El estruendo levantado por la eliminación de los fideicomisos públicos no deja ver la vuelta de tuerca en uno de los programas emblemáticos en el campo científico y tecnológico: el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Tal vez no será la última vuelta, pero sí podría ser el paso más firme para una modificación significativa.
Antes de que comenzara el actual periodo gubernamental, cuando nada estaba decidido en las elecciones federales, el plan fue visto con escepticismo y solamente mereció algunos comentarios discretos. ¿Usted lo recuerda? Fue el “Plan de reestructuración estratégica del Conacyt para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación (2018-2024) presentado por Morena”.
El documento de poco menos de medio centenar de páginas lo firmó y difundió la doctora María Elena Álvarez Buylla, precisamente a los pocos días del último debate que sostuvo el entonces candidato López Obrador en junio de 2018 y en donde anunció que ella sería nombrada directora de Conacyt si él ganaba la presidencia.
Después, una vez celebradas las elecciones y designada titular del Conacyt, el plan de reestructuración del organismo ya fue examinado de forma distinta y el escrutinio fue más detallado. ¿Qué proponía para el SNI? Diagnosticaba que el sistema había tenido efectos positivos, pero también “prácticas de simulación al privilegiar la cantidad sobre la calidad en la producción del conocimiento científico” (p. 8). Así que, tanto para el programa como para muchos otros componentes, anunciaba un mayor énfasis en los criterios cualitativos.
Todavía más importante, también proponía revisar con “sumo cuidado” la provisión de recursos públicos a entidades privadas de formación de recursos humanos de alto nivel, “lo cual incluye tanto a becas a estudiantes como al Sistema Nacional de Investigadores, con la finalidad de eliminar gastos innecesarios” (p. 18).
Una vez iniciado el periodo de gobierno, algunas componentes del plan resultaron prescindibles y otros adquirieron mayor precisión. Entre los primeros estuvo el papel reservado a las humanidades que pasaron de la subestimación a una promesa de un lugar en el nombre del organismo —por cierto, ya no se insistió más al respecto— y entre los segundos la tensión público-privado fue lo sobresaliente.
La denuncia sobre la trasferencia de recursos públicos a empresas privadas fue uno de los primeros posicionamientos de la actual directora de Conacyt, lo hizo en enero de 2019. El volumen de recursos, dijo en ese momento, va de los 35 a los 50 mil millones de pesos. La presión porque aclarara si se trataba de algo indebido o ilegal fue creciendo. Sin embargo, ni entonces ni ahora, se han dado a conocer pruebas o denuncias. Pero la brecha entre uno y otro ámbito comenzó a ensancharse.
El asunto de la tensión público-privado en el SNI volvió a aparecer en los medios al inicio de este año. Tal vez usted recuerda que a investigadores de la Universidad La Salle y de la Universidad Iberoamericana (plantel León), instituciones particulares, les suspendieron el incentivo mensual que recibían.
Aparentemente todo se debió a una falla administrativa sin mucha importancia: las universidades no habían renovado el convenio de colaboración. Lo hicieron y todo quedó solucionado. No obstante, también quedó registrado que la actual administración estableció requisitos adicionales en los convenios.
En este mes, de nueva cuenta, se trata de los convenios. Las autoridades de la Universidad Iberoamericana informaron a su personal que, a su vez, la directora del Conacyt les comunicó que no se renovaría el convenio en los mismos términos, porque el organismo “no está en posibilidades de cubrir los incentivos a nuestras investigadoras e investigadores nacionales”.
El cambio que ahora se propone es más significativo y la misma situación ocurrió en el ITAM y en el Tec de Monterrey. Por lo pronto es difícil anticipar si, como ocurrió en enero, los convenios volverán a ajustarse y si Conacyt seguirá otorgando los incentivos correspondientes o solamente piensa conceder los nombramientos.
Desde 1988, cuando se reformó el acuerdo de creación del SNI, quedó reconocida la aportación de investigadores y recursos de las instituciones de educación superior particulares hacia el Sistema. También el beneficio que suponía para las propias personas dedicadas a la investigación científica. Ambos aspectos están incluidos en los considerandos del decreto de reforma.
El rasgo nacional del SNI —y el sistema científico y tecnológico mismo— se nutre precisamente de investigadores de los sectores público, social y privado. Si las instituciones o las personas no están cumpliendo con sus responsabilidades deberían tomarse las medidas correspondientes.
Lo que no parece nada sensato es suprimir o inhibir la participación del sector privado cuando precisamente se requiere lo opuesto: alentar su mayor participación relativa en todos los indicadores. Aunque, claro, si la idea es mudar a un sistema netamente público de investigadores, entonces la decisión es correcta.
Pie de página: Salvo una breve argumentación —y un ejemplo incorrecto— del secretario de Hacienda a favor de la eliminación de los fideicomisos, el consenso más bien es por conservarlos. Sin embargo, la actual administración está empeñada en suprimirlos.
