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El Foro y la participación social, otra vez
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm. 833, pp. 4 [2020-01-16]
 

¿Cuál es el meollo en el largo conflicto entre Conacyt y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT)? En la superficie, el primero sostiene que, previa consulta con la Secretaría de la Función Pública en julio del año pasado, quedó claro que no está obligado a transferir recursos económicos a una asociación civil, como lo es el Foro. Independientemente de si está justificado o no, el asunto plantea un problema más amplio: la relación entre el gobierno, la participación social y las organizaciones de la sociedad civil.

El Foro es uno de los miles de organismos existentes en el ámbito científico, educativo y artístico, los cuales se suman a otros miles en diferentes campos, como el deporte, salud, ecología, política, discapacidad, género y muchos otros. Las actividades que desarrollan son múltiples y sus figuras jurídicas son muy variadas. Incluso, los mismos Centros Públicos de Investigación, entidades que reciben financiamiento de Conacyt, tienen la figura jurídica de asociación civil.

Las organizaciones son inveteradas, aunque apenas hace quince años, con la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, comenzó un registro más sistemático de su volumen, tanto como la regulación de sus derechos y obligaciones. La última reforma a esa ley tuvo lugar hace poco más de un año.

Entonces, si se busca un cambio en el tipo de relación y en las reglas de juego entre las organizaciones de la sociedad civil y las entidades gubernamentales, conviene discutir el marco normativo actualmente vigente, ajustar la posición de las partes y acordar nuevos lineamientos.

El mismo ejecutivo federal ha sostenido que no le gustan los organismos intermedios y prefiere la relación directa con los gobernados. Sin embargo, el problema no parece tan sencillo de resolver y tal parece que casi siempre emprendemos el camino inverso: ignoramos la norma existente, normalizamos las prácticas y luego buscamos plasmarlas en nuevos ordenamientos.

En el campo educativo, como si se viera llover, la nueva Ley General de Educación, la promulgada el pasado mes de septiembre, suprimió el capítulo VII de la norma anterior. Se trataba de un apartado sobre la participación social en educación, los lineamientos para regular la intervención de los padres de familia, la abigarrada edificación de los Consejos de Participación Social y el papel de los medios de comunicación. Todo un vuelco.

Por el contrario, en el campo científico la norma está vigente, pero la disputa entre el Foro Consultivo y el Conacyt comenzó discretamente desde el periodo de transición y abiertamente cuando inició el ejercicio de gobierno de la actual administración. Después, la confrontación se trasladó al terreno legal.

Al comienzo parecía que solamente se trataba de un estira y afloja para disminuirle los recursos financieros al Foro, como ocurrió en la mayor parte de entidades de la administración pública. No obstante, el conflicto entre las partes escaló rápidamente y las posiciones de ambos organismos se radicalizaron.

El Foro promovió un juicio de amparo para que Conacyt le entregara los recursos necesarios y en septiembre del año pasado, un juez le concedió la suspensión provisional para que sí obtuviera el financiamiento suficiente. Sin embargo, en el proceso legal, procedía un recurso de queja y faltaba la suspensión definitiva, así que continuó sin recibir los recursos.

El Foro argumenta que, conforme al artículo 38 de la vigente Ley de Ciencia y Tecnología, la autoridad debe dotarlo del financiamiento necesario para su operación. En efecto, el citado artículo precisa que Conacyt debe otorgar, “por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento” del Foro.

Ahora, en la resolución del pasado 6 de enero, un juez federal dictó sentencia a favor del Foro, reconoce su importancia como “órgano autónomo que ayude a que la voz de los especialistas, científicos e investigadores sea tomada en cuenta por el sector público” (Milenio Diario. 09.01.2020).

No obstante, la semana pasada la directora de Conacyt, Elena Álvarez Buylla, ante la pregunta sobre el fallo judicial favorable que obtuvo el Foro, respondió: "Es un tema legal, aún no concluye, por eso me gustaría guardarme los comentarios. Solo puedo decirles que estamos en un Estado de derecho y respetamos los recursos de la ley y lo que ésta determine" (Reforma. 11.01.2020: 16).

En efecto, el asunto legal no concluyó con la resolución del juez, todavía procede una revisión. Como todos los pleitos legales, siempre habrá recursos que interponer y prolongar el juicio. El problema más apremiante, sin embargo, será discutir las nuevas reglas de la participación social y las entidades gubernamentales.

Pie de página: Los programas sectoriales ya debieron publicarse, pero no aparecen; el plazo venció el pasado fin de semana. El lunes 13 de enero se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa para el ejercicio fiscal 2020, mucha atención.

En días pasados, un juez dictó sentencia a favor del Foro, organismo que promovió un juicio de amparo en septiembre para que el Conacyt le entregara los recursos necesarios.


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Last modification: April 29 2020 11:44:32.  

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