Al comienzo todo indicaba que el diseño de nuevas leyes seguirían la misma trayectoria: formas de consulta, complementariedad de objetivos, redacción de proyectos, cabildeo legislativo y, desde luego, tiempos de aprobación en el Congreso. No es el caso. Cada vez fue más claro que por su lado avanzaba la Ley General de Educación Superior (LGES) y por el suyo seguía la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (LGCTI). ¿Cuál será el punto de llegada de ambas y cómo lo harán?

Las dos leyes, seguramente usted lo recuerda bien, deben ser aprobadas por el Congreso a más tardar en diciembre de este año. Así lo estableció el artículo sexto transitorio de la reforma del artículo 3º constitucional, la misma reforma que quedó aprobada en mayo del año pasado. En ese entonces parecía un tiempo muy prudente, ahora el plazo ya es perentorio y el legislativo trae la agenda recargada.

La norma para educación superior tiene más de cuarenta años sin actualizarse y hoy ese nivel educativo ya es muy otro. A pesar de intentos repetidos por reformar su ley, nunca era el momento adecuado y ninguno cristalizó. Por el contrario, la ley del sector científico ha tenido grandes reformas en 1984, en 1999 y en 2002, las cuales han acompañado a la instauración del sector, con un diseño institucional con fallas y aciertos. Ahora ambas deben actualizarse por disposición constitucional, pero el punto en el que están es muy diferente.

En el caso de la norma de educación superior, según nota de Alma Paola Wong en Milenio Diario (30.08.2020), el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, en las vísperas del inicio del periodo del Congreso, se reunió con legisladores y autoridades universitarias en la sede de la Anuies. Lo notable del caso es que los actores principales ya están de acuerdo en una iniciativa.

El secretario Moctezuma, la autoridad educativa, dijo que la ley debe respetar la autonomía y recoger las aportaciones de las instituciones educativas. Por su parte, el secretario ejecutivo de la asociación de rectores, Jaime Valls, destacó el papel y propuestas realizadas desde hace tiempo por la Anuies. Esta última ha sido un organismo clave para establecer una línea de entendimiento.

A su vez, los titulares de comisiones en el Congreso, el primer e insoslayable filtro para la aprobación de las leyes, también expresaron su anuencia. Por ejemplo, el senador Rubén Rocha Moya dijo que el acompañamiento de la SEP ha permitido contar con “un documento más robusto”. El diputado Juan Carlos Romero Hicks celebró la apertura de SEP y el hecho de “llegar a un documento consensuado”.

Lo mismo ocurrió con la senadora Beatriz Paredes y la diputada Adela Piña, ambas celebraron el esfuerzo colectivo y la iniciativa que “integra la visión de todos”. O bien, el diputado Tonatiuh Bravo que anotó que ya nada más faltan “los puntos finos”. Tal parece que ya existe un proyecto de ley en el que todos están de acuerdo, solamente faltarían detalles. No es menor lo que resta, pero ya es mucho lo que hay.

La norma para el sector científico, en cambio, es un misterio indescifrable. Después de un primer proyecto de ley, ingresado por la senadora Ana Lilia Rivera en febrero de 2019, cuando todavía no había reforma constitucional aprobada, ningún otro se ha conocido. Tal vez por la ola de oposición que levantó la iniciativa de la senadora Rivera –la misma directora de Conacyt, Elena Álvarez Buylla, tampoco la reconoció– las elaboraciones que vinieron después se han mantenido en absoluta restricción.

El problema es que cuando se conozca oficialmente el proyecto de ley, podría tener un recibimiento similar al que tuvo el intento de febrero de 2019, porque la mayor dificultad con una ley es la satisfacción y consenso que puede suscitar entre los directamente implicados. Elaborar una ley conforme criterios particulares no enfrenta obstáculo ninguno, lo complicado es incluir visiones distintas y lograr una norma inclusiva, justa, armónica y estable.

Para eso han sido las reuniones, los foros de consulta, el parlamento abierto y otras tantas consideraciones, se dirá. Y sí, en estas páginas hemos dado cuenta de las características y resultados de esos procedimientos. Sin embargo, lo cierto es que los hilos de entendimiento entre la autoridad del sector y buena parte de las organizaciones están cortados o son quebradizos. Ni siquiera las comunicaciones unidireccionales del Conacyt por correo electrónico, registradas en las últimas dos semanas, pueden ser de mucha utilidad. Así es muy difícil.

La relación tampoco es la mejor con los legisladores. Solamente habría que recordar la reunión virtual con las comisión de diputados el pasado mes de mayo o la sostenida con la comisión de senadores en julio. Seguramente eso explica porque un eventual proyecto de ley del sector, a diferencia de lo que ocurre en educación superior, no tiene los pronunciamientos públicos de aprobación de las titulares de comisiones del Congreso.

No será imposible aprobar la nueva LGCTI. De hecho, eso ocurrirá sí o sí. Lo peor será que no salga bien: el sector no estará reflejado en el articulado y no consolidará lo bueno que había en las normas anteriores. Nada bien y nada más.

Pie de página: “Asimismo, se han sentado las bases de la independencia tecnológica, logrando en poco tiempo, entre otras aportaciones, el desarrollo y fabricación de los primeros ventiladores 100 por ciento mexicanos para salvar vidas en riesgo por Covid-19”, eso dijo el presidente de la República en su 2do Informe.