La disputa entre el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y el Conacyt, anotamos aquí mismo la semana pasada, se finiquitará en los tribunales, pero el asunto desde ahora tiene importancia para la elaboración de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Una prueba es el avance reciente que hace Conacyt sobre las características del FCCyT. Si sus rasgos tendrían que ser definidos en la nueva ley y si, por otro lado, el tema sigue en los tribunales ¿tiene sentido modificar ya mismo sus bases de integración? No. Pero lo tendría si lo que se intenta es delimitar cómo debe ser incluido en el próximo diseño de la ley.
El adelanto se suma a otros componentes que hemos destacado en este Acelerador de Partículas. La semana pasada el Conacyt anticipó lo que podría establecer la nueva ley en materia de participación, al expedir nuevas bases para la integración del Foro, tomadas por acuerdo de la directora del Conacyt y de la Mesa Directiva de ese mismo Foro recién instaurado (Comunicado 164/20).
Tal vez a algunos lectores, poco familiarizados con las múltiples instancias de gobernanza del sistema científico y tecnológico, no les suene de nada el nombre del FCCyT. De hecho, la palabra misma de foro remite a una reunión, un sitio o un encuentro de personas, más que a un organismo o instancia para conducir un sistema.
No obstante, con la denominación de foro, como organismo, se buscaba dar cabida a la participación de diferentes actores en la política científica y tecnológica, no solamente a la parte gubernamental que siempre había capturado el espacio público y tomaba prácticamente todas las decisiones.
Vale la pena recordar que en la segunda mitad de los años noventa, la figura presidencial comenzó a perder brillo y los resultados de las elecciones intermedias 1997 habían modificado la composición del Congreso de la Unión. El PRI ya no tenía mayoría simple en la Cámara de Diputados ni mayoría calificada en la de Senadores.
Un escenario que reflejaba el cambio político paulatino hacia una mayor pluralidad y la presencia de diferentes fuerzas políticas en el Congreso. En ese contexto cobró mayor ímpetu el principio de diseñar políticas de Estado, en contraposición a políticas públicas sexenales o centradas en el ejecutivo federal.
La idea de crear un foro no es de la ley del sector del 2002, venía desde la norma previa aprobada en 1999. En marzo de ese año, Pablo Rudomín, entonces presidente del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia, en reunión con la comisión del Senado que elaboraba el dictamen de aquella ley, expuso frente a los legisladores que el foro era el componente más importante de esa norma.
Además, mencionó que el foro requería la participación de todos los sectores del proceso y sería el instrumento para canalizar “formalmente opiniones y propuestas a las distintas instancias del Gobierno Federal, y la adaptación oportuna de leyes y reglamentos conforme a la experiencia y los retos que se vayan presentando”.
En mayo de 1999 quedó incluido en la ley como Foro Permanente de Ciencia y Tecnología, desde entonces se constituyó como “órgano autónomo de consulta” del poder ejecutivo, con participación voluntaria y honorífica de los sectores social y privado, así como con garantía de un apoyo necesario para su funcionamiento (artículo 25). Por cierto, en esa misma ley fue instaurado el programa del sector como programa especial (Peciti), el cual ahora sigue sin aparecer.
Después, en la reforma del 2002, cambió a FCCyT (la denominación que hasta hoy conserva), aglutinó funciones de diferentes órganos (como el entonces Consejo Consultivo que tenía Conacyt), amplió su actividad de órgano de consulta al Consejo General, a la Junta de Gobierno del Conacyt e incluso al poder legislativo federal.
En la Cámara de Diputados, sobre las características que tendría el nuevo Foro, en el dictamen de la comisión al proyecto de ley, se anotó que se integraría de forma plural, regionalmente equilibrado, “internamente organizado, con comités especializados y una mesa directiva compacta que asegure su eficaz funcionamiento; que cuente con un coordinador y un secretario técnico a efecto de que apoye permanentemente la operación del Foro, y otorgamiento por parte del Conacyt de los apoyos logísticos y administrativos para el eficaz funcionamiento del Foro”.
Luego vinieron las modificaciones a diversos ordenamientos secundarios para que el Foro cumpliera las funciones encomendadas en la ley, así quedó durante 18 años, hasta que en este periodo vino el conflicto y la semana pasada, sin existir una nueva ley para el sector, se expidieron nuevas bases para la integración del Foro.
Tal vez la normatividad del ámbito científico y tecnológico no pinta mucho en la arena política más grande, ocupada como está por la emergencia de la pandemia, la seguridad pública, el desarrollo económico, las controversias constitucionales y tantos otros. Sin embargo, el orden legal debe prevalecer en todos los ámbitos, a menos de que, en definitiva, la seguridad jurídica dejó de serlo, la participación social es totalmente prescindible y las políticas simplemente retornaron a la esfera gubernamental.
Pie de página: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es la clave sobre los nuevos ventiladores fabricados en México.
