Tal vez, en las actuales circunstancias, resulta anticlimático preguntar por el plan para el terreno educativo. No el inmediato. Porque el gobierno, ocupado como está en sortear el atípico inicio del ciclo escolar fuera de las aulas y sentar frente a las pantallas de televisión a cerca de 30 millones de niños y jóvenes, por ahora no parece darse espacio para planear lo que vendrá después y lo que piensa lograr en su gestión.

¿Y si el después es trastocado completamente por lo que está ocurriendo ahora? ¿Qué tanto se prolongarán las condiciones bajo las cuales opera la impartición de clases en el presente? ¿No valdría la pena discutir y armar un plan b? Los escenarios más probables prevén la prolongación del distanciamiento social y un cuasi confinamiento hasta que exista un medicamento plenamente efectivo o la disposición universal de una vacuna. Lo segundo podría ocurrir en los primeros meses del año próximo.

Para el sistema escolar implica básicamente la continuidad de la educación a distancia y en algunos casos, principalmente en instituciones de educación superior y según autorización del sistema de salud, un modelo que podría combinar la educación presencial y a distancia. Así que el retorno a las aulas será muy gradual, secuencial y en bajas proporciones.

Sin embargo, todavía no sabemos el tiempo que llevará. Tampoco anticipamos sus efectos a lo largo del tiempo. Es más, ni siquiera sabemos algo tan elemental cómo el cierre del ciclo escolar anterior, el aprovechamiento que hubo y por ahora desconocemos cuántos niños y jóvenes retornaron a clase a través de las pantallas de televisión.

Ningún sistema escolar en el mundo estaba preparado para lidiar con la pandemia, aunque la línea base de infraestructura, el volumen de matrícula, formas de participación, esquemas de organización institucional, tipos de sostenimiento y capacidad de reacción, marcan toda la diferencia para hacerle frente a la contingencia.

La distancia que media entre un plan para conducir el sistema educativo y lo que ocurrirá en la realidad de ese mismo sistema siempre es variable. Algunas veces guarda una relación más o menos estrecha, otras veces tiende a apartarse, pero nunca es coincidente del todo. Un ejemplo es lo que ha ocurrido en educación y los programas sectoriales de distintos gobiernos.

El actual gobierno federal se ha mostrado especialmente reacio a rectificar sus decisiones y ni hablar de modificar sus prioridades. En el sector educativo se ha dado por satisfecho con su amplio programa de becas, suprimir la reforma educativa del sexenio anterior e instalar la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior en la letra de la Constitución. No es poco. Pero de poco sirven en el inestimable periodo de contingencia que atraviesa el sistema educativo y esos logros se sostendrán mientras alcancen los recursos financieros.

Tampoco sirve de gran cosa el Programa Sectorial de Educación 2020-2024. A pesar de la demora de medio año para su presentación pública —un retraso que es previo al inicio nacional del brote epidémic—, no tuvo cupo para mencionar la pandemia. En el terreno educativo, como en otras áreas de la administración pública, la impresión que arroja es la voluntad de sostener a toda costa los proyectos iniciales; la planeación burocrática y lo demás puede seguir en la inercia de siempre.

Pero ¿no sería lo mejor contar con un plan b que permitiera superar la adversidad del presente y marcar una diferencia de logro en el periodo? El acuerdo con la televisoras privadas para llevar el servicio educativo a los hogares está bien, algo similar al acuerdo con los hospitales privados para la atención del covid-19, pero esa medida pasa por alto que con esa tecnología los niños y adolescentes en condiciones más desfavorables serán los de menores oportunidades educativas y resultarán con mayor déficit de aprendizaje. Sí, ese grupo de población que aparece como prioridad en el discurso gubernamental.

No siempre se puede lo más deseable. Sin embargo, lo peor que puede ocurrir es intentar soluciones que no tienen bien identificado el problema o persiguen el objetivo equivocado. En el escenario actual existen dos componentes básicos para un plan. Uno comprende un dispositivo tecnológico con conexión a Internet, digitalización de materiales educativos pertinentes y su aseguramiento para los estudiantes de menores recursos. No sería difícil logarlo.

El otro es la intervención de padres de familia y maestros. No habrá plan que funcione sin unos y otros. El gobierno federal ha expresado su preferencia por el trato directo con beneficiarios, por asumir la última palabra en las decisiones y una franca incomodidad con los organismos intermedios. No obstante, sería momento repensar los esquemas de participación de los padres y sumar el esfuerzo de los profesores. No los podrá sustituir la TV.

Pie de página: Abigail Jiménez-Franco, vocera de científicos mexicanos en el extranjero, escribió la semana pasada en un tuit: “No es casualidad que nos estemos organizando, pues los recortes a Ciencia y Tecnología no han parado en el #Nuevoconacyt”. No, ninguna casualidad. Y suman múltiples organizaciones.