El mayor reto para la Administración Pública Federal (APF) es cómo dar resultados con una cuarta parte del total de recursos financieros que tenían asignados para operar. En conjunto son 316 instituciones: 35 por ciento de administración central, 60 por ciento paraestatal y 5 por ciento empresas productivas del Estado. Al cierre del 2018, el dato oficial más reciente, sumaban un millón 478 mil servidores públicos para poner en marcha las acciones del gobierno federal.

Desde el 19 de marzo de este año, cuando finalmente sesionó el Consejo de Salubridad General, comenzó la “Jornada Nacional de Sana Distancia” (DOF. 24.03.2020) y la consecuente suspensión de actividades que involucrarán concentración física, tránsito y desplazamiento. La duración inicial del confinamiento era hasta el 19 de abril.

El “quédate en casa” incluyó a todos los sectores. El ordenamiento normativo precisó que, para el caso del sector público, serían los titulares de las áreas de administración y finanzas en cada entidad los que determinarían las funciones esenciales que deberían garantizarse y tener continuidad en las oficinas públicas.

No hay información oficial de cuántos funcionarios siguieron laborando, pero seguramente la mayoría se quedaron en casa. Transcurrieron las semanas, llegó el 19 de abril y todavía ni siquiera asomaba la expansión nacional de la epidemia (en esa fecha había 261 casos acumulados y 685 personas fallecidas). El periodo de la Jornada Nacional de Sana Distancia se extendió al 30 de mayo.

En el ámbito del gobierno federal comenzó la preocupación por la marcha de la economía, las actividades esenciales de la burocracia y, lo peor, de dónde sacar los recursos para enfrentar el covid-19 sin endeudarse.

El presidente de la República, López Obrador, emitió el decreto de austeridad, mediante el cual anunció 11 medidas de aplicación urgente para la administración central e incluyó a los organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas estatales y fideicomisos públicos (DOF. 23.04.2020). Es decir, también estaban considerados Conacyt y los Centros Públicos de Investigación.

La redacción jurídica del documento fue ampliamente cuestionada. Una de las medidas más relevantes indicaba: “No se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros”. Rubros que se refieren a los capítulos 3000 y 2000 del gasto público, respectivamente. Además, extendía la suspensión de labores de servidores públicos hasta el primero de agosto, ordenaba que la mitad de oficinas debían permanecer cerradas y en artículo transitorio señalaba que la vigencia del decreto sería hasta el 31 de diciembre de este año.

La ambigüedad jurídica del documento no permite saber con exactitud el periodo de aplicación. Sin embargo, donde no hay duda es en el recorte de recursos. Unas semanas después de emitido el decreto, la secretaria de la Función Pública remitió un escrito a la Oficial Mayor de Hacienda (oficio FP/100/274/2020) para verificar que las oficinas de la APF devuelvan el 75 por ciento de los recursos. Este lunes 25 de mayo era la fecha límite.

Los cálculos sobre el volumen de recursos que están implicados son muy variables, pero lo ocurrido el año pasado nos puede dar una idea. En 20l9 el gasto de operación ejercido en todas las entidades centralizadas, no sectorizadas y desconcentradas sumó 165 mil 465 millones de pesos (alrededor de 13 mil 789 millones de pesos mensuales). Por cierto, Educación y Gobernación tienen los montos más altos con el 29 por ciento del total.

Una extrapolación de cifras para este año permitiría suponer que ya se habían consumido poco más de 55 mil millones de pesos para cuando se emitió el decreto de austeridad. Entonces, la parte que quedaría son aproximadamente 110 mil millones de pesos y si de ese total las entidades devolvieron el 75 por ciento, incluyendo lo “supuestamente comprometido”, lo restante serán 27 mil 578 millones de pesos para operar. Una cuarta parte del presupuesto originalmente asignado. ¿Será por todo el resto del año? No está claro, aunque es probable.

En la actuales circunstancias los gastos de operación son menores, porque la mayoría de instituciones de la APF tienen poco personal o están cerradas. Sin embargo, no puede generalizarse un recorte de recursos y pensar que nada ocurrirá, la operación (mantenimiento, combustibles, servicios básicos) está comprometida e indudablemente las actividades posteriores serán afectadas. Un “tiempo fuera” para la puesta en marcha de las políticas públicas inevitablemente se mostrará en los resultados. Aunque sin recursos, ni plan, ni programas sectoriales, no sabremos su dimensión. Solamente veremos el efecto en el servicio público.

Pie de página: La iniciativa de ley para suprimir los fideicomisos públicos logró un rechazo rotundo, casi unánime, en el sector cultural y científico, pero la amenaza sigue latente. Los Centros Públicos de Investigación no salen de una y entran a otra, ahora tienen la instrucción de que todos sus esfuerzos y actividades sobre la epidemia deben ser acordados y coordinados por Conacyt.