Conacyt, organismo altamente especializado y asesor en políticas científicas y tecnológicas, prescinda de cuadros altamente profesionalizados y competentes. Nada menos: la improvisación en la institución del conocimiento. El hecho viene a confirmar la apreciación que ha reiterado el ejecutivo federal: “no tiene mucha ciencia gobernar”.

El mismo presidente López Obrador ha dicho: “Yo tengo que echar mano de instituciones y de servidores públicos honestos, porque eso es lo principal; 99 por ciento es honestidad, uno por ciento es capacidad, porque hay unos que están graduados hasta en el extranjero, como los hijos del padrino que los mandaba a estudiar a las universidades del extranjero; saben mucho, pero no son honestos” (13.08.2019).

Puede ser, pero no son cualidades incompatibles, existen servidores públicos íntegros y muy capaces. Sin embargo, tal parece que ahora tendremos curvas de aprendizaje de personas honestas, aunque la curva podría dilatarse todo el sexenio.

Pie de página: 26 mil 573 millones para Conacyt en el año próximo, casi lo mismo que recibió en este año. ¿Los recursos de los fideicomisos se esfumaron?