Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) no figuraron en el Proyecto de Nación 2018-2024, ese voluminoso e incipiente documento de campaña electoral presentado en noviembre de 2017 y que después sería ilustrativo de algunos de los principales programas del ahora presidente López Obrador.
En cambio sí estaba el proyecto de apoyar a jóvenes que deseaban cursar estudios superiores pero que no habían logrado ingresar a ninguna institución. En el documento se calculaban 300 mil jóvenes rechazados de las universidades públicas, proponía otorgarles una beca de 29 mil pesos anuales (un salario mínimo mensual: 2 mil 416 pesos) y preveía un monto de 8 mil 700 millones de pesos cada año (p. 406).
El 1 de diciembre de 2018, el día que asumió el cargo de presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la iniciativa para los jóvenes rechazados ya había tomado forma de compromiso. En el Zócalo de la Ciudad de México, como compromiso número siete anunció: “En 2019 estarán funcionando 100 universidades públicas, con carreras acordes a cada región del país para atender con educación de calidad y sin pago de colegiatura a 64 mil estudiantes del nivel superior” (01.12.2018).
Otro año después, en septiembre de 2019, en su primer informe de gobierno, donde el ejecutivo federal da cuenta del estado que guarda la administración pública, el presidente reportaba: “100 universidades públicas y gratuitas se encuentran en operación en sedes provisionales de distintas regiones pobres y marginadas del país. Hasta el momento 39,170 alumnos se tienen registrados en el programa para los dos ciclos escolares que lleva en operación y 815 docentes impartiendo clases. Asimismo, se han entregado 6,010 becas a los estudiantes. (p. 153).
Un centenar de universidades en menos de un año. No eran los 64 mil jóvenes proyectados pero la cifra era relativamente cercana y aunque no estaba claro si solamente 6 mil, todos o cuantos de los jóvenes matriculados en esas universidades recibían beca, en conjunto todo resultó asombroso. Porque la experiencia nacional e internacional da cuenta de las dificultades que entraña concebir el proyecto de una sola universidad, ponerla en marcha y obtener resultados satisfactorios.
Ampliar las oportunidades educativas en un país como México, en el cual solamente poco más de un tercio de sus jóvenes en edad de cursar estudios superiores llegan a la universidad y en su mayoría no provienen de los hogares más desfavorecidos, resulta no solamente deseable, también es muy necesario.
El proyecto de la UBBJG, según el decreto de creación de su organismo coordinador, intenta ofrecer educación de calidad y dirigirse a estudiantes ubicados principalmente en zonas de alta y muy alta marginación del país. Por la misma razón, desde que el programa fue anunciado, es manifiesta la preocupación porque sea una verdadera y efectiva alternativa para los jóvenes, para no repetir la historia de segmentación de calidad educativa, conforme origen social y lugar de residencia de los estudiantes.
Los datos del programa muestran que los jóvenes cursan estudios en 36 licenciaturas (solamente nueve de ellas cuentan con registro de validez oficial) y lo estudiantes reciben una beca de 2 mil 400 pesos, cantidad similar a la que se había anunciado en el documento de 2017. El presupuesto total del programa en este año es de casi mil millones (relativamente similar a la del año pasado), aunque está muy distante de los 8 mil millones que se habían proyectado.
Hasta ahí los datos generales sobre los que existe relativo acuerdo acerca del programa, lo demás es fuente de discrepancias y conflicto, incluyendo cifras precisas de beneficiarios, población objetivo, problema público que busca atender, organización académica y administrativa de las sedes, localización territorial, entre otros aspectos.
A este respecto resulta ilustrativa la reciente y primera evaluación institucional presentada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): “Evaluación de Diseño con trabajo de campo del programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García 2019-2020”.
A pesar del título del informe, en las páginas interiores se aclara que la evaluación está basada principalmente en trabajo de gabinete, porque “no se logró establecer las condiciones necesarias para realizar el trabajo de campo que se requería” (p. 21). Así que la evaluación está basada principalmente en revisión documental y algunas entrevistas.
El informe, de más de un centenar de páginas, hace una valoración equilibrada del programa conforme el marco y esquema utilizado por el Coneval, describiendo características principales, ponderando logros, inconsistencias y sugiriendo algunas mejoras. Al final realiza una serie de recomendaciones generales y específicas.
Sin embargo, al final del informe, vale la pena leer las ocho cuartillas de la posición institucional de las UBBJG sobre la evaluación que les fue aplicada en la que expresa su claro y extenso desacuerdo. Dice, entre otros aspectos: “No fue una grata sorpresa encontrarnos con que, justo al inicio de la gestión, se nos informara que había la pretensión de continuar con la práctica de imposición de diseños, mediciones de desempeño y evaluación de resultados llevada a cabo por organismos internacionales en gobiernos anteriores” (p. 103) Entonces, ¿no evaluamos?
