La crisis de salud por la que cruzamos exhibe las debilidades del gobierno y de la economía, que saldrán con más daños después de la pandemia por el coronavid-19. Frente a la pandemia, hay universidades, en otros países, que han reaccionado de inmediato, dedicando esfuerzos de investigación para darle una respuesta a este problema de salud pública. En México, la UNAM ha presentado una lista bastante numerosa de científicos, de distintas disciplinas, dispuestos a cerrar filas para colaborar en la solución del problema en nuestro territorio.
En lo que va de este siglo, hemos experimentado dos crisis, cuya influencia se ha dejado sentir en las universidades: la de ahora, que nos tiene encerrados en casa y cerradas las universidades, y la crisis del 2008, que en USA, por ejemplo, significó bajar los costos de la matrícula y, después, enfrentarse a un cambio en las motivaciones: los jóvenes enfatizaron más la utilidad de estudiar una carrera con fines de mercado laboral (Fuerte, 2019). Las crisis tienen efectos objetivos y subjetivos.
En México, las circunstancias presentes ponen de manifiesto que la universidad pública que le hace falta al país, para transitar en la incertidumbre, va a requerir de las actuales instituciones cambios de forma y contenido. La universidad tendrá que hacer explícitos sus mecanismos de adaptación y transformación con el entorno social en el que se desenvuelve, con la comunidad académica y con los sindicatos que representan a los trabajadores. Darle racionalidad al cambio mediante un proyecto de consenso que abra oportunidades colectivas a los estudiantes.
La administración central de la universidad atenderá los intereses de todos los actores universitarios y estimulará su mayor participación en la toma de decisiones del campo institucional al que estén adscritos. Porque los intereses académicos y políticos son de muchos tipos. Las universidades públicas del país son extraordinariamente heterogéneas. Habrá que equilibrar posibilidades. El cambio significará una mayor y mejor distribución del poder. La administración deberá servir y no servirse de la academia.
El contexto, creado en los últimos años, requiere que en la universidad se construya un marco de certidumbre y confianza; lograr que entre los rectorados y las comunidades académicas se establezcan acuerdos que soporten las nuevas formas docentes y de investigación. El cambio demanda voluntad política. La situación actual es propicia para que las casas de estudio revisen su normatividad y reglamentación académica, tal que brinden apoyo al cambio de nuevas prácticas docentes y de investigación.
Como lo escribí hace algunos años (Campus, No.680), sigo pensando que en un medio con alta penetración de las tecnologías de la información, será indispensable tener una actividad docente distinta a la exposición del profesor en clase. Con las nuevas tecnologías, y la información que brindan, seguramente habrá más participación de los estudiantes en clase y el profesor tendrá que orientar sobre cómo reflexionar y cuáles son los métodos para transformar los datos en conocimiento.
Habrá que estimular el trabajo en equipo, y la flexibilidad curricular estará ligada a la movilidad de los estudiantes dentro y entre unidades docentes. Dar tutorías para el autoaprendizaje. Igualmente, la universidad debe prepararse para recibir a sus egresados en el curso de vida, mejorar el egreso y luchar contra la deserción.
El internet vino a cambiar la vida de las personas, sus relaciones sociales, pero también la organización de una institución como la universidad y las posibilidades de adquirir información y conocimiento. Asimismo, ha dado lugar a participar en agrupaciones virtuales de académicos y estudiantes, que deberían florecer entre las instituciones del país y con las de Iberoamérica.
Por otro lado, será necesario mantener una buena franja de investigación básica relacionada con la investigación aplicada y con el doctorado. Alimentar la existencia de equipos multi e interdisciplinarios que atiendan la investigación de problemas concretos, que respondan a las demandas y necesidades emergentes de la sociedad y del entorno. Cuyos productos no tengan la exigencia de ser publicados en revistas indexadas, o en lenguas extranjeras, para sancionar su calidad. Diseminar trabajos e informes entre muchos públicos, particularmente aquellos con resultados y recomendaciones para quienes estén afectados por un problema.
En suma, de aquí para adelante, la universidad tendría que trabajar para reorganizar su quehacer. Asimismo, abrir un foro para “el debate y el diálogo de los universitarios (sobre la universidad que nos hace falta), sobre el proyecto y sobre las estrategias que deben seguirse para desarrollarlo” (SES, 2010). ¿Se presentarán dificultades para el cambio? Seguramente sí.
La universidad tiene la responsabilidad de transformarse a sí misma para ajustarse a las características y demandas de la sociedad en su desarrollo histórico, comprometida con sus estudiantes y académicos para funcionar mejor. El cambio en cada institución lo deben impulsar los rectorados, los actores universitarios y los órganos colegiados. La historia de las universidades dará fuerza a esta tarea.
