El Conacyt tenía 62 fideicomisos, porque para todo era fideicomiso y puro influyentismo, y destinar recursos a financiar empresas”. Eso dijo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina del pasado 16 de abril, después de las exposiciones de Zoé Robledo y Hugo López Gattel, el director del IMSS y el subsecretario de salud, respectivamente.

También fue el día en el que todo parecía indicar que el ejecutivo federal decretaría la temida fase 3 de la epidemia en México. No fue exactamente así, porque el anuncio del período crítico vendría cinco días después, apenas el martes de esta semana.

Sin embargo, la explicación de aquel día, al igual que el reciente anuncio de la fase 3, quedó a cargo del subsecretario López Gattel. Y éste último, la semana anterior, dijo: “Todavía técnicamente no estamos en la fase 3 en forma generalizada, pero hemos dicho que dada la intensidad de transmisión existen zonas que hay que tratar como fase 3”.

O sea, había regiones como el Valle de México y otras zonas metropolitanas que desde entonces presentaban un comportamiento típico de la fase 3, pero como lo que definía a ésta es la transmisión territorial generalizada, entonces no se podía decir que existía una sola fase 3 para todo el país.

Así que, como propuestas importantes anunciadas el 16 de abril, mismas que posteriormente debía formalizar el Consejo de Salubridad General estaban: extender la Jornada Nacional de Sana Distancia al 30 de mayo, un mes más a lo que estaba previsto; los municipios de baja o nula transmisión concluirían el 17 de mayo las medidas de seguridad sanitaria; y a partir del primero de junio vendría una recuperación de forma escalonada de todas las actividades sociales y la vida pública.

Ninguna de las tres propuestas fueron formalizadas por el Consejo de Salubridad General ese día, tampoco aparecieron publicadas al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación y ni siquiera en los días posteriores. Sin embargo, desde entonces, públicamente, fueron tomadas como las medidas correctas y todo mundo asumió que las fechas anunciadas eran inapelables.

Lo relevante es que la mención de los fideicomisos por parte del presidente López Obrador y las propuestas presentadas por el subsecretario López Gattel, tomaron como punto de referencia el trabajo que actualmente desarrolla el Conacyt. O sea, pareciera que las medidas en marcha están comandadas por el conocimiento y la actividad científica que impulsa el organismo. No obstante, el caso más bien es el contrario: las medidas conducen al organismo.

Por ejemplo, el 16 de abril el subsecretario de salud expuso en detalle las medidas seguidas desde el comienzo de la epidemia, pero principalmente los patrones de movilidad que, según su argumentación, mostraban la anticipación y lo acertado de las acciones que el gobierno federal había adoptado, no así las que tomaron algunas entidades federativas.

El subsecretario agradeció el trabajo de colaboración de Conacyt y otras instituciones que habían conjuntado esfuerzos para integrar una unidad de datos y análisis de información sobre movilidad, lo cual había permitido tener certeza sobre las medidas. Todo bien. Sin embargo, vale la pena recordar que la involucramiento del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas es reciente, se dio a partir de este mes con la convocatoria a sesionar del Consejo de Salubridad General y lo es para una demanda específica. No dirige, en todo caso sigue las medidas.

Algo similar ocurre con la operación de los fideicomisos en el sector científico y tecnológico. El presidente López Obrador había planteado la extinción de fideicomisos en toda la administración pública desde antes del comienzo de su mandato porque, como lo ha reiterado, está convencido de que son la ventana que se abre a la corrupción y transferencia de recursos públicos hacia las empresas.

A la fecha, públicamente, no hay una denuncia formal al respecto. Tampoco ningún reporte oficial que precise la operación ilegal o irregular de los fideicomisos. En cambio sí hay expresiones de los beneficiarios de los fideicomisos que han documentado sobre el daño que causará su desaparición.

No obstante, a partir del decreto presidencial del pasado 2 de abril todos los fideicomisos quedaron eliminados, los órganos directivos del Conacyt dieron trámite al proceso de extinción y sigue quedando pendiente qué ocurrirá con las actividades relacionadas con la actividad científica y tecnológica que estaban amparadas en esos instrumentos.

La administración pública federal debe tener un desempeño técnico coordinado y armónico entre sus diferentes dependencias, por eso existe un Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales. Pero no es infrecuente que consideraciones políticas se impongan sobre la experiencia, especialidad y el conocimiento técnico de las mismas dependencias. Conviene tener claro qué criterios se superponen y cómo se toman las decisiones.

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