En el Conacyt estamos de acuerdo”, finalizó lacónicamente la directora del organismo, María Elena Álvarez Buylla, cuando le preguntaron por la desaparición de los fideicomisos que operan en el sector. A su vez, en las vísperas de llevar a efecto su eliminación, el diputado Mario Delgado, autor de la iniciativa de ley para suprimirlos y líder de Morena, declaró: “No es una improvisación, tampoco es un capricho del presidente”.
El gobierno federal y la fracción parlamentaria mayoritaria del partido gobernante están por suprimir todos los fideicomisos que operan en múltiples ámbitos de la administración pública. La pregunta es si eso significará o no un vuelco en la operación y administración del sector científico y tecnológico y, en consecuencia, si al final estaremos mejor o peor.
El 2020 ha sido el año de la pandemia y de la incertidumbre. Sin embargo, lo circunstancial, difícil o provisional de las decisiones gubernamentales no deriva solamente del atípico periodo que estamos viviendo a escala global. En México, desde el inicio de la administración encabezada por el presidente López Obrador (AMLO), la frase recurrente de “Cuarta Transformación (4T)” está en el inventario de todos sus discursos.
La idea, como lo ha expresado el propio AMLO, es que se propone lograr un cambio de tal amplitud y profundidad que se podrá equiparar con tres momentos clave de la historia de México: la Independencia, la Reforma y la Revolución. La intencionalidad queda sintetizada en la expresión 4T, pero todavía no está fijada en el imaginario colectivo y menos se puede calibrar qué dimensión alcanzará realmente.
No obstante, ya casi pasó el primer tercio del periodo de gobierno y tal vez podríamos vislumbrar cuál podría ser el punto de llegada.
Los compromisos
En las páginas de Campus, desde su fundación misma, aparece el registro puntual de promesas, iniciativas y hechos en los territorios de la educación y de la ciencia y la tecnología. El periodo actual no ha sido la excepción y fue precisamente en la etapa de la transición, cuando AMLO en aquella primera reunión con miembros de la comunidad académica y científica, poco después de su triunfo electoral, formuló uno de los compromisos con el sector.
Las primeras palabras del discurso del entonces presidente electo fueron las siguientes: “Vamos a apoyar mucho la investigación, de modo que tengamos disponibilidad de recursos para que cuenten con apoyos del presupuesto” (Palacio de Minería. 22.07.2018). Aquellas palabras dibujaron sonrisas en la audiencia e incrementaron las expectativas de un mejor futuro para el sector.
No obstante, el mismo AMLO, seguramente para atemperar el efecto que habían causado sus palabras, matizó la garantía de su apoyo. Dijo que su compromiso era aumentar el presupuesto, pero como seguramente las cosas se pondrían complicadas, buscaría que el presupuesto, en términos reales, al menos se mantuviera. Añadió: “Es decir que nunca tengan un presupuesto por abajo de la inflación, ese sí es un compromiso para adelante y vamos a procurar que aumente en términos reales, ese es mi planteamiento muy concreto”. Y sí, los aplausos, sonaron fuerte.
Sin embargo, una vez iniciado el periodo, en el primer presupuesto de la actual administración, las cosas fueron distintas. En términos reales, a pesos del 2020, el gasto para todo el sector de ciencia y tecnología en el 2018, el año previo que no era responsabilidad del gobierno actual, sumó 99 mil 550 millones de pesos y de ese total le correspondieron a Conacyt 33 mil 660 millones de pesos.
En cambio para 2019, en su primer diseño presupuestal, representaron 94 mil 700 millones de pesos y para el Conacyt 29 mil 360 millones de pesos. La disminución fue notable, el gobierno federal no mantuvo su compromiso anunciado en la transición. El volumen de recursos mejoró en este año, pero todavía sin alcanzar las cifras que tenía en 2018. Así que no, no fue como estaba previsto.
El otro componente importante del presupuesto y operación en el sector es el tema de los fideicomisos públicos. En este caso, también se trata de un compromiso del ejecutivo federal pronunciado a los 15 días de su triunfo electoral, es uno de los “50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana”.
