Hay estudios que ilustran la existencia de una relación entre inequidad educativa en el nivel superior y la desigualdad. En México, se ha alcanzado un crecimiento de la matrícula en la educación terciaria, pero su cobertura está, todavía, por debajo de la que se tiene en América Latina, en países semejantes al nuestro. Alcanzar una mayor cobertura es insuficiente, sí la educación que se imparte es mala o no es pertinente a las necesidades sociales. Las políticas educativas de un gobierno son uno de los factores más importantes para que la educación superior crezca, mejore y para que las personas tengan más condiciones de elección y sean más útiles a la sociedad.

Son muchos retos los que existen en la educación superior y vencerlos requiere de un programa que contenga un conjunto de políticas gubernamentales articulado y factible de llevarse a cabo. A dos años del gobierno actual, lo que se observa es que la educación superior pública, la ciencia y la tecnología, no se encuentran entre las prioridades principales del gobierno, a pesar de la insistencia en que la educación universitaria y la investigación científica son pilares para que México se transforme y los mexicanos salgan mejor librados de esta crisis y de otras coyunturas futuras.

Hemos comprendido que al país lo dejaron deshecho quienes gobernaron hasta 2018. Se ha navegado a contracorriente para que un Estado que quedó vulnerable no se vuelva un Estado fallido. Por tal motivo, sería de esperar que el régimen actual conduzca las interrelaciones de la educación superior, la ciencia y la tecnología, como ejes fundamentales de la transformación social y productiva, para lograr una mayor equidad y una democracia política de mayor calidad.

Los partidos y gobiernos que impulsaron el neoliberalismo fundaron el manejo de la educación superior sobre una base conceptual basada en la calidad, la eficiencia, la eficacia, la pertinencia y la equidad, entendida como ampliación de oportunidades. Y la gobernanza sustentada en el enfoque de la nueva administración gerencial, y en la entrega de subsidios extraordinarios por competencia, para realizar programas académicos en las instituciones.

Este marco de referencia dio origen a políticas con énfasis en la evaluación y la productividad. Tales políticas se deterioraron seriamente. De ahí que lo esperado fuera un cambio de óptica y políticas educativas que permitieran superar los defectos y debilidades del sistema de educación superior.

Recientemente, se presentó el Programa Sectorial de Educación y está discutiéndose una nueva Ley General de Educación Superior. Ambos forman el contexto para implantar políticas gubernamentales de nueva generación. Pero todavía no se ha divulgado una agenda con dichas políticas, a ser aplicadas para el conjunto del sistema, y sus implicaciones sociales.

Sin embargo, se ha establecido la meta de elevar la cobertura del 40 al 50 porciento, hasta 2024. Ha sido importante la declaración de que el gobierno actual buscará una vinculación más estrecha entre la ciencia y las universidades públicas, que producen cerca de un 70 por ciento del conocimiento científico en el país. Pero, en la práctica, se quitaron los fideicomisos, se ha minado al Foro Consultivo, se ha perjudicado a los Centros Públicos, y, en estas semanas que corren, se ha maltratado a los investigadores nacionales, a los de las escuelas privadas quitándoles su beca y a los demás cancelando la gestión de los seguros de gastos médicos mayores, cuyo costo pagan los investigadores con la beca que otorga el SNI. Suspender la gestión implica que tendremos que pagar más y que las aseguradoras rechacen a un nutrido grupo por su edad. En fin. Los directivos del Conacyt estiran la liga y no perciben la inconformidad que generan en la comunidad académica.

Otra novedad del régimen es que la educación universitaria será gratuita y obligatoria. La obligatoriedad de la enseñanza se asentó en la ley, pero luego se ha aceptado que las universidades puedan emplear criterios de selección. La gratuidad tiene un impacto sobre las instituciones públicas que cobran cuotas de ingreso, pero no hay un programa que permita resarcir las pérdidas que se generen por la aplicación de este precepto.

Se crearon las 100 Universidades Benito Juárez, ubicadas en zonas marginadas. A esta iniciativa se agrega el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El Coneval ha estudiado cómo se están llevando a cabo estas dos iniciativas. Concluye que en la primera hay que ajustar miras y en la segunda establecer estrategias y metas. En concreto, la política educativa es limitada y no resuelve la problemática de la educación superior en el país.

Las políticas de educación superior requieren que este nivel de la enseñanza se defina como prioridad nacional, que se detenga la caída del financiamiento y que se otorguen recursos suficientes. Pero, ninguna corrección al deterioro aparece en el escenario.