Un año y nueve meses después se convirtió en decreto presidencial la idea de cancelar fideicomisos en la administración pública federal porque hoy apremia sacar recursos de donde sea. No podría decirse que es una medida inesperada, el ahora presidente de la República la anunció dos semanas después de su triunfo en las elecciones. Pero sí es anticlimática, paradójica y pega en la línea de flotación de la actividad científica y tecnológica.

López Obrador la enlistó el 15 de julio de 2018 como parte del medio centenar de lineamientos para el combate a la corrupción y la austeridad republicana. Había motivos. Unos meses antes, la asociación civil Fundar dio a conocer un informe que detallaba cifras y operación de los fideicomisos: los que no pasaban por la estructura administrativa de las dependencias (sin estructura orgánica o no paraestatatales) incluían alrededor de 772 mil millones de pesos y habían sido uno de los instrumentos preferidos para evitar la rendición de cuentas en el ejercicio de recursos públicos.

No obstante, desde entonces, estaba claro que no todos los fideicomisos públicos eran opacos e irrelevantes. La preocupación era que algunos fideicomisos útiles se tiraran junto con el agua sucia de la corrupción. Ahora mismo, con el decreto de extinción, los propios titulares de las oficinas gubernamentales no saben bien a bien cuántos de los recursos financieros que sirven a sus respectivos sectores quedarán a salvo y acaso esa misma incertidumbre muestra la sorpresa y discrecionalidad de la aplicación.

Un atisbo de esa perplejidad la reveló el propio presidente López Obrador en su conferencia de prensa del pasado lunes 6 de abril. El periodista Miguel Reyes Razo le preguntó si era una de sus preocupaciones el financiamiento para las actividades científicas y tecnológicas. El ejecutivo federal, entre otras cosas, dijo:

Les quiero aclarar, qué bien que tratamos este tema, ahora que se tomó la decisión de recoger los recursos de los fideicomisos y de los fondos, en el caso de Conacyt había 64 fideicomisos y como el decreto es que se concentren en Hacienda todos los recursos, pues preocupada la directora del Conacyt me escribió para decirme que ellos estaban ya haciendo un esfuerzo para concentrar y eliminar fideicomisos, que no tenían ninguna utilidad pública, pero que le preocupaba que se quedaran sin recursos, más ahora que están necesitando estos fondos para la elaboración del ventilador, que va muy avanzado.

El presidente se refería a los recursos financieros para el trabajo que están realizando algunas instituciones y algunos de los centros públicos de investigación (el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial y otros centros) para el diseño y producción de un prototipo de respirador.

Además, el ejecutivo federal describió la nota que le hizo llegar la directora del Conacyt y precisó que de los 64 fideicomisos existentes, la misma titular del organismo le aclaró: “Es más, creo que con uno (con un fideicomiso nos conformamos)”.

O sea, si alguien pensaba en la posibilidad de convencer al ejecutivo federal o al secretario de Hacienda sobre la conveniencia de conservar todos o la mayoría de fideicomisos, de una buena vez cabría anticipar que eso no ocurrirá.

El artículo 3 del decreto de extinción indica que Hacienda —en consulta con Función Pública— es la secretaría facultada para resolver las excepciones de terminación de fideicomisos. El plazo perentorio para saber cuáles sí y cuáles no se conservan venció ayer mismo, aunque todavía no hay información pública de cómo quedaron.

¿Qué fideicomisos son en el sector y qué volumen de recursos financieros implican? Se refieren principalmente a los llamados fondos sectoriales, fondos mixtos y a fondos que operan los Centros Públicos de Investigación (CPI). Los primeros son esos montos que el Conacyt en coordinación con otra secretaría de Estado instauran para impulsar la investigación de problemas relacionados con sus respectivos sectores (educación, energía, economía, medio ambiente, etcétera); los segundos tienen una función similar, pero la parte corresponsable es una entidad federativa o un municipio; y los últimos son los que están bajo administración de los CPI.

Un cálculo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) dice que el ramo del Conacyt concentra 22 mil 631 millones de pesos en fideicomisos sujetos a extinción (el volumen total en todos los sectores es de 181 mi 472 mdp). Otra estimación de Leonardo Núñez González señala un volumen relativamente similar para Conacyt: 21 mil 844 millones de pesos (educación.nexos.com.mx). En cualquier caso, el monto es casi equivalente al presupuesto autorizado para este año a Conacyt: 25 mil 659 mdp.

En el volumen de recaudación de la Tesorería de la Federación no pesarán mucho, pero para el sector serán una baja demoledora, justo cuando más se les necesita. El problema no es que desaparezcan todos o la mayoría de fideicomisos, el problema es que quedarán en ceros. Adicionalmente, Función Pública instruyó a reducir en 50 por ciento del presupuesto asignado a las dependencias para servicios generales y gastos de operación. Tiempo nublado.

Pie de página: El Consejo Europeo de Investigación también se desasosiega con la variable covid-19.