Tal vez fue, simplemente, una modificación menor en los cientos de miles de trámites administrativos que rigen la relación entre las oficinas gubernamentales y los gobernados. O tal vez no. Quizás es otra vuelta de tuerca a la coexistencia entre lo público y privado en el sector científico y tecnológico.
La semana pasada, a algunos investigadores de instituciones particulares, pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el gobierno federal les suspendió el incentivo mensual que recibían. Según trascendió en redes sociales, sin más ni más, académicos de la Universidad La Salle y de la Universidad Iberoamericana (plantel León) recibieron individualmente la notificación en su correo electrónico.
Lo sorprendente es que no hubo ninguna aclaración oficial del Conacyt; tampoco por parte del propio SNI. Después, en redes sociales y otros medios se aclaró que la suspensión se debió a que las instituciones no renovaron el correspondiente convenio de colaboración.
Si solamente se tratara de una omisión administrativa, la falla no tendría ninguna relevancia. Total, aunque alguien tendría que sufrir las consecuencias por su falta de cuidado, rápidamente se corrige el error y listo. Sin embargo, lo cierto es que el asunto podría reflejar motivaciones más hondas y amplias.
El SNI es ese programa de incentivos individual, previa evaluación del desempeño, dirigido a los investigadores. El año pasado cumplió 35 años de estar en operación; instaurado como remedio pasajero para amainar los efectos de la crisis económica de esos años en el salario de los académicos. Si al comienzo parecía una iniciativa provisional, ahora queda claro que forma parte del inventario institucional, también de las percepciones salariales imprescindibles de los académicos y es una pieza clave del engranaje nacional de las actividades científicas y tecnológicas.
A pesar de que el SNI conserva el principio de evaluación del rendimiento individual, en las más de tres décadas de funcionamiento se ha transformado de forma importante. No solamente sus miembros han aumentado de forma notoria (pasaron de un millar y medio en su primer año a más 30 mil en el año pasado), sus áreas y comisiones dictaminadoras ahora son más amplias (de tres pasó a nueve) o afinado sus criterios de evaluación, también se abrió a la participación de investigadores de instituciones particulares.
En 1984, en su primera convocatoria, el SNI solamente fue para investigadores de instituciones públicas y de tiempo completo. En 1988, una reforma al decreto de creación del programa, abrió el sistema al sector privado. Aunque las instituciones particulares debían firmar un convenio con el SNI y, lo más importante, los incentivos otorgados serían con cargo a los fondos de las mismas instituciones acreditadas en el convenio.
Así que a partir de 1988 y durante las siguientes dos décadas, los aspirantes del sector privado aceptados en el SNI solamente recibieron el nombramiento distintivo de “investigadores nacionales”, pero no compartieron la misma fuente de recursos públicos para sus incentivos.
Sin embargo, desde 2008 el Conacyt aceptó contribuir con el 30 por ciento de los incentivos que recibían los investigadores de instituciones particulares. En ese entonces se dijo que con el fin de fomentar la participación de instituciones de educación superior del sector privado en actividades de investigación y desarrollo tecnológico.
Después, en enero de 2014, el Conacyt anunció la firma de un nuevo convenio en el que quedaron incorporados científicos y tecnólogos de instituciones particulares. Es decir, aclaró el organismo, éste aportaría el 100 por ciento del monto del incentivo económico a los investigadores del sector privado pertenecientes al SNI.A su vez, como parte del convenio, las IES particulares adquirieron “el compromiso de canalizar el equivalente de los recursos que el SNI destinará al incentivo de sus investigadores, al desarrollo de la investigación en sus instalaciones, así como al fomento de posgrados de excelencia”.
Ahora, la actual administración hizo un nuevo ajuste al formato de los convenios: las instituciones particulares deben canalizar a rubros específicos la inversión en ciencia y tecnología que realicen y entregar cuentas de los últimos tres años de ejercicio. Al parecer, algunas instituciones no cumplieron los requerimientos con oportunidad y a sus investigadores les suspendieron el incentivo.
¿La suspensión será momentánea? Podría ser. Sin embargo, desde el año anterior la actual administración cuestionó la transferencia de recursos públicos para innovación en empresas que ocurrió en el periodo anterior. Una crítica que ha puesto sobre la mesa la participación del sector privado en las actividades científicas y tecnológicas.
Si ahora se suma el ajuste en los convenios entre el SIN y las instituciones particulares, probablemente presenciamos el comienzo del camino inverso en el desplazamiento de lo público y privado en el campo científico y tecnológico. La inversión en el sector será una de las claves para comprender el asunto. Pronto veremos las cifras y otros factores.
