Opino que es un error del Conacyt deslindarse de las organizaciones del sector privado que desempeñan tareas de investigación, en particular la cancelación de los convenios con las universidades particulares y los centros de investigación de ese carácter que han posibilitado el acceso de académicos al Sistema Nacional de Investigadores con el beneficio del apoyo económico correspondiente al nivel que obtienen.
Desde la semana pasada, varias de estas instituciones han confirmado la noticia. Todo parece indicar que el Conacyt dar por terminado este mecanismo y con ello cerrar la puerta de acceso al SNI a los profesores e investigadores adscritos a universidades, institutos, centros y demás instituciones académicas que no forman parte del sistema público de educación superior e investigación científica o que no corresponden al sistema de centros públicos de investigación reconocidos por la dependencia oficial.
Es posible, incluso probable, que los académicos de instituciones privadas que forman parte del SNI mantengan su condición de investigadores nacionales pero que el estímulo correspondiente deje de ser pagado por el Conacyt. Varios de ellos, cabe agregar, todavía forman parte de las comisiones dictaminadoras y revisoras que evalúan las solicitudes de ingreso y reingreso al sistema. Sería el colmo que a los investigadores nacionales vigentes se les quitara el reconocimiento adquirido o se les prohibiera la opción de renovación a la que tienen derecho. Pero, desde el punto de vista de los académicos de las instituciones privadas ¿qué incentivo puede tener la adscripción al SNI sin el estímulo económico que venían recibiendo?
Además de injusto resulta problemático para la gestión integral del sistema nacional de ciencia y tecnología. Varios de los programas Conacyt toman en cuenta la pertenencia al SNI como indicador de calidad de las personas y cuerpos académicos que concurren para obtener financiamiento a proyectos de investigación o para formar parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad ¿la idea será, además, excluir a las entidades privadas del acceso a recursos para investigación o a becas para estudiantes de posgrado? Sería muy lamentable.
En este marco, no carece de interés dimensionar el peso específico de los investigadores de instituciones académicas de carácter privado que pertenecen al SNI, así como el impacto de su presencia en el presupuesto del sistema. Según los datos correspondientes a 2019, última información oficial disponible, en ese año se alcanzó la cifra de 30,548 investigadores nacionales. De ese total, 1,532 personas, es decir el cinco por ciento del total, corresponden a académicos de aproximadamente un centenar de universidades y otras instituciones de educación superior del sector privado.
En términos presupuestales, de los casi 20 mil millones de pesos que corresponden al gasto aprobado para el SNI este año, 288.5 millones de pesos (el 5.3 por ciento de esa cifra) consume la asignación a los académicos de dichos centros académicos. Menos de trescientos millones de pesos anuales, lo que no parece representar ni un impacto presupuestal especialmente significativo ni un ahorro que justifique la gravedad de la medida y mucho menos el daño que sufrirán los académicos participantes.
Desde luego, las universidades privadas más afectadas son aquellas que cuentan con el mayor número de investigadores en el SNI. La principal concentración recae en el Tecnológico de Monterrey, que a la fecha cuenta, en todas sus sedes, con 584 investigadores nacionales (38.2 por ciento del total en universidades privadas), le sigue la Universidad Iberoamericana, también en sus distintas sedes, con 157 investigadores (10.3 por ciento); la Universidad Panamericana con 127 (8.3 por ciento), la Universidad de las Américas Puebla con 110 (7.2 por ciento), la Universidad Anáhuac en sus diferentes sedes, con 85 (5.6 por ciento), la Universidad de Monterrey con 76 (5 por ciento), la UPAEP con 61 (4 por ciento), el sistema Universidad La Salle con 59 (3.9 por ciento), el ITESO con 45 (2.9 por ciento) y el grupo Universidad del Valle de México con 33 (2.2 por ciento). Esta docena de instituciones, varias de ellas con esquemas multi-campus, representan casi el 90 por ciento del total. Más de la mitad del conjunto de universidades privadas que cuentan con convenio SNI (56 para ser exactos) tienen solamente uno o dos académicos con reconocimiento de investigadores nacionales, generalmente candidatos o en el nivel inicial.
Es de suponerse que los respectivos convenios Conacyt diferencian las obligaciones y responsabilidades para las instituciones con un mayor número de investigadores nacionales que los casos de aquellas en que la cantidad es mínima. Dichas obligaciones consisten, en términos generales, en hacer que las entidades beneficiadas inviertan la misma cantidad que el Conacyt eroga para los estímulos de sus académicos en el SNI en recursos orientados a la investigación, principalmente infraestructura, equipo, materiales bibliográficos y otros afines. Al cancelarse dichos convenios, como ya está ocurriendo, será muy complicado que las instituciones privadas mantengan ese esquema de inversión si deciden apoyar a los académicos que dejarán de percibir una parte importante de sus ingresos.
Importa enfatizar que el subsidio del Conacyt a la investigación en instituciones privadas a través de los convenios SNI recae exclusivamente en los académicos que han hecho méritos suficientes, básicamente producción académica relevante, para acceder y ser promovidos en el sistema. ¿Cuál es la razón de fondo que justifica una política de segmentación y discriminación de este tipo?, ¿es una decisión de austeridad de gasto o la aplicación de un principio ideológico?, ¿qué sigue entonces?
