Entramos al tercer decenio de este siglo con una problemática complicada en las universidades públicas, sin que se vean soluciones efectivas. Algunas con dificultades económicas han recibido recursos del gobierno federal, pero otras todavía se encuentran en crisis financiera, que se refleja en desgaste y descomposición de las comunidades académica y estudiantil. La UAS y la UABJO, por ejemplo, están demandando al gobierno federal, la entrega del subsidio para pagar la nómina de enero. Otra universidad ha protestado porque sus trabajadores son rehenes del salario (UMSNH).

En la de Nayarit se cambió la ley orgánica, por arbitrio del gobierno estatal, a lo cual protestaron rectores de otras instituciones, por la flagrante violación a la autonomía y la falta de participación de la comunidad en un suceso político mayúsculo. En ella se encontró que la administración ha hecho gastos y dado préstamos injustificados.

La UAM puede amanecer, uno de estos días, con un paro laboral. En la UNAM hay dos escuelas y una facultad en huelga, desde hace un par de meses. Y a pesar de que las autoridades han aceptado resolver las demandas de las estudiantes, todavía no hay un arreglo y se corre el peligro de perder el semestre. Ojalá que prevalezca el espíritu del diálogo y el acuerdo, y que se resuelva el conflicto. Esperemos que se tenga la madurez para generar cambios institucionales por las vías que siempre están abiertas en la Universidad Nacional.

Las universidades públicas, además, tienen enfrente el reto de superarse académicamente, en todos los campos del conocimiento, abrir otros, ajustarse a las nuevas realidades de la vida nacional, y conseguir los recursos para avanzar en esta era de transformación tecnológica y política.

La desigualdad en México, un verdadero galimatías, es transversal en la estructura social (económica, de clase, raza, género, territorial), y toca a las universidades públicas. En el conjunto, hay una jerarquización vinculada a las orientaciones de las políticas educativas y la distribución de los recursos económicos que proporciona el gobierno. Las universidades de unos Estados son más débiles que las de otras entidades federativas. Y eso se refleja en la docencia y en diferentes capacidades científicas para producir conocimiento, que sirva al desarrollo y al bienestar social.

Un rector (UAZ) ha planteado la necesidad de hacer un movimiento autotransformador en las universidades, y que de una buena vez se produzcan cambios para que las administraciones sean eficientes, transparentes y rindan cuentas a la sociedad. Que exista una mejor comunicación entre la administración y la comunidad, para lograr acuerdos políticos en instituciones heterogéneas, que tienen una enorme pluralidad de ideas, métodos, intereses y rutas a seguir.

La espera por cambios sustanciales que impulsen a la academia, puede llegar a un punto de agotamiento cuya respuesta sea un movimiento masivo, como los que se han producido el año pasado en países de Europa, Asía y América Latina. Movimientos sociales estimulados por problemas que se están volviendo comunes a nivel global, como la discriminación, la falta de trabajo para personas que estudian una carrera, los bajos salarios que les pagan, la polarización social por la concentración de la riqueza y una violencia marcada en todos los segmentos de la sociedad.

El problema de la violencia se ha hecho cada día más evidente en México, y no se trata solo de aquella que provoca la criminalidad. Y no solo se trata de violencia material, porque la violencia simbólica también existe. Pero en ambos casos provoca inseguridad, que se hace presente en las universidades. No es un fenómeno nuevo. Pero a fuerza de persistir, y no prestarle la atención debida, se ha agravado.

Las y los estudiantes perciben al país, a su lugar de residencia (ciudad y barrio), las calles por donde transitan y su escuela, como lugares inseguros. El hecho fue declarado en las encuestas que se llevaron a cabo con los estudiantes de licenciatura de la UNAM hace unos años (CES). Y es interesante señalar que los niveles de inseguridad percibidos son mayores entre los jóvenes del bachillerato (UNAM)que entre los de licenciatura. Entre los bachilleres el robo, asalto o agresión cobra mayor intensidad fuera del plantel, donde también existe (SIJ). Es evidente que la violencia en los campus, le toca resolverla a las autoridades educativas y políticas. La violencia e inseguridad son un asunto político de primer orden.

Me pregunto, finalmente, sí la estrategia política y financiera del gobierno tendrá el efecto suficiente para sacar adelante a las universidades públicas. Lo sensato sería formular un proyecto consensado de transformación educativa para las universidades públicas, a mediano plazo, que articule la docencia y la investigación, que favorezca e imbuya nuevos valores acordes a la ciencia y las tecnologías por venir, que abra perspectivas para que los mexicanos podamos tener un país con bienestar para todos.