El mensaje político del presidente de la República, el que pronuncia a propósito del balance anual de su administración, es el que queda retumbando en los medios y en la opinión pública. No es propiamente el Informe de gobierno, pero se toma como si fuera ese voluminoso documento de casi medio millar de páginas y otra cantidad similar de anexos estadísticos.

Seguramente porque el mensaje sintetiza los principales logros de cada una de las áreas del gobierno federal, pareciera que los datos del informe en extenso ya son irrelevantes; lo más importante es lo que dice, reitera u omite el mensaje presidencial. Sin embargo, el examen del desempeño de la administración pública no puede prescindir de lo que reporta por escrito el ejecutivo federal.

En el mensaje que pronunció AMLO el pasado 1 de septiembre, el énfasis estuvo puesto en el combate a la corrupción. Al inicio de los 45 minutos de su discurso señaló: “Fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción y ahora no tengo la menor duda”. Y sí, es uno de nuestros grandes males; prácticamente nadie está en desacuerdo.

Al final de su discurso, volvió a reiterar que a pesar de que le pedían cambiar su proyecto, aplicar otras medidas económicas, tolerar la corrupción, definitivamente no traicionaría su compromiso con la sociedad ni faltaría a su palabra, no renunciaría a su congruencia. O sea, persistirán las medidas en marcha.

Pero si el combate a la corrupción era el contenido destacado en el mensaje ¿cómo ha mejorado la administración pública o en qué se ha traducido? En general, según los cálculos oficiales, dijo el presidente, al no permitir la corrupción y gobernar con austeridad, se ha logrado un ahorro de alrededor de 560 mil millones de pesos. Y añadió esa frase tan festinada como criticada: “No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno”.

La cantidad mencionada por el presidente es muy abultada, sobre todo en la situación en la que hoy estamos. Es equivalente al déficit presupuestario previsto para el ejercicio fiscal de este año o casi el 10 por ciento de todo el presupuesto de la administración, o bien, poco más de lo que se gasta en ecuación básica. Nada menos.

Sin embargo, lo paradójico es que las oficinas de la administración pública hoy tienen menos recursos para operar y, como ha sido del dominio público, en algunas secretarías ni computadoras tienen. La respuesta del ejecutivo federal ha sido que, en otros tiempos, los que lucharon por la libertad y la justicia no estaban esperando a tener una computadora para transformar, sugiere que los trabajadores compartan los instrumentos de trabajo (05.07.2020).

La corrupción y la austeridad no solamente fueron enunciados generales en el mensaje. En el ámbito de la ciencia y tecnología, dijo el presidente: “Al desterrar la corrupción, el Conacyt pudo orientarse a fortalecer el bienestar del pueblo de México por medio del desarrollo científico. Así, ha asignado becas con transparencia y equidad a 84 mil 599 estudiantes y a 34 mil 447 académicos por año, con una inversión anual total de 19 mil 132 millones de pesos; 14 por ciento más que en 2018”.

Desterrar la corrupción es un cambio muy significativo y qué mejor si con eso fomenta el desarrollo científico. El problema es que en el informe por escrito, en el apartado correspondiente, no hay ni una palabra al respecto. Sigue siendo un auténtico misterio qué corrupción había en Conacyt y por qué jurídicamente no se ha procedido. Lo único que las autoridades han expresado públicamente, es el volumen de transferencias de recursos públicos hacia el sector privado, lo que no está claro es si fueron ilegales o no.

Otro aspecto que llama la atención son las cifras del sector que dijo el presidente. No es claro si el incremento de 14 por ciento, respecto al 2018, se refiere al número de becas o al presupuesto asignado para esos apoyos, pero sean unas u otro, ambos disminuyen desde el año 2016.

Los datos del mismo Informe muestran que el presupuesto en 2016 para las actividades indicadas, en términos corrientes, era de 25 mil 180 millones de pesos, para 2018 disminuyó a 21 mil 384 y para este año es de 19 mil 487 millones (pág. 559 de los anexos). Lo mismo ocurre con las becas de posgrado: en 2016 sumaban casi 81 mil becas otorgadas, dos años después habían disminuido a 78 mil 817 y para julio de este año eran 73 mil 382. No son los fideicomisos.

No está nada mal el combate a la corrupción, persistir hasta erradicarlo y hacérselo saber a los ciudadanos. No obstante, las iniciativas que ha tomado el gobierno federal fácilmente se deslizan hacia una austeridad incomprensible, en donde las prioridades, las cifras y el desempeño de la administración se extravían en un beneficio que no se advierte. El informe no corrobora el mensaje.

Pie de página: El Conacyt retorna a la vía judicial para dirimir un conflicto más, ahora para reconocer o no a integrantes del Consejo de Aprobación del Sistema Nacional de Investigadores; falta la resolución definitiva del juicio de amparo. El proyecto de presupuesto de Conacyt para el año próximo es de 26 mil 573 millones de pesos. Este año tiene 29 mil 203 millones de pesos (incluyendo ingresos propios).