AMLO, en el punto 18 de los lineamientos anunciaba: “Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia” (15. 07.2018). El tema es controvertido porque, efectivamente, los fideicomisos han sido uno de los agujeros negros de los recursos públicos, pero también han sido la tabla de salvación que ha permitido la operación de proyectos e iniciativas en el naufragio de indolencia de la burocracia gubernamental. El problema es que no sabemos qué dimensión alcanzan unos y otros.
Todo parecía indicar que un arreglo posible ya era suprimir los fideicomisos dudosos o poco transparentes y conservar los que funcionaban correctamente y rendían cuentas (Campus No. 845). Sin embargo, un decreto presidencial del pasado mes de abril, cuando la pandemia comenzó a apretar los recursos públicos, ordenó la extinción de todos los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos (DOF 02.04.2020). Una presión que se acentuó en las semanas siguientes con decretos y memorandos presidenciales de medidas adicionales de austeridad para la administración pública federal.
Los legisladores
El Congreso se disponía a extinguir los fideicomisos bien en el periodo de sesiones ordinario o en el reciente extraordinario, pero las comunidades académicas, culturales y científicas hicieron notar su necesidad e importancia. Los legisladores fueron sensibles y no fue punto de agenda. No obstante, el ejecutivo federal públicamente recriminó a los líderes del Congreso y miembros de la fracción parlamentaria de Morena, Mario Delgado y Ricardo Monreal, no haber considerado el punto de los fideicomisos en el periodo extraordinario (22.07.2020).
Una vez iniciado el actual periodo ordinario de sesiones, el diputado Mario Delgado, ingresó una iniciativa para suprimir una decena más de fideicomisos e incluía a dos del sector (Gaceta Parlamentaria 09.09.2020). Sin embargo, luego resultó que más bien eran alrededor de 60 y a la hora de aprobar el dictamen en la Comisión de Presupuesto de los diputados, en total sumaban 109 fideicomisos a suprimir e implicaban poco más de 68 mil millones de pesos (29.09.2020).
La extinción de los fideicomisos no ha sido clara ni sencilla, no lo ha sido en el Congreso y tampoco en la opinión pública. Por una parte, si algunos son una fuga de recursos públicos y escapan a la rendición de cuentas, habría que ordenarlos y exigir transparencia, lo que no parece nada sensato es eliminarlos sin ton ni son, sobre todo aquellos que tienen reglas claras, auditables y que, sobre todo, cumplen una función imprescindible. Por otra parte, es insostenible el argumento principal para proponer su completa extinción. No puede ser que, si se suprimen, los sectores recibirán directamente los mismos recursos que ahora manejan a través de fideicomisos pero, al mismo tiempo, esos recursos servirán para hacerle frente a los retos de la pandemia en curso, como lo han dicho los legisladores. La contradicción de posiciones es manifiesta y no es asunto de mezquindad.
En las sesiones de parlamento abierto y en los medios ha sido larga y ampliamente documentado qué importancia tienen los fideicomisos para los Centros Públicos de Investigación. El gobierno federal obtendría 785 millones si les quita esos instrumentos, no es una cantidad significativa, sin embargo, será un golpe letal para la operación y logros de los Centros. Lo mismo ocurre con los proyectos conjuntos con diferentes secretarías de Estado (fondos sectoriales) que sí suman recursos de mayor volumen (17 mil 500 millones de pesos), pero se trata de cooperación con todas las dependencias gubernamentales. O bien, los proyectos de investigación con las entidades federativas (fondos mixtos) que incluyen poco más de 8 mil millones de pesos. Si la inversión era modesta, ahora sin fideicomisos será menos.
El futuro para el sector no es prometedor. No lo fue por el presupuesto regular que le asignó el gobierno federal, no lo es por la pandemia en curso y peor será sin los fideicomisos. Sí, podemos imaginar un sector diferente, pero el real no será nada mejor.
