El episodio más reciente sobre el recorte del 75 por ciento en el gasto de operación en toda la Administración Pública Federal (APF) y su rápido desenlace para el sector científico y tecnológico es aleccionador. Revela patrones conocidos y también algunas novedades.

Lo conocido es la imagen reiterada de lo que ha venido ocurriendo en el sistema científico y tecnológico: una reproducción incesante de tensar y distender la relación, según el tamaño de la reacción. Un patrón que viene repitiéndose casi desde el comienzo del actual periodo gubernamental. Siempre desconcertante y todo el tiempo inestable.

El sector, un día tiene la palabra y el compromiso de que su presupuesto, en términos reales, no disminuirá y a la hora de la distribución resulta que siempre no. O bien, por una ventanilla se levanta la voz sobre la rapacidad del sector privado en las actividades científicas y tecnológicas y por la ventanilla siguiente se le solicita su cooperación para alentar la inversión en investigación o para la fabricación de ciertos materiales.

Lo mismo con el reconocimiento público de los científicos: a ratos constituyen el norte de la brújula para salir del laberinto de los problemas nacionales y después es una caterva de conservadores, insensibles, privilegiados que no necesita el país. O bien, la propuesta de eliminar los fideicomisos públicos que se dibujan como el hoyo negro de la corrupción y al final resulta que sin esos instrumentos simplemente se caen las actividades científicas y tecnológicas.

Un patrón que se repite, algunas veces avanza a los hechos y otras no. Algo similar ocurrió con el reciente recorte de tres cuartas partes del gasto de operación de los CPI y su posterior rectificación. Aunque tal vez lo novedoso del caso es que apareció más nítidamente la segunda línea de mando y la responsabilidad de los diputados.

El lunes de la semana pasada venció el plazo para hacer efectivo el recorte de 75 por ciento en la APF y en la misma semana el presidente López Obrador, en su conferencia de prensa del día 28, a pregunta expresa, dijo que el recorte de los gastos de operación sería para todo el gobierno. El reportero insistió tres para saber si también aplicaría para los CPI y al final el ejecutivo federal repitió: “Para que quede claro es: se toma una medida, aplica para todos, aplica para Presidencia”.

Por la tarde del mismo día 28, en la conferencia encabezada por el subsecretario de salud, le hicieron la misma pregunta sobre el recorte a María Elena Álvarez Buylla, directora del Conacyt. En su respuesta dijo: “Y estos ahorros justificados en dependencias del gobierno están tomando en cuenta las particularidades de las dependencias que están involucradas en acciones sustantivas para atender esta pandemia, pero también en acciones que no deben de afectarse, como son las de los Centros Públicos de Investigación. Entonces, todo esto está claro desde el gobierno federal”.

En el sector no era nada claro y los recursos estaban restringidos en los CPI. La inconformidad crecía y la crítica pública iba en aumento. La propia vicecoordinadora de los diputados de Morena —la fracción mayoritaria en la Cámara—, Tatiana Clouthier, en carta pública dirigida al secretario de Hacienda, lo llamó a dialogar para encontrar alternativas al recorte y evitar el riesgo para los CPI (29.05.2020).

Una intervención parecida tuvo el diputado Mario Delgado, coordinador de la fracción de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, a propósito de la iniciativa para cancelar los fideicomisos públicos. Un proyecto impulsado por la diputada Dolores Padierna, integrante del mismo partido y vicecoordinadora de la Mesa Directiva.

Al final, el lunes de esta semana, según informó Sergio López Ayllón, director del CIDE —uno de los centros que tuvo mayor exposición mediática—, se resolvió favorablemente porque no habrá recorte para el CIDE, ni para ninguna otra institución pública de investigación.

Lo que llama la atención, en primer lugar, es que la información oficial sobre la resolución adoptada no provenga del Conacyt, o de su propia directora. Habría sido lo más conveniente, sobre todo si fue parte de la solución, aunque podría ser que el proceso no esté concluido de forma definitiva.

También, cada vez es más claro que, como ocurrió con el recorte, la segunda línea de mando de la APF puede jugar un papel relevante para modificar los cursos de acción erróneos. Después de todo, el gabinete legal está en la primera línea que recibe las reacciones de sus respectivos sectores y, como es obvio, cargará con la responsabilidad de lo que sale bien y lo que no.

Finalmente, el papel de los legisladores no es menos relevante. Lo fue para reformar el artículo 3º constitucional, lo es para distribuir anualmente el presupuesto y lo será para decidir un nuevo marco normativo del sector, incluyendo los fideicomisos públicos, entre otros puntos de agenda. El problema es que todo parece provisional y sostenido con alfileres.SUBBBTITULOPie de página

A propósito de la discusión de los científicos y el porfiriato, el historiador Javier Garciadiego le recomendó a AMLO leer a Mestrio Plutarco y especialmente “Cómo sacar provecho de los enemigos”.