A la memoria de Rafaela, mujer ejemplar.
La nota de Carlos Carabaña dice que el “Conacyt ocultó informe crítico con el Tren Maya” (El Universal 09.03.2020). La construcción de la obra fue una promesa del entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, es un magno proyecto de alrededor de 8 mil millones de dólares para impulsar el desarrollo del sur-sureste mexicano y también es una de las obras polémicas de la actual administración.
El mismo día que apareció la nota, Conacyt emitió un comunicado para señalar que el organismo “no ha ocultado nada”, porque tal informe comenzó a distribuirse “a partir del 28 de febrero” en más de una docena de dependencias gubernamentales. (147/20).
Según lo descrito por Carabaña, el organismo rector de la política científica y tecnológica invitó en septiembre del año pasado a una treintena de investigadores para que analizaran las afectaciones que tendría la construcción del Tren Maya en las diferentes comunidades y ciudades, puesto que se extenderá territorialmente.
La idea fue elaborar un reporte con información sobre el impacto de la construcción, para difundirlo de forma anticipada a la consulta que iniciaría en noviembre y culminaría a mediados de diciembre del año pasado. El informe está fechado en diciembre de 2019. Sin embargo, dice la nota de Carabaña, “el informe, en lugar de ser distribuido a secretarías y público en general, fue detenido”.
El supuesto reporte no incluye estudios de infraestructura ni tampoco de impacto ambiental y social. No obstante, ahí se adelanta que tendría afectaciones negativas sobre una decena de áreas naturales protegidas, entre ellas la recarga de mantos freáticos y su capacidad para capturar bióxido de carbono atmosférico. La construcción del Tren también implicaría la “destrucción irrecuperable” de más de un millar de sitios arqueológicos y vulneraría los derechos de casi dos centenares de comunidades indígenas.
La consulta sobre el Tren Maya concluyó el 15 de diciembre del año pasado y obtuvo un respaldo mayoritario de las comunidades indígenas convocadas (el 92 por ciento de más de un millar de comunidades). Sin embargo, posteriormente, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), invitada como observadora del proceso de consulta, emitió un comunicado para advertir que en el proceso no se habían “cumplido con todos los estándares internacionales en la materia” (19.12.2020).
El comunicado de ONU-DH precisó que: la Oficina observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada solo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar. La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada.
El gobierno federal a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, externó su preocupación de lo que llamó “descalificaciones” que abonan a un clima de incertidumbre y de falta de respeto a la voluntad de las comunidades indígenas (23.12.2019).
Ahora, cuando se da a conocer que existía un informe sobre el Tren Maya y no se dio a conocer públicamente, sino meses después, se advierte la relevancia y obligación gubernamental de contar con información precisa, oportuna y confiable. No es un asunto a discreción o voluntad de los servidores públicos.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece el principio de máxima publicidad para los sujetos obligados. Es decir, toda la información que posean deberá ser pública, completa, oportuna y accesible. La todavía vigente Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, desde mayo de 2014, adicionó el capítulo X para precisar las características del acceso abierto a la información.
Incluso, la actual administración del Conacyt, en el mes de noviembre del año pasado, anunció que era partidaria de una política de datos abiertos para “facilitar a la población su acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier fin” (Comunicado 106/19). Por la misma razón no se entiende el retraso en su difusión.
En diferentes oportunidades, hemos llamado la atención sobre la importancia de contar con información precisa y actualizada. La administración anterior se marchó sin publicar el último Informe General del Estado del sector, a pesar de la obligación normativa que mandata publicarlo anualmente. Las cosas no parecen mejor en la presente administración, porque no actualiza la información y está pendiente de aclaración el tema del financiamiento para ciencia como proporción del PIB y la participación del sector privado en el mismo, por ejemplo. Los datos más recientes del sistema son de 2017.
Ojalá que el Tren no arrase con la información o la demore.
Pie de página: El doctor Ranulfo Romo Trujillo del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM solicitó su separación laboral de la institución y también del Colegio Nacional. La marea expansiva de las mujeres es incontenible.
